Cerdán acudió en 2019 a la reunión donde Fomento respaldó la megaobra del túnel de Navarra que adjudicaron a su empresa

Era noviembre de 2019 y Santos Cerdán apenas llevaba seis meses como diputado en el Congreso por Navarra cuando acudió, sin tener cargo en ninguna administración, ni tampoco en el PSOE, a una reunión en el Ministerio de Fomento. No era una reunión cualquiera. En ella el Gobierno de Pedro Sánchez respaldaba ante el consejero de Cohesión Territorial de Navarra, Bernardo Ciriza, la decisión de duplicar los túneles de Belate y Almondoz, una obra mayúscula, la mayor que se ejecutaba en territorio navarro en la última década. 

Cuatro años después, en diciembre de 2023, el Gobierno de María Chivite, íntima amiga de Cerdán, con el que desarrolló casi a la par su carrera política, adjudicaba por 62,8 millones de euros la obra a una UTE formada por Acciona, Construcciones Osés y una pequeña constructora navarra, Servinabar, la empresa de la que, según atestiguó ayer la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, era propietario -posee el 45%- el propio Cerdán. 

Servinabar, de hecho, se encuentra en la génesis de la trama Koldo-Cerdán, de acuerdo a los investigadores, ya que en 2015 resultó adjudicataria de una mina de potasa, Mina Muga, en Navarra, junto Acciona. Una obra que actualmente se encuestra paralizada por la Justicia.

Al frente de Servinabar, como administrador único, se encuentra Antxon Alonso, conocido como Guipuchi y que, junto con Koldo y Cerdán, idearon un entramado cuya operativa de adjudicaciones y mordidas daría el salto años más tarde del terreno experimental, Navarra, a toda España.  

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Documentación hallada en los registros del 10 de junio

Al año siguiente de recibir Servinabar esta primera adjudicación -la primera de muchas del Gobierno navarro-, Antxon le transfirió a Cerdán "1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad", es decir, un 45% de la empresa, según desveló ayer la UCO tras las evidencias encontradas durante los registros realizados el pasado 10 de junio en diversos domicilios y empresas relacionadas con la trama. 

La empresa, de acuerdo a los investigadores, fue utilizada por el entramado, además, para desvincular los cobros que Koldo recibía de Acciona, la otra constructora que se vio beneficiada de contratos públicos presuntamente irregulares. 

Una reunión al más alto nivel donde estaba Cerdán

La obra más suculenta para Servinabar, sin embargo, todavía estaba por llegar, y en su gestión estuvo el propio Cerdán. El 25 de noviembre de 2019, el entonces (solo) diputado por Navarra acudió a una reunión en el Ministerio de Fomento en Madrid entre el gobierno y el Ejecutivo Navarro. 

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En ella, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, se comprometió con el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, a liderar ante la Comisión Europea la tramitación de las alegaciones ante un posible expediente sancionador.

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Ciriza remarcó en la reunión que el túnel daba una solución "de carácter definitivo" a la circulación en el túnel, ya que se mejoraría con "dos túneles con sentidos de circulación independientes", se "reduciría la IDM (intensidad media diaria medida en vehículos/día)" y habría "una mínima afección al tráfico durante la construcción de las obras o una intervención más rápida de los equipos de emergencia ante cualquier incidencia", entre otros asuntos. 

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En la reunión estuvieron presentes por parte del Ministerio de Fomento, además del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, el director general de carreteras, Francisco Javier Herrero [que años más tarde aparecería en varias ocasiones en las conversaciones grabadas aprehendidas a Koldo]. Por parte de Navarra, acompañaron al consejero Ciriza, la directora general de Transportes, Berta Miranda, el director del servicio de estudios y proyectos, Josetxo López, y el citado Cerdán.

Cuatro años después, se aprobaría la adjudicación a una UTE donde estaba Servinabar en un proceso que, según denunció en su día UPN (Unión del Pueblo Navarro), estuvo plagado de irregularidades. 

Ayer mismo, el vicesecretario general del PSN (Partido Socialista de Navarra) y portavoz parlamentario, Ramón Alzórriz, presentó su dimisión de todos sus cargos en el partido confirmado públicamente que su pareja trabajó desde 2021 (y hasta 2024) en Servinabar.

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