El PP pide la imputación del historico dirigente socialista Zarrías por sospechas de que su sociedad compensó a Leire por los servicios prestados a Cerdán

El Partido Popular, personado en la causa abierta por el juez Arturo Zamarriego contra la ex militante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan causas contra el PSOE, ha presentado un escrito solicitando la imputación del histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías y la entrada y registro de su sociedad, Zaño Sociedad Consultora. Sospechan que esta empresa, que contrató durante cinco meses a Díez -entre junio y octubre de 2014-- en realidad estaba compensando la labor de ésta realizaba para el partido y reportaba a su ex número 3, Santos Cerdán.

La acusación popular cree que existen indicios suficientes para investigar el lobby de Zarrías porque mientras la exmilitante "percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español (...)se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento".

El Partido Popular basa sus acusaciones en informaciones periodísticas para concluir que podría haber participado "activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas".

Basándose en las noticias publicadas sobre este asunto, el PP incide ante el juez en la "evidente coincidencia temporal" entre la contratación de Díez y sus supuestos trabajos para el PSOE. Asi, considera "útil, pertinente y necesario" para esclarecer los hechos que, además de la declaración de Zarrías, se recabe la vida laboral de Díez el contrato de trabajo y sus correos, así como la existencia de posibles correos entre la consulta y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El empresario de Levantina

Además, pide al juez que llame a declarar como testigo al empresario José Ruz, propietario de la empresa Levantina, que fue objeto de diversas adjudicaciones presuntamente irregulares que se están investigando por el Tribunal Supremo en el 'caso Koldo". Se de la circunstancia de que Ruz realizó un "supuesto pago de 36.000 euros" a esa consultora en 2022, "una transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación".

El juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, cuya declaración está prevista para el próximo 11 de noviembre, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

Este juzgado ha acumulado varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

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