La Fiscalía Europea pregunta al Supremo por los contratos sospechosos por los que investiga a Santos Cerdán

La Fiscalía Europea quiere aclarar si las adjudicaciones sobre las que tiene la lupa el Tribunal Supremo en la causa en la que investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santo Cerdán y al exministro José Luis Ábalos fueron financiadas con fondos europeos, porque de ser así ella sería la encargada de las pesquisas. Para salir de dudas ha remitido un suplicatorio al alto tribunal en el que le exige "sin dilación" un informe sobre cuáles son las adjudicaciones bajo sospecha.

Las fiscales Laura Pellón y Olga Muñoz se remiten a la ley orgánica que recoge el funcionamiento de la Fiscalía Europea para que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente les informe sobre "el objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados". El objetivo es comprobar si detrás de alguno de ellos pudo existir un fraude de fondos europeos, cuya investigación correspondería al organismo de la UE, como ha ocurrido en otras causas, como la seguida contra la esposa del presidente del Gobierno, en relación con dos de los contratos adjudicados al empresario que recomendó, Juan Carlos Barrabés. También lo intentó, pero sin éxito con el propio caso Koldo.

En mayo del año pasado la Fiscalía Europea reclamó al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno las diligencias de las que partió la causa en el alto tribunal, al aparecer indicios contra Ábalos y ser este aforado, por lo que solo puede ser investigado por la Sala Segunda del Supremo. El intento de asumir las pesquisas, al que se opusieron la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones personadas, acabó siendo rechazado por el propio Supremo al que se dirigió el juez Moreno para que determinara a quién correspondía la competencia. El alto tribunal declaró que correspondía al Juzgado Central de Instrucción número 2 la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia, al no haber resultado afectados intereses europeos.

En su resolución explicaba que la investigación realizada hasta el momento apunta a "la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales, con o a través de la intervención y/o mediación de cargos públicos de tales administraciones, que se habrían enriquecido con su actuación, como lo habrían hecho los miembros de aquella organización. Unos y otros, presuntamente, habrían tratado de ocultar las ganancias obtenidas a través de diversas operaciones financieras también objeto de investigación".

Sin mejor posición

Añadía que la investigación se encontraba "en un estado avanzado y dada su evidente complejidad el cambio de competencia podría mermar su ritmo y eficacia", a la vez que decía no advertir que "la Fiscalía Europea esté en una mejor posición para asumir la investigación por contar con una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos que la Audiencia Nacional", extremo que causó un hondo malestar en el ministerio público europeo.

Para los magistrados solo se podría atribuir la competencia a la Fiscalía Europea si los delitos investigados en la Audiencia Nacional estuvieran indisociablemente vinculados con el delito que es de su competencia, algo que, según la Sala, no se producía en este caso, y que no parece que se haya producido en el año que ha transcurrido desde entonces hasta ahora, en que parte de la investigación la asumió el propio Supremo.

El juez Leopoldo Puente desglosó la semana pasada la investigación relativa a las mascarillas, al considerar que ya está tan avanzada, que su enjuiciamiento podría estar próximo, sin perjuicio de que continúen las pesquisas para poder seguir investigando la otra parte, la relativa a las adjudicaciones de obra. En esta pieza el magistrado consideraba "elocuente" el resultado de las grabaciones intervenidas al exasesor del exministro, Koldo García, a la hora de "considerar la existencia de un conjunto de adjudicaciones de obra pública, que podría haber tenido lugar indebidamente, a cambio de un precio indiciariamente abonado por las constructoras que así se favorecían".

"Esos pagos, también en términos indiciarios y por lo que respecta a las obras adjudicadas a la mercantil Acciona Construcción, actuando en UTE con empresas terceras habrían sido recibidos y distribuidos después, precisamente" por Santos Cerdán, que aparece como propietario del 45% de las acciones de la empresa Servinabar, según el contrato firmado entre él y Joseba Antxon Alonso Segurola, hallado en los registros y cuya validez niega la defensa.

El magistrado distingue entre las obras en cuya adjudicación presuntamente irregular habría participado Cerdán, como las de Logroño, Sevilla, San Feliú de Llobregat, El Mayor y Murcia, de otras de menor entidad en las que se habrían visto beneficiados el comisionista Víctor de Aldama o alguno de sus socios en las distintas actividades que desarrollaba.

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