La UCO aporta al juez el contrato firmado por Santos Cerdán de la compra por 6.000 euros del 45% de una empresa de la trama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez Leopoldo Puente el contrato que apunta que Santos Cerdán era dueño de una empresa de la trama. El documento "se encuentra firmado en sus cuatro páginas por Antxón Alonso Egurrola y Santos Cerdán como intervinientes, y estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar", explican los agentes en un oficio de 23 de junio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que sostiene que el documento intervenido indica que el ex secretario de Organización del PSOE "adquiría 1.350 participaciones de Servinabar 2000 SL por valor de 6.000 euros".

El contrato especifica, además, que Santos Cerdán "compra y adquiere" estas participaciones "libres de cargas", y que el vendedor "declara recibido" los fondos, "dando la más completa y eficaz carta de pago".

La defensa de Cerdán, por su parte, defiende que el documento no puede calificarse de escritura y que no es "sino un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público". Por lo tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

Según la reprrepresentación letrada que ejerce Benet Salellas, se confirma lo que ya comunicó Servinabar hace unos días a los medios de comunicación, que Santos Cerdán nunca formó parte de esta empresa ni ha cobrado nunca cantidad alguna derivada de la actividad de esta empresa. Anuncia también que en su declaración ante el Supremo del próximo lunes, Santos Cerdán dará las oportunas explicaciones sobre este documento.

Un contrato privado

El documento fue descubierto en el registro desarrollado el 10 de junio de 2025 en el domicilio de Antxón Alonso, ubicado en la localidad vizcaína de Elorrio. "En el transcurso de dicha diligencia, se intervino diferente documentación en papel, entre la que constaba un contrato privado de compraventa de participaciones fechado el 1 de junio de 2016", destaca la UCO en su oficio.

La Guardia Civil ha entregado al magistrado Puente el documento después de que este reclamara el pasado 20 de junio de 2025 que, "a la mayor brevedad posible se entregase copia del mencionado contrato privado de compraventa". Aparece "preceptivamente sellado por la Letrada de la Administración de Justicia en funciones de guardia de los Juzgados de Durango (Vizcaya", completa el oficio de la UCO.

Según los investigadores, esta empresa era utilizada por la trama para desvincular los cobros que Koldo García recibía de Acciona, a través de la unión temporal de empresas que formaron ambas entidades para la explotación de una mina de potasa. Por ello, en su informe la Guardia Civil sitúa a Cerdán al frente de la gestión y la toma de decisiones de Servinabar y sitúa el origen de esta trama un año antes de la transferencia de estas participaciones, en 2015.

Servinabar lo niega

Servinabar negó que el exdirigente socialista Santos Cerdán tuviera participación alguna en la empresa. “Santos Cerdán no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar 2000, S.L.”, afirma en una nota el administrador único de la compañía, Antxon Alonso Egurrola, quien asegura que “no existe ninguna escritura en la que el señor Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa”.

En un escrito enviado al juez Puente, el abogado del ex secretario de Organización socialista, Benet Salellas, pedía que el lunes, durante su declaración como investigado, "se disponga de los medios técnicos necesarios para que los medios de comunicación y el público en general puedan seguirla en directo".

Cerdán ha sido citado a declarar tras apuntarse “consistentes indicios” de delitos de corrupción contra él en el informe que UCO entregó el 5 de junio y que la pasada semana motivó registros en varios puntos de España y la entrada de los agentes en la sede del PSOE en Ferraz, para clonar el correo corporativo del que había sido hasta hace poco el número dos de la formación. La investigación apunta a la posible participación de Cerdán en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y el asesor de este Koldo García Izaguirre en adjudicaciones indebidas y a cambio de mordidas.

Por otra parte, el PSOE ha presentado un escrito al juez en el que reclama que se "expurguen y excluyan, bajo control judicial, todas aquellas comunicaciones propias del cargo, ajenas a los hechos investigados, que carezcan de interés para la causa y, específicamente, aquellas que se refieran al desarrollo de nuestra organización interna, estrategia electoral, línea política del partido… y demás cuestiones de funcionamiento interno que deben quedar preservadas".

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