Texto de la ponencia

El PP intenta borrar la sombra de Bárcenas: sustituye en sus estatutos el término "tesorero" por "director general de finanzas"

El puesto que ocupaba el exalto cargo retrotrae al 'caso Gürtel', el peor escándalo de corrupción política registrado en las filas populares

El extesorero del PP Luis Bárcenas, en la puerta de la Audiencia Nacional en Madrid, en una foto de 2021.

El extesorero del PP Luis Bárcenas, en la puerta de la Audiencia Nacional en Madrid, en una foto de 2021. / Europa Press

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

El PP ha borrado de sus estatutos la palabra “tesorero”, que retrotrae al ‘caso Gürtel’, el mayor escándalo de corrupción registrado en el seno del partido. En la ponencia de estatutos que se ha presentado este miércoles en Murcia, los populares han borrado ese término del documento y lo han sustituido por “director general de finanzas y organización nacional”. “El tesorero del PP”, en referencia a Luis Bárcenas, copó los titulares de los medios de comunicación durante los años de investigación de ese caso de corrupción que hundió al partido electoralmente en 2019.

Bárcenas, que fue tesorero y gerente de la formación conservadora durante casi 30 años, fue condenado a una pena de 29 años y un mes por blanqueo, delitos contra la hacienda pública y apropiación indebida. Él representó la etapa más oscura que ha vivido el PP en los últimos años. La Gürtel --una trama en la que empresarios sobornaban a políticos del PP para lograr contratos públicos-- propició la caída del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en 2018, con una moción de censura que le presentó Pedro Sánchez después de que saliera una sentencia sobre los primeros años de la red corrupta. Aquel fallo judicial condenó al propio PP nacional como persona jurídica como beneficiario de un "sistema de corrupción institucional". Francisco Correa, cabecilla de la red de empresas, fue castigado a 51 años. En total, 29 de los 37 acusados recibieron penas que sumaban 351 años de prisión.

En la propuesta de estatutos conocida este miércoles y que será debatida y puede ser enmendada cara al congreso de julio del PP, las funciones del "director general de finanzas" se desarrollan y concentran en un solo artículo, el 48, al contrario de lo que pasaba en el texto vigente hasta ahora. Se dice que a ese cargo corresponderá la "elaboración de las cuentas anuales y su presentación antes el Tribunal de Cuentas", la "supervisión de los responsables de la gestión económico-financiera de nivel autonómico y provincial" y, entre otras cosas, "el nombramiento y cese de los gerentes autonómicos y provinciales". Es decir, queda clara la supervisión que desde la sede de Génova se hará de esos cargos a nivel territorial.

Que a Feijóo no le gustaba el término "tesorero" ya se intuía, porque en su última remodelación ya usó esta expresión ("directora general de finanzas y organización") para llamar a Carmen Navarro, su 'tesorera' en su etapa como presidente del PP.

Críticas al PSOE

En el acto de presentación en Murcia, en el que han participado los ponentes del texto, con Fernando López Miras, presidente de la Región, en cabeza, se ha sacado pecho de que el partido creará una Oficina de Cumplimiento Normativo para garantizar el código ético. "Quien la hace, la paga y se va del partido", ha dicho el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, que también ha sido ponente. Sirera justifica la creación de esta Oficina de Cumplimiento Normativo "frente a un PSOE que protege, normaliza y tolera los escándalos", en referencia a la grave crisis que atraviesa la formación progresista por la implicación de dos de sus ya exsecretarios de organización en presuntas mordidas.

Ese código ético del PP, un texto independiente de los estatutos, establece principios de ejemplaridad, transparencia y compromiso con la legalidad. Exige a sus miembros integridad, respeto a los derechos fundamentales y rechazo de la corrupción. El partido prohíbe aceptar regalos que comprometan la objetividad, obliga a declarar bienes y actividades y exige abstenerse en decisiones con conflicto de interés. Los cargos deben denunciar prácticas irregulares y respetar los recursos públicos.

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