Feijóo desdeña la sentencia: "La amnistía es ilegal, diga lo que diga el Constitucional"

Alberto Núñez Feijóo no otorga ningún valor al aval definitivo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía del ‘procés’ independentista. A pesar de que los magistrados fallaron este jueves que la norma se ajusta a la Carta Magna, el líder del PP sigueconsiderando que es “ilegal”. Desde Bruselas, donde participó en una reunión de los líderes populares europeos, el jefe de la oposición también volvió a sembrar dudas sobre la imparcialidad del alto tribunal, que ahora cuenta con mayoría progresista. 

“Esta sentencia está dictada por el mismo tribunal que ha indultado a los condenados por los ERE de Andalucía [se trató en realidad de la anulación de las condenas], invadiendo las competencias del Supremo”, señaló Feijóo, quien ya esperaba, como casi todos los partidos, que el Constitucional diese el visto bueno a la amnistía, pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio del apoyo de las formaciones independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. 

El TC declara constitucional la amnistía del 'procés' con los votos de la mayoría progresista

“Para sorpresa de nadie, se ha venido a validar la autoamnistía que ha sido la moneda de cambio de Sánchez para ser presidente tras haber perdido las elecciones generales. La autoamnistía es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un TC dividido. Con esta ley se compró la investidura y la negoció Santos Cerdán. Es ilegal e inmoral, es una transacción corrupta por el poder y un obús contra la separación de poderes”, explicó el líder del PP, ligando la polémica norma al reciente escándalo de corrupción que ha colocado a Sánchez en su situación política más compleja, con la legislatura pendiente de un hilo.   

La tesis contraria de Moreno

Otros líderes del PP también criticaron la decisión del Constitucional, pero no todos compartieron la visión de Feijóo de que la amnistía sigue siendo “ilegal” aunque haya sido validada por el TC. Juanma Moreno, presidente de Andalucía argumentó que la norma sí es “legal, pero no ética”. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribió en X que la medida de gracia “blanquea la corrupción de Estado” y supone la “destrucción del Poder Judicial”.