González Amador pide al Supremo que incremente hasta los 300.000 euros la fianza al fiscal general por dañar su reputación

Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado --procesado por un delito de revelación de secretos que perjudicó al empresario en la causa que tiene abierta por delito fiscal-- pero únicamente en lo relativo a la fianza de 150.000 euros que fijó el instructor Ángel Hurtado para que el máximo responsable de los fiscales españoles pueda hacer frente a las responsabilidades civiles en caso de ser condenado. Insiste que el daño reputacional sufrido debe compensarse con el doble, un total de 300.000 euros.

La defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso considera que los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su "entorno familiar directo" --el hecho de que tanto políticos como periodistas se hayan referido a él de forma reiterada como defraudador confeso-- "se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros", reza el escrito al que ha tenido acceso esta redacción.

La pareja de Díaz Ayuso alega que "no ha existido día desde el 14 de marzo de 2024", cuando la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, "en que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador 'delincuente confeso' o 'defraudador confeso'". Además de los ejemplos que incluyó en su escrito de acusación, añade ahora manifestaciones tanto de Bolaños como del ministro Óscar López y de los representantes en la oposición de la Asamblea de Madrid.

Consecuencia del delito

Considera que lo ocurrido es "consecuencia directa de los hechos delictivos protagonizados por Álvaro García Ortiz" y de su voluntad de generar "un relato político transformando en delictiva la función constitucional del fiscal general del Estado" a costa de los derechos fundamentales y legales de Alberto González Amador".

La defensa agrega que "jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado".

Agrega por todo ello que, "siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen", la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros, por lo que se solicita la reforma del auto recurrido en la cuantía fijada en concepto de fianza.

Insisten en la suspensión

Por otra parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha apelado directamente ante la Sala de lo Penal del alto tribunal la decisión de Hurtado de no suspender a García Ortiz sus funciones por entender que dicha decisión no le corresponde, al ser de carácter administrativo y existir un vacío legal.

En su escrito, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, la asociación de fiscales señala que no suspender del cargo al fiscal general generaría "un agravio comparativo" con respecto a otros fiscales en su misma situación. Agrega que más allá de esta diferencia el hecho de no decretar la suspensión provisional de García Ortiz provocaría "otras tantas situaciones anómalas", como participar en los tribunales que evalúan las pruebas de ingreso en las carreras judicial y fiscal, recibir un "trato protocolario superior" al de los magistrados del Supremo o acceder al tribunal de casación "por la puerta noble".

Además, la asociación ha reiterado que suspender a García Ortiz del cargo es "imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso". En este punto, recuerda que si continuara como fiscal general durante el juicio él sería "el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

La asociación también ha indicado que discrepa del argumento de Hurtado de que la suspensión cautelar de García Ortiz es de naturaleza administrativa y corresponda imponerla --aunque existe un vacío legal que en principio, lo impide-- a la Inspección Fiscal.

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