Ministros de Sánchez defienden una cuestión de confianza en el Congreso

Varios ministros y altos cargos del Gobierno apuestan porque el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados para comprobar el apoyo real con el que cuenta el Ejecutivo. Consideran que este mecanismo parlamentario es la mejor medida en las actuales circunstancias ya que, de alguna manera, no solo es el presidente el que se somete a la confianza o no del Parlamento, sino que los partidos políticos que le respaldan se ven comprometidos a manifestar públicamente si apoyan o no el proyecto político que desarrolla el Gobierno y que fue debatido y aprobado en la Cámara Baja en el debate de investidura.

Los socialistas advierten que la situación no es solo un cuestión personal del presidente o del PSOE como partido, sino que se trata de mantener o no el programa político y si los partidos que los respaldan en el Congreso creen que es adecuado continuar desarrollando las medidas sociales en los dos años que restan de legislatura. La alternativa que se les presenta a los socios de Sánchez es la convocatoria de elecciones generales y que llegue al poder la ultraderecha, esa es la tesitura que les plantea el núcleo cercano a Sánchez.

Entre los partidos que respaldaron la investidura de Sánchez se encuentra Coalición Canaria que, si fructifica la idea de plantear una cuestión de confianza, también tendrá que decidir cuál será el sentido del voto de su única diputada, Cristina Valido. Desencadenar ahora la convocatoria anticipada de elecciones generales supondría aplazar la distribución de los menores migrantes pactada entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional, además de aparcar los compromisos de la agenda canaria.

Hay un sector del PSOE, representado especialmente por los dirigentes autonómicos del partido y los presidentes socialistas, que prefieren un adelanto electoral ahora y no cerca de los comicios autonómicos y municipales de 2027 porque pueden dañar aún más el poder territorial del PSOE, tras quedar muy tocado en las elecciones de 2023. Pero las voces del partido que se sientan en el Consejo de Ministros prefieren explorar la cuestión de confianza para obligar al resto de partidos a que se pronuncien sobre si quieren agotar la legislatura y mantener el proyecto político o que se convoquen elecciones con el riesgo de que gobierne el PP con Vox. En definitiva, se trataría de reforzar la mayoría de la investidura.

«Vamos a ciegas»

«Estamos en un necesario modo partido a partido. Todo en su momento», señalan fuentes de la Moncloa. El «problema», explica un colaborador del presidente, es que aún no se conoce la verdadera extensión de este escándalo. «Vamos a ciegas», reconocía una ministra muy cercana a Sánchez antes de que trascendiese la investigación de la Guardia Civil. Esa sensación está ahora menos acentuada, pero no se ha disipado. Todos los consultados coinciden en que van a salir «muchas más cosas». Su temor fundamental es que haya indicios de financiación irregular del PSOE (el presidente anunció una auditoría de las cuentas) o, aún peor, que Sánchez aparezca directamente implicado, algo que su entorno descarta por completo.

Pero puede haber nuevas ramificaciones. Se da por seguro que la investigación judicial aireará más audios comprometedores entre Cerdán, Ábalos y Koldo García (mano derecha del exministro). «Lo que nos queda por ver», anticipa un miembro del Gobierno. De momento, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya está en una situación delicada, al reconocer ahora que se reunió con Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama corrupta, tras haberlo negado en la comisión de investigación del Senado.

La cuestión de confianza que impulsan varios miembros del núcleo duro de Sánchez para «corresponsabilizar» a los socios parlamentarios en el destino de la legislatura, también provocaría que estos grupos aprovecharan la coyuntura para hacer «peticiones estratosféricas» porque empiezan a «oler la sangre» y «elevarán el precio de su apoyo». Igual que con los Presupuestos de 2026, que varios ministros señalan que cobran más importancia que nunca.

Los colaboradores de Sánchez ya han empezado a contactar con sus aliados parlamentarios. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, los llamó ayer. En la Moncloa aseguran no ver a ninguno por la labor de dar esta legislatura por terminada. Mucho menos apoyar una moción de censura liderada por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y secundada por Vox. «Lo único bueno es que, a diferencia de cuando la moción de censura a Rajoy, no hay una mayoría alternativa en el Congreso», dice un diputado de peso.

Aun así, ERC y BNG ya han pedido que Sánchez protagonice una comparecencia monográfica sobre el escándalo. Podemos reclamará una comisión de investigación en la Cámara Baja. Junts habla de «aprovechar» la «debilidad» de Sánchez. Y el contexto internacional es adverso. El 24 de junio se celebrará en La Haya una trascendental cumbre de la OTAN. Tanto el presidente de EEUU, Donald Trump, como el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, presionan para que los estados miembros se comprometan a destinar el 5% del PIB al gasto en defensa, una medida que rechaza Sánchez y que si sale adelante hará muy difícil la convivencia con los partidos de izquierda.

Sánchez, de momento, irá a la Cámara Baja el miércoles para someterse a la sesión de control, con preguntas de Feijóo, Santiago Abascal (Vox) y Gabriel Rufián (ERC). Hoy reunirá a la Ejecutiva Federal del PSOE y quizá nombre al nuevo secretario de Organización. La dirección socialista espera que Cerdán cumpla su palabra y entregue el acta de diputado y presente su baja voluntaria del partido, evitando así tener que suspenderlo de militancia. Pero aquí los colaboradores del presidente no tienen ninguna certeza. Todo está abierto. Los próximos días son decisivos para conocer cuál es la opción que finalmente se adopte para intentar salir del embrollo.

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