El fiscal general acusa al "aparato institucional de la Comunidad de Madrid" de maniobrar para presentar a González Amador como "víctima" del Gobierno

La Abogacía General del Estado, que actúa en defensa del fiscal general en la causa que le ha sentado en el banquillo por un delito de revelación de secretos, apunta directamente a maniobras realizadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como origen de los hechos que terminaron siendo investigados contra él en el Tribunal Supremo.

En el escrito de defensa que fue presentado este miércoles ante el magistrado del Supremo Ángel Hurtado se señala expresamente que el inicio de todo este proceso contra él se encuentra en "una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa" de una noticia en la que se informaba de la denuncia presentada contra la pareja de la presidenta madrileña por fraude fiscal.

Se construyó, según añade el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "un relato alternativo en el que se presentaba a Alberto González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la AEAT y la Fiscalía, par desacreditar a la presidenta de la Comunidad".

Además, el escrito se centra en defender la inocencia de García Ortiz, incidiendo en que el "núcleo esencial" de la información relevante sobre el empresario pareja de Díaz Ayuso fue revelado tanto por el abogado de éste, que se lo comunicó a un Abogado del Estado, como por el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez.

También se justifica que las comunicaciones que García Ortiz mantuvo con varios fiscales de Madrid para recabar información sobre este asunto, y que se vertieron en una nota de prensa, respondieron al "legítimo ejercicio de sus competencias como fiscal general para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía" y sus miembros, "cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación".

Defensa de la inocencia

En el escrito también se defiende que los hechos atribuidos a García Ortiz "no constituyen ilícito penal alguno, no existiendo responsabilidad penal por parte del fiscal general" dado que "no ha existido hecho delictivo", por lo que se solicita su absolución y declarar en el juicio en último lugar, una vez se haya practicado el resto de prueba.

Entre los testigos a citar figuran, al igual que incluyó la Fiscalía en su escrito tanto el empresario que es pareja de Ayuso como su jefe de Gabinete, además de varios fiscales que participaron en la elaboración de la nota de prensa en la que se centra el procedimiento y periodistas. Impugna, sin embargo, las peticiones de testifical del ministro Óscar López y del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al no considerarlas pertinentes.

También se menciona la publicación el 13 de marzo del diario El Mundo de una "información tergiversada" que atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, y subraya las "graves acusaciones" contra la institución de Miguel Ángel Rodríguez, con una "versión manipulada de los hechos" que después apareció en varios medios.

Tuvieron acceso 600 personas

Incide, no obstante, en que no fue hasta esa publicación cuando supo de la existencia de correos y subraya que ese día al menos dos periodistas tuvieron acceso antes que él al polémico correo por el que será juzgado. Un correo al que, además, pudieron haber tenido acceso 600 personas, ya que la defensa de González Amador lo envió a una cuenta genérica de Fiscalía y a un abogado del Estado, rompiendo "cualquier supuesta confidencialidad".

En el foco del juez Ángel Hurtado, que fue quien propuso juzgarle, siempre estuvo la publicación la noche del 13 de marzo en la Cadena Ser del contenido de dicho correo, pero la Abogacía deja claro que no hay "ninguna conexión lógica necesaria" entre dicha información y el envío del correo al fiscal general.

Finalmente, el fiscal general justifica el borrado de su móvil "como hacía con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura" en atención a documentos oficiales sobre protección de datos; y la eliminación de su cuenta personal de Gmail al recibir mensajes "incómodos y en ocasiones hostiles" tras la filtración de un informe de la UCO con datos personales sin borrar.

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