El fiscal general autoriza una investigación por la violación del derecho internacional en Gaza

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha firmado un decreto en el que autoriza la apertura, a instancias de la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, de unas diligencias de investigación por la violación reiterada del derecho internacional en la franja de Gaza. La investigación será realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La propia exministra de Justicia ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser las implicaciones de este acuerdo, reconociendo que en España nunca se podrá acusar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero sí se pueden recabar indicios para aportar a la investigación abierta en el Tribunal Penal Internacional. El modelo de investigación es similar al que ya abrió la Fiscalía, cuando al frente se encontraba la propia Delgado, por los crímenes de Guerra de Rusia en la invasión de Ucrania.

Texto del Decreto

En el texto del decreto, con fecha de este miércoles y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se señala que en este caso concurren los presupuestos legales para autorizar a la fiscal responsable de Derechos Humanos a "instruir las oportunas diligencias de investigación preprocesal (...) permitiéndole asumir la competencia para su despacho, atendida su especial trascendencia, gravedad de los hechos y número de víctimas producidas hasta el momento".

Dicha decisión, continúa el documento, viene justificada porque los hechos acaecidos supondrían "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, resultando de especial singularidad y complejidad una efectiva investigación que, además, presenta derivaciones internacionales".

El equipo que llevará a cabo este encargo de García Ortiz estará formado, según ha informado la Fiscalía, por los fiscales jefes en la Audiencia Nacional (Jesús Alonso) Derechos Humanos y Memoria Democrática (Dolores Delgado), y de que serán los investigadores en las diligencias en colaboración con el fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo.

Informe Operación ELIAT

La petición se realizó tras analizar Delgado un informe que le fue remitido por Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio. El informe cuyo contenido tiene carácter "reservado", según señalan fuentes fiscales a esa redacción, se refiere a las acciones del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional, investigación desarrollada en el marco de la "Operación ELIAT".

Dicho informe contiene el testimonio de "testigos protegidos" y en él que también se aportan "importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno", continúa el decreto del fiscal general, que agrega que "serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal" español.

La investigación se impulsa, según se explica en el decreto, por la obligación de cooperar que tiene nuestro país, de acuerdo con las leyes y tratados internacionales suscritos, con los dos procedimientos seguidos actualmente con respecto a lo que ocurre en la franja tanto por parte de la Corte Internacional de Justicia --a resultas de la demanda presentada por Suráfrica-- como por la Fiscalía ante dicha corte. También se actúa de acuerdo con la recomendación recogida en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado.

De hecho, se recuerda que la corte internacional --que en noviembre pasado emitió una orden de arresto internacional contra Netanyahu-- ha impuesto medidas cautelares que suponen obligaciones al Estado Israel,l como las de prevenir que se cometan actos que puedan provocar la muerte de gazatíes, que les causen serios daños físicos o morales, que les impongan condiciones de vida dirigidas a la destrucción, total o parcial, del grupo o que tiendan a evitar nacimientos en dicho grupo, así como evitar con efecto inmediato que las fuerzas armadas cometan dichos actos. La Fiscalía española ve especialmente relevante la obligación de adoptar las resoluciones necesarias para evitar la destrucción y preservar las pruebas de los actos de genocidio.

A ello se añade que desde marzo de 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal sobre los crímenes que podrían haberse cometido en el territorio del Estado de Palestina bajo la denominada «situación del Estado de Palestina». Esta investigación se extiende actualmente a los gravísimos hechos que se están produciendo en la franja.

"Nuestro país ha asumido la obligación de prestar la debida colaboración y canalizar la asistencia que se precise de los órganos competentes para la investigación de las conductas que se están produciendo, lo que legitima la apertura de diligencias de investigación", explica el decreto del fiscal general al respecto. Así, "a la vista de la situación actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior".

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