Anticorrupción acusa al empresario que colaboró con Leire Díez de apropiarse de 37,5 millones de la tecnológica Zed

La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al empresario Javier Pérez Dolset, una de las personas que participaron en la conversación grabada en la que la exmilitante del PSOE Leire Díez reclamaba información que pudiera comprometer al teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, y al fiscal, José Grinda, de apropiarse, en colaboración con otras trece personas, de 37,5 millones y de cometer un fraude de 30 millones con la empresa Zed Worldwide.

En un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, Anticorrupción atribuye a los investigados un fraude de subvenciones, un delito continuado de falsedad en documento mercantil, un delito societario, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

El Ministerio Fiscal considera que tras la investigación desarrollada se ha podido confirmar que, "ante la situación de riesgo de insolvencia creada por las actuaciones de los llamados accionistas rusos, Javier Pérez Dolset y otras personas de su círculo de confianza iniciaron una serie de acciones dirigidas al desvío de fondos de Zed WorldWide para destinarlos a fines propios, con abuso de las funciones rectoras de la compañía, en detrimento de la sociedad y contribuyendo de forma relevante a la situación de insolvencia", dice el escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Insolvencia económica"

Y para apoderarse "ilícitamente" de los capitales procedentes de la actividad de la compañía, prosigue el documento, los investigados, "encabezados por Pérez Dolset, crearon un entramado societario ajeno al Grupo Zed, destinado a la deslocalización de capitales y a su ocultación frente a las acciones de los socios, de los perjudicados, con lo que se provocó la situación de insolvencia económica de Zed WorldWide".

Gracias a la investigación realizada, completa el escrito del fiscal, se ha acreditado la existencia de una "facturación ficticia de empresas del Grupo Zed con sociedades controladas por personas investigadas, vinculadas laboralmente al grupo".

Y por eso, concluye que la emisión de estas facturas, de una cuantía relevante, "no respondió a prestaciones reales y se realizó con el propósito de aparentar un volumen actividad inexistente o para deslocalizar fondos de dicho grupo, con la cooperación necesaria de sus empleados y de sociedades instrumentales desconectadas de la familia Pérez Dolset".

Con este mecanismo, los investigados "se apropiaron de una cantidad próxima a los 23.500.000 euros, cifra que se vio incrementada con alrededor de 14.000.000 euros que se distrajeron, y apropiaron a través de la falsificación de facturas. Además, son responsables, también de un fraude a las Administraciones Públicas de alrededor de 30.000.000 euros", destaca.

A lo largo de 95 páginas, la Fiscalía desgrana las operaciones bajo sospecha. Dos de ellas son las indemnizaciones por despido de Álvaro Gómez-Cambronero y Daniel Arteaga. En un documento descubierto a la trama se alude a un acto de conciliación celebrado el 28 de octubre de 2013 por el que la firma Zed acordó pagar un importe neto de 766.635 euro.

"No hubo despido"

"En realidad, no hubo despido sino una forma más de detraer patrimonio de Zed", indica el fiscal, que llega a esta conclusión en virtud de las pesquisas policiales, que especifican que ambos, tras el supuesto despido, se llegaron a identificar como "el abogado y el director general del Grupo Zed, respectivamente". En el caso de Arteaga García, este también recibió en 2013 una indemnización por despido por un importe de 338.935 euros.

En cuanto a la elaboración de facturas falsas, la Fiscalía sostiene que los conceptos que plasmaban en las mismas "no se ajustaban a la realidad". Por ejemplo, siempre según el escrito, unas obras ejecutadas en el domicilio de Gómez-Cambronero: "Hacían referencia a trabajos realizados, supuestamente, por mandato de Zed, relacionados con sus oficinas", explica el documento, que concluye que estas facturas ascienden a 132.595 euros, si bien el total de la reforma, pagada por Zed resultó de 170.000 euros.

En cuanto a las personas jurídicas, el escrito alude a la firma Crescenda, que es "una sociedad controlada y dirigida por Pérez Dolset y Arteaga García". Recibió una transferencia por 899.999 euros y, seis días después, el 26 de marzo de 2014, se emitieron ocho cheques bancarios, por diversos importes, con una suma de 800.000 euros, que se destinaron a la compra de tres fincas por 482.789 euros.

Las subvenciones

Un capítulo aparte en el escrito de Anticorrupción merece el supuesto fraude de subvenciones realizado por "Pérez Dolset, secundado por su círculo familiar y profesional". El fiscal constata "un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos, falseando los requisitos necesarios para obtener las mismas, así como las condiciones de ejecución", continúa el escrito, que sostiene que la cantidad defraudada "supera los 30.000.000 euros".

La obtención de estas ayudas, prosigue, se habría realizado "con pleno conocimiento de la inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no procederían a la devolución de los préstamos concedidos ni de las subvenciones. La administración concursal de Zed cuantificó una deuda pendiente de pago con las Administraciones Públicas por 28.426.732 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas", completa el escrito, que destaca que estas sociedades obtuvieron 48.839.200 euros de fondos públicos procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones entre los años 2011 y 2015".

Estos fondos tomaron la forma de subvenciones (4.677.408 euros) y préstamos (44.161.792 euros) y se obtuvieron al amparo de ocho programas de ayudas ofertadas por la referida Secretaría de Estado, completa la Fiscalía.

Apropiarse de dinero

Y otro ejemplo, destaca el fiscal, fue la utilización de la firma Bitmonlab, S.L.. Con ella los investigados habrían solicitado subvenciones y préstamos a las Administraciones Públicas, "con la intención de, primero, conseguirlas falseando las condiciones y, segundo, desviar y apropiarse del dinero conseguido sin intención alguna de cumplir con los diferentes proyectos objeto de las ayudas públicas". Para ello, elaboraban "memorias justificativas que exponían actividades ficticias adaptadas a las bases de las convocatorias públicas de subvenciones para proyectos de Innovación y Desarrollo".

Finalmente, Anticorrupción destaca que las facturas emitidas por sociedades del abogado "Carlos de Mier ascendieron a un importe total de 13.918.296 euros, por supuestos servicios prestados a empresas del Grupo Zed. Ese dinero salió efectivamente del Grupo pasando a engrosar el beneficio de los citados investigados". Y estos "gastos ficticios" valieron "para justificar los proyectos" por los que obtuvieron préstamos o subvenciones de las Administraciones Públicas.

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