El abogado del caso hidrocarburos que fue grabado junto a Leire Díez insiste en acusar a la UCO de maniobrar para "burlar" el control judicial

El abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, imputado en el caso hidrocarburos, ha presentado un recurso de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en el que reitera su petición de que se anule el caso Gaslow en virtud de lo que considera unas supuestas maniobras de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO): "El procedimiento incoado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 es un desglose del seguido en el Juzgado Central de Instrucción número 6 [...] sin conocimiento ni autorización de aquel juzgado. El instructor policial, que resulta ser el mismo en ambos procedimientos, decide, sin control judicial alguno, administrar y dosificar instrumentalmente la información obtenida entre ambos procedimientos", lamenta en su escrito de 16 de junio el letrado, que fue grabado junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset tratando de obtener información comprometedoras del teniente coronel Antonio Balas. Este oficial es quien encabeza las pesquisas que afectan a excargos socialistas como el exministro José Luis Ábalos; pero también a la mujer (Begoña Gómez) y el hermano (David Sánchez) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Ocultado ese origen el auto de incoación se dicta sin disponer de la información necesaria para ello, entre otra, la que procede de intervenciones telefónicas", prosigue el escrito, que sostiene que el oficio "expresa claramente la intención de llevar a cabo una investigación formal y otra oculta, ya que interesa que el primer grupo de personas sean querellados por los delitos investigados y el segundo grupo simplemente investigados sin especificar tipo penal o indicios que lo soporta".

La utilización de información obtenida en un procedimiento distinto, prosigue, el letrado "solo lo puede acordar el juzgado, no la Guardia Civil, y debe cumplir con unos requisitos que, en vez de cumplirse con estas reglas tan claras, el instructor policial, sin conocimiento del juzgado, decide abrir un nuevo procedimiento y no directamente en otro juzgado, si no valiéndose de la fiscalía a la que tampoco se informa de la plena realidad procesal del origen de la información".

Ocultación de pruebas

"Una vez burlado el control del procedimiento que la ley atribuye en este caso al Juzgado Central de Instrucción número 6", continúa Teijelo, "el perjuicio no se limita al aspecto formal, en este caso configura todo un cúmulo de consecuencias todas ellas causantes de lesión de derechos fundamentales".

Y alude entonces a su cliente, Juan Sánchez Yepes, al considerar que la investigación que llevó a su imputación se inició en ocultación de otras pruebas, que excluiría "la hipótesis sostenida" contra él: "Contiene información que precisamente desvirtúa la hipótesis que da lugar al oficio y presentación de la querella que inicia las presentes diligencias: no es el señor Sánchez Yepes quien informa a los investigados de la operación policial, eran otras personas y así constan en la causa seguida ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, e incluso semioculto en este procedimiento, sin embargo, es contra el ahora recurrente contra quien se dirige la acción", lamenta el letrado asturiano, que califica de "sorprendente" obre en el procedimiento la denuncia del empresario Antonio Rodríguez Estepa, uno de los presuntos cabecillas de la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos, "por las presiones sufridas para que actuara contra el señor Sánchez Yepes, proponiéndole ventajas en el procedimiento en curso, y ni siquiera se haya tramitado la misma".

Tal y como informó esta redacción, Rodríguez Estepa, acusó al teniente coronel Antonio Balas de "coacciones" en un intento de desacreditarle, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En concreto, el investigado Rodríguez Estepa denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que por indicaciones de Balas un agente le comunicó que "si facilitaba información que pudiera afianzar las sospechas que mantienen sobre el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, además de asegurar y afianzar la continuidad de la relación de colaboración se podría obtener un trato policial más ventajoso en el marco del procedimiento" en el que está imputado, dice el escrito.

Procedimiento oculto

Teijelo explica que por eso se creó "una doble estructura procesal. Encontramos un procedimiento aparente y otro sumergido u oculto. De la pluralidad de nombres de personas y sociedades que figuran en este procedimiento como objeto de alguna indagación solo un pequeño número de ellas son finalmente sujetos pasivos de la acción penal, otra gran parte no son objeto de acción alguna. La Guardia Civil llega a plantear investigar a una parte de los investigados identificados como tal en la querella del Ministerio Fiscal y otros sin especificar delito ni relación alguna como investigados genéricos, concepto hasta ahora desconocido en derecho".

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes recibió 132.510 euros en criptomonedas del empresario Antonio Rodríguez Estepa, considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la organización liderada por el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama que habría cometido un fraude con la empresa Gaslow de 136 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. Así consta en un informe de 11 de octubre de 2024 de Asuntos Internos de la Guardia Civil dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso esta redacción.

Yepes se desligó de la UCO cinco meses antes de ser arrestado el 13 de diciembre de 2022 como presunto autor de los delitos de violación de secretos, pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

El abogado Jacobo Teijelo ha presentado este recurso después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazara la nulidad del 'caso Gaslow' de presunto fraude de IVA de hidrocarburos y defendió que “este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación” por parte de la UCO. “Obviamente si este magistrado instructor lo hubiera detectado se actuaría en consecuencia”, destacó el magistrado en el auto en el que confirmaba su decisión y rechazaba el recurso de reforma presentado por el abogado Teijelo en nombre de Juan Sánchez Yepes.