La defensa de Santos Cerdán pide al CGPJ que investigue si el Supremo considera "insultante" su estrategia

Los abogados del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán han interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con una información de EL PERIÓDICO en la que se daba cuenta de que el Tribunal Supremo considera "insultante" la estrategia de defensa que desarrollan. Los letrados sostienen que informar del sentir del alto tribunal en relación con las alegaciones de uno de sus últimos escritos, en las que sitúan la imputación de su cliente en un "intento de influir la acción del Gobierno", vulnera su "derecho fundamental a la defensa y a un juicio justo".

El escrito firmado en Girona y en Madrid, para dejar constancia de que lo suscriben tanto Benet Salellas como Jacobo Teijelo, solicita "la apertura de unas diligencias informativas que aclaren la veracidad de los hechos relatados en la información publicada por EL PERIÓDICO [...], así como su autoría, para en su caso la adopción de las medidas pertinentes en términos gubernativos y disciplinarios".

Según ambos letrados, "en el cuerpo de dicha información no aparece identificado el autor de dichas expresiones pero el medio periodístico atribuye las mismas al Tribunal Supremo y a fuentes del alto tribunal con lo que se infiere por cualquier lector que el autor de las mismas forma parte de dicho tribunal, esto es que las opiniones contrarias a la estrategia de defensa son realizadas" por uno de sus magistrados.

Añaden que "no existe un campo de opinión de los magistrados de este tribunal en relación a las estrategias de las defensas comparecidas en los procedimientos que se encuentran pendientes" ante su Sala Segunda, como es el caso del propio Cerdán, en prisión desde el pasado 30 de junio por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El juez que instruye la causa en el alto tribunal, Leopoldo Puente, ha rechazado su última petición de quedar en libertad en un auto en el que defiende los audios intervenidos a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y descarta que se trate de un "agente provocador", papel que le ha atribuido la defensa del exdiputado socialista con insistencia en sus escritos.

Los letrados, que descartan modificar su estrategia de defensa, al menos de momento, sostienen que "precisamente porque son opiniones del más alto tribunal de la jurisdicción, su emisión interfiere de forma clara en la actuación de los operadores jurídicos y concretamente de los abogados" y "esta interferencia deviene todavía más peligrosa cuando la opinión es de crítica abierta y, por lo tanto, en abstracto, deviene idónea para modificar la conducta procesal de las partes".

Revés en el TC

Este mismo lunes se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha rechazado sin siquiera admitir a trámite el recurso de amparo que el exdiputado interpuso en julio para tratar de lograr su puesta en libertad. La Sección Segunda del Constitucional, por unanimidad, ha rechazado el amparo promovido contra los autos que acordaron y confirmaron la prisión provisional del expolítico navarro, "al no revestir la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente y exigida por la ley".

La corte de garantías justifica el rechazo del intento de que corrigiera al Supremo en que ya cuenta con doctrina constitucional sobre la necesidad de motivar la concurrencia de los fines constitucionalmente legítimos para justificar una prisión provisional, así como sobre la prohibición de utilizar esta medida con fines coactivos, práctica de la que Cerdán se considera víctima.

La otra causa de rechazo es que todavía no se ha agotado la vía judicial previa para acudir en amparo, puesto que el procedimiento seguido en su contra continúa en instrucción, en una fase inicial, en la que se está trabajando en un informe sobre su patrimonio. Cerdán está considerado el jefe de la presunta trama de corrupción desarticulada en el caso Koldo. A él se le atribuyen el cobro y reparto de las comisiones ilegales presuntamente obtenidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

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