Jueces y fiscales mantienen que pueden hacer huelga y fijan los servicios mínimos que eludió establecer el CGPJ

Las cinco asociaciones de jueces y fiscales --todas menos las progresistas-- que han convocado la concentración de este sábado ante el Tribunal Supremo y huelga los tres primeros días de julio, en protesta por las reformas del Gobierno que afectan al acceso a ambas carreras, mantienen que los paros constituyen "una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales".

Así reaccionan tras conocer que este jueves el Pleno del Consejo General del Poder Judicial hacía oídos sordos a los paros y avisaba de que no es competente para fijar los servicios mínimos, argumentando el derecho a la huelga de este colectivo carece de base normativa.

El órgano de gobierno de los jueces, que descarta además imponer sanciones disciplinarias a quienes participen en la protesta, respondía de este modo a un requerimiento realizado desde el Ministerio de Justicia, que exigía un posicionamiento de cara a poder restar a los huelguistas la parte correspondiente de la nómina por ausencia injustificada a sus puestos de trabajo.

El fiscal general advierte

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido una misiva este viernes a todos los fiscales jefe en la que les recuerda, en línea con el Consejo del Poder Judicial, que esta institución carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos respecto de la actividad de los y las fiscales en los referidos días.

Seguidamente,  les recuerda que "habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos y aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó".  Agrega además que las jefaturas deberán remitir por correo electrónico las incidencias que se hayan producido, en su caso, en relación con la prestación de los servicios competencia del Ministerio Fiscal en las fechas de la huelga.

La Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales mantienen, sin embargo, que el derecho de huelga es un derecho fundamental que se ejerce de manera individual y no cabe interpretación restrictiva. "La ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión", aducen en un comunicado remitido este viernes.

El CGPJ acuerda por unanimidad que la huelga de jueces carece de base legal

Además, frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, las asociaciones recuerdan que "el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional", es decir, asumen que Justicia detraerá parte de su salario. Por otra parte, el Comité de Huelga ha establecido los servicios mínimos, tal y como establece la ley cuando el empleador (en este caso el Consejo del Poder Judicial y a Fiscalía General del Estado) no los fija. Estos servicios respetan los criterios que ayer, pese a rechazar fijarlos, fueron definidos por el propio Consejo.

A ello suman que "se trata de un derecho de titularidad individual, que cada persona puede ejercer de manera autónoma y sin necesidad de autorización o comunicación previa", por lo que recalcan que "no existe obligación legal de comunicar por adelantado la decisión de ejercer el derecho de huelga". En este contexto, advierten de que "cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave".

A la concentración de este sábado, abierta a la ciudadanía, se suman incluso organizaciones como Iustitia Europa, que viene ejerciendo la acusación popular en casos de gran trascendencia mediática como es el que investiga la trama Koldo o las causas contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. También ha anunciado su presencia el coordinador Nacional Jurídico de Vox, Jorge Buxadé.

Motivos de la protesta

Las asociaciones convocantes señalan que reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales" y que se "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración". Discrepan también de los planes del Ejecutivo para regularizar a los jueces sustitutos y ampliar el número de los juristas que acceden por el denominado cuarto turno.

Pese a las protestas de jueces y fiscales, el Gobierno asegura que seguirá adelante con la tramitación parlamentaria de las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal y de la propia Fiscalía. El ministro señaló que "hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia" y ha confiado en que "mañana será un consenso" porque "la ley amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial". Con todo, expuso su "máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos".

El bloque progresista, contra la huelga

Durante el Pleno extraordinario de este jueves, todos los vocales del bloque progresista del Consejo del Poder Judicial --a excepción de Carlos Preciado-- defendieron un escrito en el que planteaban que "no es admisible" que el Poder Judicial, otorgado a título individual a jueces y magistrados, se posicione como garante de la defensa del Estado de Derecho y reclame, "sin apoyo orgánico alguno, la retirada de dos procesos legislativos en tramitación".

Los nueve vocales, designados a propuesta del PSOE, insistieron en que los jueces deben respetar el proceso legislativo de la reforma impulsa por el Gobierno estén o no de acuerdo con su contenido, "sin que sea factible" que "promuevan un movimiento de protesta que ha desbordado ampliamente los límites establecidos en su estatuto". En este sentido, trataron de sacar adelante, sin éxito, una proposición para que el Consejo mostrara de forma contundente que no podía ni "mostrar su respeto por la movilización convocada, ni mucho menos su solidaridad o simpatía por esa llamada al enfrentamiento". Y reiteran que "los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga".

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