El juez que investiga a Santos Cerdán abre una pieza separada para investigar las adjudicaciones de obra pública

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado dividir la investigación que sigue contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización Santos Cerdán. En la causa inicial, cuya instrucción destaca que está muy adelantada, por lo que su enjuiciamiento se presenta próximo, se mantendrá lo relativo a las presuntas irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas -extremo con el que se inició la causa en la Audiencia Nacional-, mientras que en la pieza separada que ahora se abre se incluye todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas, que, por el contrario, está en una fase incipiente.

El auto explica que en en la principal seguirán los imputados originales en el Supremo: Ábalos, su exasesor Koldo y el comisionista Víctor de Aldama. Y en la nueva ellos tres más Cerdán y los empresarios José Ruz (Levantina), Antonio Fernández Menéndez (OPR), Daniel Fernández Menéndez (OPR), Fernando Agustín Merino (que era el delegado de Acciona en Navarra) y Joseba Antxon Alonso Egurrola (Servinabar). Todos ellos imputados por la presunta adjudicación indebida de obra pública a cambio de precio, señala el auto, que diferencia los contratos bajo sospecha entre quién habría participado en su adjudicación. En las de mayor envergadura habría participado el expolítico navarro.

"Es necesario diferenciar entre aquellas que se promovieron, en beneficio de la mercantil Acciona Construcción, en UTE con otras de menor envergadura, bajo la indiciaria dirección y supervisión de Cerdán (y en las que nada habría tenido que ver, hasta donde en este momento permite conocer la investigación, Aldama); de aquellas otras, de menor entidad económica, que se promovían paralelamente bajo el control o impulso de Aldama, Ábalos y García (en las que nada habría tenido que ver Cerdán, hasta donde en este momento permite conocer la investigación)".

Causa inicial

El instructor desglosa esa parte del resto de la causa, en la que se seguirá investigando todos los hechos ajenos a la adjudicación de obra pública, como son los "consistentes indicios" que permiten considerar que "José Luis Ábalos, actuando en connivencia con su asesor Koldo García, y con Víctor de Almada, habría favorecido la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, sendos contratos para la adquisición de mascarillas en la pandemia del covid-19, obteniendo los dos primeros las correspondientes e indebidas prestaciones económicas y beneficiándose el último de la comisión correspondiente".

Ahí Koldo García, "con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro, habría desplegado su influencia para lograr que Aldama o las empresas cuyos intereses este favorecía, pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran de concretas actuaciones promovidas e impulsadas desde el propio ministerio", señala la resolución, que cita expresamente la nota redactada en Transportes en relación al rescate de Air Europa y las gestiones a favor de Villafuel.

“Así la publicación de la nota de prensa, avalando la próxima financiación pública de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de Villafuel para que sus representantes lograran reunirse con personas que pudieran facilitar la licencia de operador de hidrocarburos que perseguían; o las que determinaron la reunión que Aldama sostuvo con Carlos Moreno Medina, quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública", para "procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama”, afirma la resolución.

Puente indica también que en este primer grupo de hechos aparentemente delictivos se incluirían también “la arbitraria colocación en sendas empresas públicas (Ineco y Tragsatec) de, al menos, Jésica Rodríguez", expareja de Ábalos, y Claudia Montes, miss Asturias. La primera de ellas "vino percibiendo los correspondientes salarios sin desempeñar ocupación efectiva alguna”. En esta parte, los investigados son solo Ábalos, Koldo y Aldama.

El juez resume que ”el objeto de la presente causa especial ha llegado a un estado en el que (…) es posible identificar hasta dos grandes grupos de conductas eventualmente constitutivas de sendos ilícitos penales. Y estos grupos se definen por su relación o desconexión con el ámbito de las indebidas adjudicaciones de obra pública en el marco del Ministerio de Transportes durante el período de tiempo en el cual José Luis Ábalos ejerció como titular del mismo”.

Diferentes estados

El instructor razona que mientras se halla muy adelantada la instrucción de los hechos ajenos a la indebida adjudicación de obra pública, por el contrario, se encuentra en una fase “todavía muy incipiente” la investigación de los hechos incluidos en la pieza separada “siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente a los primeros y hallándose sensiblemente más lejana la conclusión de los segundos”, por lo que procede formar la pieza separada.

En la pieza recién nacida se incorporará el informe de la UCO de la Guardia Civil que condujo a la imputación de Cerdán, así como la declaración prestada por Aldama en diciembre, cuando empezó a colaborar con la justicia, y los documentos que aportó relativos a la relación de obras públicas. También se incorporará la declaración de Koldo García y la pericial caligráfica practicada que acreditó que las notas le pertenecían.

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