Adif investigó las comunicaciones de los empleados vinculados con las adjudicaciones del caso Koldo

La dirección de Adif requirió a finales del pasado mes de junio su "colaboración" con la investigación que realiza el Tribunal Supremo sobre el caso Koldo a los empleados de esta empresa pública que pudieron intervenir en la gestión de cinco obras concretas, que son las que se encuentran bajo sospecha de haber sido objeto de adjudicación irregular por parte de la trama que investiga al exministro José Luis Ábalos y mantiene en prisión al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán.

Se les pidió revisar sus comunicaciones en las fechas de tramitación de dichos expedientes y el resultado obtenido ha sido entregado al magistrado instructor de esta causa, Leopoldo Puente. Así consta en un escrito con fecha del pasado 10 de julio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que fue remitido al alto tribunal por Irene Bonet en condición de Secretaria General de la entidad pública.

La cinco obras de Adif afectadas por estas las órdenes del juez Puente son la del ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) -que se licitó por un importe inicial de 51.7 millones de euros, ampliándose hasta los 62.026 millones; el soterramiento de la red ferroviaria en Murcia (158,8 millones); la construcción del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería (tramo: Pulpí-Vera, por 121.1millones); obras en puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo y obras de emergencia en los taludes de la línea entre la estación de Gijón y Pravia, en Asturias, por 592 millones de euros. Todas ellas adjudicadas bajo la presidencia de Isabel Pardo de Vera.

En respuesta a los requerimientos del instructor, Bonet da cuenta de que se ha recabado la totalidad de la documentación que integra los expedientes de contratación "de manera completa y ordenada", así como unos listados por cada expediente "con las personas que han participado, como firmantes de documentos o miembros de mesas de contratación u órganos de valoración, en la fase de licitación de los contratos" citados en el mandamiento judicial.

De entre las personas incluidas en el listado anterior, la dirección de Adif ha distinguido las personas que actualmente continúan prestando servicios en esta entidad pública o en Adif Alta Velocidad, de aquellas que ya no figuran en plantilla por jubilación, fallecimiento o cambio de destino profesional, etc..

Requerimiento a los empleados

Así, y respecto a las personas que actualmente son trabajadores, el pasado 25 de junio se les remitió un correo electrónico solicitando su "colaboración" con el mandamiento judicial, pues en él el juez Puente especificaba que debían incluirse las "órdenes, comunicaciones, contestaciones, efectuadas por cualquier medio entre los distintos intervinientes".

"Teniendo en cuenta tu participación en alguna fase del expediente XXXX, te solicitamos que revises las comunicaciones que pudiste mantener en su momento y, en caso de contar con información, correos, documentos, observaciones o comentarios de cualquier naturaleza, nos lo remitas por correo electrónico a la siguiente dirección", rezaba el citado correo.

La orden debió suscitar dudas entre los trabajadores afectados, ya que fue necesario un correo aclaratorio de la petición inicial donde se les indicaba que las comunicaciones que se se les solicitaba debían limitarse a "la fase de licitación y adjudicación de las obras de Adif/ Adif AV citadas en la resolución" y que, en el caso de existir cadenas de correos, bastaría "con reenviar el último mensaje del hilo, siempre que en él se conserve el historial completo de la conversación".

Como consecuencia de esta petición, los correos recibidos por la dirección de Adif se fueron o agrupando en una carpeta denominada Mandamiento Judicial Causa Especial que cuenta con cinco subcarpetas correspondientes a cada expediente, "y en cada una de ellas, a su vez, se han ido creando subcarpetas con el nombre del emisor del correo", concreta Bonet al juez del Supremo. También se han entregado a Puente "los correos de las personas indicando que no disponían de comunicaciones o que no habían participado en la licitación de los expedientes por los que se les había preguntado".

Concluye advirtiendo al Supremo que "toda esta documentación es estrictamente confidencial tanto por la naturaleza de los procedimientos administrativos a los que se refiere, como por la posible presencia de información protegida", ya que en algunos documentos se incorporan "comunicaciones internas amparadas por el derecho al secreto de las comunicaciones".

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