La 'ley Mordaza' cumple 10 años ante la incapacidad del Gobierno y los socios de pactar su reforma

"Pequeños avances". De esta manera definen fuentes parlamentarias la reunión que mantuvieron el pasado miércoles los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, con sus aliados en el Congreso para reactivar la reforma de la 'ley Mordaza'. El encuentro se produjo tras meses de bloqueo y con el ánimo de demostrar que, pese a las dudas sobre el futuro de la legislatura y antes de que la Ley de Seguridad Ciudadana cumpla el próximo martes 10 años aplicándose, la derogación de sus aspectos más lesivos sigue siendo una prioridad para el bloque de la investidura.

La norma, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, llevará en vigor este martes una década. Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, hasta finales de 2023, último año del que se disponen de datos, la aplicación de la 'ley Mordaza' ha supuesto la imposición de 2.155.990 multas, por un importe total que se acerca a los 1.300 millones de euros.

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Todo ello cuando el PSOE y sus socios llevan años haciendo bandera de la necesidad de reformar por completo el texto legislativo. Los socialistas, en su programa electoral de 2016, hablaban de "eliminar" la norma; Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en diciembre de 2019, firmaron un acuerdo de coalición que recogía la promesa de aprobar una nueva ley que sustituyera a la de Rajoy "a la mayor brevedad" posible; y Sánchez volvió a rubricar un pacto con Yolanda Díaz en 2023 que incluía el compromiso de "reformar y derogar" los aspectos más lesivos del texto. Nada de esto ha ocurrido y la 'ley Mordaza' lleva siete años y un mes en vigor bajo un Gobierno progresista.

El choque perpetuo

Del primero al último de los socios del Gobierno -ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG- incluyeron en su último programa electoral la reforma o derogación de esta norma. Sin embargo, aunar a los 177 diputados que suman en conjunto, no está resultando sencillo. En marzo de 2023 se llegó a un acuerdo que modificaba el grueso de la ley, con cambios en una veintena de artículos. Sin embargo, ERC y EH Bildu tumbaron aquella iniciativa ante la incapacidad de cerrar acuerdos en cuatro asuntos clave: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y, por último, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.

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El 'no' de los republicanos catalanes y de los abertzales generó malestar en otros socios, que criticaron que se perdieran muchos avances por mantener una posición negociadora de máximas. Durante meses, las conversaciones se mantuvieron de manera discreta y, en octubre del año pasado, el Gobierno cerró un pacto con ambas formaciones que respondía a sus exigencias: la retirada "progresiva" de las pelotas de goma, una modificación legal para acabar con las devoluciones en caliente en frontera en un plazo de seis meses y rebajar las condenas por faltas de respeto y desobediencia a la autoridad.

Lo que parecía que daba vía libre a la reforma de la 'ley Mordaza' acabó derivando en un nuevo bloqueo. El texto, con estos cambio ya introducidos, recibió 200 nuevas enmiendas, de las cuales más de 100 pertenecen a los socios del Gobierno. El PNV no comparte que las sanciones por faltas de respeto a la autoridad no tengan efecto si existe una disculpa del sancionado o que la infracción por desobediencia a la autoridad pase de grave a leve. Podemos, todo lo contrario, ven los cambios "poco ambiciosos" y, junto a Junts y BNG piden la "prohibición expresa" de las pelotas de goma.

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Un último intento

A la vista de esta incapacidad para alcanzar un acuerdo, la norma llevaba olvidada en un cajón desde diciembre. Sin embargo, esta semana, a seis días del décimo aniversario de su aplicación, los grupos volvieron a reunirse. Fuentes parlamentarias presenten en esa cita aseguran que hubo "pequeños avances" que invitan al "optimismo". Otras voces rebajan ese entusiasmo y señalan que fue solo una toma de contacto. Aun así, la mayoría de los partidos coinciden en tratar de salvar las reformas que llegaron a cerrar en 2023.

Entre estas modificaciones estaba la reducción del tiempo de identificación en comisaría de seis a dos horas; el refuerzo de los criterios objetivos para realizar registros corporales; garantizar el derecho a manifestación sin comunicación previa siempre que fuera pacífica; rebajar las sanciones por consumo de cannabis u otras sustancias; eliminar las sanciones por la toma o difusión de imágenes de las actuaciones de los agentes; e, incluso, establecer una reducción de la cuantía de las multas en función de la capacidad económica.

Está por ver si este nuevo impulso negociador es el definitivo o si habrá que celebrar un aniversario más con la 'ley Mordaza' tal y como la redacto el Gobierno de Rajoy.

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