Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del 22 de diciembre de 2011 al 7 de junio de 2018 bajo la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y del 28 de abril de 2000 al 17 de abril de 2004 con José María Aznar, ha sido imputado junto a los que fueron miembros de su equipo ministerial por integrar una organización que, desde el despacho Equipo Económico, que él mismo fundó, amañaba leyes para favorecer a empresas gasísticas "a cambio de precio".
Se le imputan hasta siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El 6 de noviembre de 2017, en el seno de una investigación por un delito contra la ordenación del territorio, se llevó a cabo un registro en la empresa Messer Ibérica de Gases SA, situada en Vila-seca (Tarragona). Durante esas pesquisas fueron incautados una serie de mensajes que dieron pie a la Fiscalía Anticorrupción a sospechar sobre la posible existencia de una trama, "cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Para ello, contrataron los servicios de la mercantil Equipo Económico (EE)".
¿Y quiénes eran Equipo Económico?
Equipo Económico es una consultora financiera fundada por Cristóbal Montoro en 2006, quien recalca que se desvinculó de ese despacho en el año 2008. Comenzó a funcionar bajo la denominacion Montoro Asociados y desde el año 2016 cambió su nombre a Global Afteli (GA).
A raíz de los correos electrónicos incautados al inicio del procedimiento contra la empresa Messer Ibérica de Gases, el 2 de agosto de 2018 el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, decidió investigar en una nueva pieza secreta si los miembros del despacho Equipo Económico (EE) usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”. Siete años más tarde (julio 2025), el juez ha notificado a Montoro, a otras 28 personas -muchas de ellas exaltos cargos en Hacienda-, a Equipo Económico y a cinco empresas del sector de los gases industriales su imputación por hasta siete delitos.
Cristóbal Montoro
Ministro de Hacienda del 22 de diciembre de 2011 al 7 de junio de 2018 y del 28 de abril de 2000 al 17 de abril de 2004.
Miguel Ferré Navarrete
Secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016.
Pilar Platero
Subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016.
Felipe Martínez Rico
Exjefe de Gabinete de Cristóbal Montoro y exsubsecretario de Hacienda y Función Pública.
Diego Martín-Abril
Director general de Tributos entre 2012 y 2016.
José Alberto García Valera
Director general de Tributos entre 2016 y 2018.
José María Buenaventura
Exdirector de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda.
Óscar del Amo
Exsubdirector General de Tributos Locales.
Santiago Menéndez
Asesor del gabinete del ministro Montoro entre 2013 y 2015.
Equipo Económico
También han sido imputados los socios y administradores de derecho de Equipo Económico Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, Salvador Mariano Gallud y Francisco Piedras Camacho, así como Covadonga Gómez Garrida, trabajadora del departamento de administración de la empresa.
Empresas gasísticas
El magistrado también imputa a las empresas Air Liquide, Abello Linde, Messer Ibérica, Praxair España (Nipon Gases) y Carburos Metálicos.
El caso Bárcenas
Entre los 'e-mails' que tiene en su poder el juez de Tarragona se encuentran algunos que revelan un intercambio de documentación del caso Bárcenas entre la cúpula del Ministerio de Hacienda que dirigía Montoro y el PP. "Lo tenía el partido y no los ha facilitado", decía uno de ellos. Otro mensaje evidencian que Hacienda maniobró para evitar la imputación del PP en el 'caso Bárcenas'.
La familia Pujol
Los correos electrónicos intervenidos durante la investigación también evidencian que Montoro recibía periódicamente "información reservada" sobre el frente judicial de la familia Jordi Pujol. Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del entonces ministro, era una de las personas de confianza que le iba enviando 'e-mails' sobre cómo avanzaba la situación del expresident y sus allegados.
Rodrigo Rato
El extitular de Hacienda también recabó información fiscal de compañeros (que no amigos) del Partido Popular. Entre ellos se encontraba el exministro de Economía Rodrigo Rato, quien se basó en esas maniobras de su correligionario para alegar ante el Tribunal Supremo que la causa judicial que se abrió sobre su patrimonio "no tenía un fundamento jurídico, sino político".
Esperanza Aguirre
El fundador de Equipo Económico también obtuvo datos fiscales de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Al conocerlo, la exdirigente popular reaccionó reclamando al juez que aclarara cómo esa información se acabó filtrando justo tres días antes de las elecciones municipales de 2015 y mirara si la Agencia Tributaria actuó de forma irregular.
Juan Carlos Monedero
Martínez Rico envió el 10 de febrero de 2015 al ministro un 'e-mail' en el que incluía información fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. "Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar", decía. Y añadía en otro punto: "Hay algún tipo de fraude no declarado". El partido denunció una clara "persecución política".
... Y una larga lista de nombres conocidos
La lista de nombres de los que Montoro obtuvo información no se queda únicamente en la vertiente política. En ese flanco también hay otros rostros conocidos como el del matrimonio Aznar, el del fallecido Josep Piqué o el del también exministro Federico Trillo, pero en la investigación se descubrieron además correos electrónicos que se referían a personajes del mundo del deporte como Rafa Nadal, Neymar y Javier Tebas, a representantes del mundo cultural como Carmen Thyssen e incluso a la jueza del caso ERE Mercedes Alaya y el comisario José Manuel Villarejo.
Cisma en la Fiscalía incluido
La instrucción del caso no ha resultado nada fácil e incluso ha deparado varios choques fiscal al frente de las pesquisas, Carmen García Cerdá, recurrió al artículo 27 del Estatuto Fiscal --un procedimiento previsto en la norma, pero muy poco habitual-- para mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas de su jefe, el responsable de Anticorrupción Alejandro Luzón, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con estos correos que afectaban a personalidades públicas.
En la junta de fiscales Anticorrupción a la que se sometió el asunto, Alejandro Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que solo cuatro apostaron por García Cerdá. Como se saltó este veto, realizando alguna consulta a los investigadores, la fiscal fue sancionada con 1.000 euros por desobediencia que ha sido confirmada recientemente por el Tribunal Supremo.
Las reacciones políticas
La reacción de Cristóbal Montoro al conocerse su imputación fue alegar que no había datos probatorios en su contra y que todo era una estrategia del PSOE por sus "verdaderos escándalos de corrupción". Además, se dio de baja como militante del PP, una maniobra que no frenó las críticas de otros partidos. "Un ministro más del PP en los tribunales", cargaron los socialistas. El PP, por su parte, negó cualquier "comparación" con el escándalo de Santos Cerdán y José Luis Ábalos que hicieron el PSOE y el Gobierno y negó que el exministro tenga alguna "vinculación laboral" con los populares.
Una exclusiva tras otra en EL PERIÓDICO
EL PERIÓDICO ha ido publicando exclusivas sobre el ‘caso Montoro’ desde octubre de 2023. Este diario ya informó hace meses de la investigación judicial que ha llevado al exministro a la imputación y por la que se ha dado de baja en el Partido Popular. Las que siguen son solo algunas de las noticias que fue destapando este diario.
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