El partido ecologista de Sumar plantea sus propias exigencias para el pacto de Estado contra el cambio climático

El pacto de estado por el cambio climático anunciado por Pedro Sánchez tras la oleada de incendios ha causado frialdad entre los socios de Gobierno. También en Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha despertado recelos, con exigencias de partidos como Compromís o los Comuns para paralizar los proyectos de ampliación de el Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat. El último en lanzar una advertencia al Ejecutivo ha sido Verdes Equo, el partido ecologista de referencia en la coalición de Yolanda Díaz, que ha pedido incluir en la propuesta una batería de medidas.

La co-coordinadora del partido, Mar González, ha comparecido frente al Congreso de los Diputados celebrado la puesta en marcha de un acuerdo de este tipo, pero advirtiendo de la necesidad de ir más allá de las propuestas hasta ahora planteadas por el ala socialsita del Gobierno.

"Las medidas están, solo hace falta voluntad política", defendió la dirigente de Verdes Equo, que a día de hoy no tiene diputados en el Congreso. La propia González, en coordinación con Sumar, ya ha trasladado sus propuestas al PSOE y, la formación pedirá también una reunión a la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona.

González ha reclamado que el plan no recaiga únicamente sobre el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen, sino que ha reclamado que el pacto de estado "sea coherente con el resto del Gobierno", recorando que "hay ministros favoreciendo agricultura intensiva y ampliando puertos y aeropuertos, los medios de transporte más contaminantes", defendió, en referencia al ministro de Agricultura, Luis Planas, y el de Transporte, Óscar Puente. La dirigente reclamó recuperar líneas de tren suprimidas por la covid que nunca se recuperaron y la prohibición de vuelos cortos nacionales que pueden sustituirse por trayectos ferroviarios.

También acudió Alejandro Sánchez, diputado del partido ecologista en la Asamblea de Madrid, que cuestionó el plan anunciado por el Gobierno. "El pacto de estado peca de ser extremadamente simple en su planteamiento. Es una cosa muy enfocada a poner solución a unas emergencias sucedidas e los últimos meses, propone pactos para lucha contra incendios, pero debe ser mucho más ambicioso y mucho más contundente", sentenció.

Las 25 medidas

Entre las 25 medidas que reclama Verdes Equo hay un plan de desurbanización de zonas inundables, con el realojo y la prohibición de nueva construcción en estos lugares, con el objetivo de evitar nuevas catástrofes como la vivida en la Comunidad Valenciana durante la DANA.

También reclaman entre otras la prohibición de publicitarse a las empresas altamente contaminantes , la creación de una Ley de Soberanía Alimentaria, que priorice la agricultura ecológica y extensiva, o la reforma de la PAC para redirigir las ayudas hacia "prácticas agroecológicas, el cuidado forestal" y reducir las ayudas a la agricultura y ganadería intensivas.

Reclaman también la creación de un plan de repoblamiento rural, para revitalizar las zonas despobladas, y una "renta básica de transición justa", una ayuda dirigida a personas, comunidades y zonas más afectadas por la reconversión de sectores contaminantes.

1. Blindar y reforzar los servicios públicos esenciales de emergencia, como los de extinción de incendios, asegurando ratios recomendados por la UE y prohibiendo su privatización o recorte.
2. Protocolos de atención urgente y cooperación institucional para catástrofes, incluyendo activación automática y protección de colectivos vulnerables.
3. Impulsar espacios participativos y democráticos como Asambleas Ciudadanas por el Clima, donde participen todos los sectores sociales.
4. Plan de desurbanización en zonas inundables, con prohibición de nueva construcción y realojo de edificaciones existentes.
5. Restauración ecológica de ecosistemas fluviales y humedales, y recuperación de sistemas tradicionales como las acequias.
6. Creación de corredores verdes y barreras naturales frente a crecidas e inundaciones fluviales.
7. Ley de Gestión Forestal Sostenible, que promueva bosques mixtos con especies autóctonas y cuidados agroforestales tradicionales.
8. Nuevo Plan Hidrológico Nacional y gestión eficiente del agua, con criterios científicos actualizados y fomento del reciclaje de aguas residuales urbanas.
9. Ley de Economía de Proximidad y Transición Ecológica, que articule la cooperación rural-urbana, la compra pública verde y los incentivos fiscales a la producción local baja en carbono.
10. Fin de los vuelos de corto recorrido, promoviendo alternativas sostenibles como el tren.
11. Plan estratégico ferroviario, para recuperar líneas de media y larga distancia y potenciar el transporte ferroviario de mercancías.
12. Impuesto a grandes fortunas y activos no productivos, orientado a financiar la transición ecológica.
13. Prohibición de la publicidad de empresas altamente contaminantes, como medida cultural y regulatoria.
14. Fomento y expansión de comunidades energéticas locales, con participación ciudadana y propiedad compartida.
15. Moratoria a macroproyectos eólicos y fotovoltaicos sin evaluación ambiental, priorizando iniciativas descentralizadas y con consenso social.
16. Revisión y refuerzo del Plan de Rehabilitación de Vivienda, asegurando su alineación con criterios de eficiencia energética y equidad social.
17. Ley contra la obsolescencia programada, para garantizar la durabilidad y reparabilidad de los productos.
18. Ley de Soberanía Alimentaria, que priorice la agricultura ecológica, extensiva y de kilómetro 0.
19. Reforma de la PAC, redirigiendo ayudas hacia prácticas agroecológicas, el cuidado forestal y reduciendo subvenciones a la agricultura y ganadería intensivas.
20. Moratoria a nuevas instalaciones de ganadería industrial intensiva, por su impacto ambiental y territorial.
21. Fondo de Transición Justa, que apoye la formación, el empleo verde, los territorios afectados y la economía local sostenible.
22. Renta Básica de Transición Ecológica, dirigida a personas, comunidades y zonas más afectadas por la reconversión de sectores contaminantes.
23. Plan de repoblamiento rural, con incentivos para revitalizar pueblos, servicios y actividades sostenibles.
24. Evaluación obligatoria de impacto climático y de biodiversidad, para proyectos con riesgo ambiental relevante.
25. Reforma de la Ley de Cambio Climático, para alinearla con los objetivos científicos del IPCC y reforzar su ambición y aplicación.