El novio de Ayuso pide 4 años de cárcel para el fiscal general por revelar sus datos personales

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que le condene a una pena de 4 años de prisión, multa de 108.000 euros (por 18 meses a razón de 200 euros al día) y suspensión de empleo y sueldo por tres años, con una pena accesoria de inhabilitación especial para estar al frente de la Fiscalía General por un delito de revelación de secretos.

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Para la otra acusada, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que el novio de Díaz Ayuso considera cooperadora necesaria del delito que atribuye a García Ortiz, pide tres años de prisión, suspensión de empleo y sueldo durante dos y multa de 36.000 euros, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo que ocupa, según consta en el escrito de calificación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Incesante daño"

González Amador considera que ambos protagonizaron "hechos delictivos" que le causaron un "continuado e incesante daño" a "la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución", por dar a conocer el correo de su abogado en el que admitía "ciertamente la comisión de dos delitos fiscales", circunstancia que permitió que se le llamara "delincuente o defraudados confeso", hechos por los que solicita ser indemnizado con 300.000 euros.

Argumenta que García Ortiz y Rodríguez "son responsables civiles directos y subsidiarios" del delito del que se considera víctima, aunque en distinta proporción: él como autor con "una cuota de 3/5" y ella por los dos quintos restantes. Lo que renuncia es a reclamar que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario, "al no considerarse que el conjunto de los Españoles debamos responder patrimonialmente de ninguna forma (aún por insolvencia) de las actuaciones delictivas protagonizadas" por los acusados.

Borrado del móvil

El abogado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, comienza su escrito de acusación, de 73 páginas, señalando que el fiscal general del Estado borró su teléfono móvil el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que la Sala Segunda abrió causa por la revelación de secretos que se había empezado a investigar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que pasó al Supremo, dada la condición de aforado de García Ortiz. Cambió de teléfono unos días después.

El escrito añade que "García Ortiz posee bajo su disposición por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto" el teléfono móvil "que usaba entre los días 7 y 14 de marzo de 2024", lo que se interpreta como que "evidentemente" en realidad alberga "el registro detallado de su actividad delictiva".

La acusación relata hasta por minutos los correos cruzados entre el abogado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal que firmó la denuncia por delito fiscal en su contra, Julián Salto. El mensaje del 2 de febrero en el que el primero asumía la comisión de dos delitos para tratar de alcanzar un pacto llegó al segundo 40 minutos después de ser recibido en la dirección genérica de fiscalía. Salto reinicia la comunicación el 12 de febrero y este correo fue el que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso facilitó a El Mundo para que se diera a entender que la iniciativa del pacto partía del ministerio público.

Destaca que "el 7 de marzo de 2024, sin que estuviera en la prensa y evitando la intervención de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, Diego Villafañe (persona de confianza de García Ortíz y teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado) se dirigió directamente a Pilar Rodríguez" para que le enviara “toooodo” lo relacionado con “el novio de Ayuso”.

A continuación señala que el 11 de marzo, "tras recibirse el viernes a las 10:10 horas solo en Fiscalía General del Estado la documentación completa 'relacionada con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid' facilitada por Pilar Rodríguez, y un día antes de que se produjera operación alguna de reparto judicial", un periodista se personó en el domicilio de González Amador. Al día siguiente la noticia de la denuncia en su contra fue publicada por Eldiario.es.

A raíz de la información de 'El Mundo', García Ortiz requirió a Rodríguez todos los correos que se habían cruzado Neira y Salto, al que, para conseguirlo, sacaron de un partido de fútbol. Según la acusación que ejerce el novio de Ayuso, ello demuestra que "desde las 21:34 horas, García Ortíz ya había ideado y materializado cómo saltar el impedimento de acceso a las comunicaciones del abogado de Alberto González Amador que suponía Almudena Lastra".

Para recibir los correos utilizó su cuenta particular, aunque está prohibido en la fiscalía hacerlo. El escrito da a entender que fue él quien le facilitó el correo en el que se asumían los dos delitos a la Cadena Ser, que fue el primer medio que lo publicó. El periodista que lo contó había telefoneado al fiscal general.

Cerdán como testigo

Por su parte, una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), solicita para García Ortiz 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos, en el que considera absorbida una conducta de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Para la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que esta parte señala como cooperadora necesaria de los mismos delitos, la asociación de fiscales reclama 4 años de prisión y otros 12 años de inhabilitación.

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En su escrito, esta parte, a la que representa el abogado Juan Antonio Frago, solicita que se llame como testigo, entre otras, a la exasesora de Moncloa y actual número dos del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, en relación con el acta notarial que aportó en su día a la causa el que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. El documento reflejaba las conversaciones que se cruzaron la mañana del 14 de marzo de 2024, en las que esta le mandó un documento que reflejaba la propuesta de pacto de la defensa de González Amador para que Lobato utilizara esta información contra Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

También solicita que se llame como testigo al que fuera hasta hace unos días secretario de Organización del partido, Santos Cerdán. En el escrito de acusación de la pareja de Ayuso consta que a las 8:43 horas del 13 de marzo el entonces secretario de Organización del PSOE se puso en contacto con Lobato para transmitirle que el presidente del Gobierno iba a pedir la dimisión de Díaz Ayuso y debían apoyarle. Más tarde le insistió en que reclamar la dimisión de la presidenta madrileña. Otra de las acusaciones, la ejercida por Manos Limpias, únicamente se dirige contra García Ortiz, para el que pide 4 años de cárcel.