El PP aprueba la ley que torpedea el plan del Gobierno para cercar a la Fundación Franco

El PP ha cumplido su amenaza de desmontar por completo la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación que aprobó el Gobierno con sus socios en el Congreso para cercar a la Fundación Francisco Franco y evitar que se reconvierta en asociación para escapar a su disolución. Los populares, con mayoría en el Senado, han dado la vuelta por completo a la norma, haciendo que sean punibles todas aquellas asociaciones que promuevan cualquier sistema político que pretenda subvertir el orden constitucional democrático o defienda valores contrarios a la libertad y no solo las que hagan apología del franquismo.

Además, han añadido que esta defensa deberá ser "mediante el uso de la violencia, la amenaza o la incitación directa y pública a la violencia", por lo que no afectaría a la Fundación Francisco Franco. No obstante, el Congreso podrá revertir todos los cambios del PP en las próximas semanas.

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"Son ustedes los nostálgicos de Franco, porque sin él no son nada", le ha espetado la senadora del PP María José Pardo a la bancada socialista tras denunciar que la reforma planteada por el PSOE "se prevé inconstitucional por sectaria" al "ilegalizar y disolver una asociación por su ideología" y no otras: "Nosotros decimos no a todos los regímenes totalitarios, no a la memoria democrática selectiva". En frente, el senador del PSOE Antonio Magdaleno ha acusado a los conservadores de querer evitar la disolución de la Fundación Franco porque "sigue sin poder romper el cordón umbilical con su propio pasado".

¿De dónde viene la disputa?

En verano de 2024, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, activó el procedimiento para disolver la Fundación Francisco Franco al amparo de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Los trámites, que se iniciaron con la solicitud de un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y también a la Abogacía del Estado, aún siguen en marcha. Además, previamente, el Ejecutivo se tuvo que enfrentar a varias artimañas de la fundación para esquivar su disolución. En aras de evitar un nuevo requiebro, el Gobierno impulsó esta reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación para que la fundación no encuentre una vía legal convirtiéndose en asociación.

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Sin embargo, durante el trámite en el Senado, los populares se han aferrado a un informe de los letrados que consideran que la norma "puede contradecir" media decena de artículos de la Constitución al prohibir estas asociaciones "y no otras". En concreto, señalan que esta ley requiere de un "interés relevante que justifique tal restricción" y que tal interés no existe o "no puede protegerse más que prohibiendo exclusivamente estas asociaciones, y no otras que potencialmente, podrían lesionar este mismo interés".

Con esta argumentación, los populares han rehecho la ley introduciendo un cambio en el artículo 515 del Código Penal, donde se establecen las causas por las que una asociación puede ser "punible". De esta forma, han introducido a una referencia a aquellas asociaciones que "mediante el uso de la violencia, la amenaza o la incitación directa y pública a la violencia", promuevan "sistemas políticos o ideologías que pretendan destruir o subvertir el orden constitucional democrático o el Estado de Derecho"; "sistemas políticos, regímenes o gobiernos totalitarios, autoritarios, o que nieguen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución"; y "principios y valores que sean incompatibles con la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la dignidad de la persona".

La condición expresa del "uso de la violencia, la amenaza o la incitación directa y pública a la violencia" pone trabas a los planes del Gobierno, ya que en la anterior redacción, ajustada a las asociaciones que hicieran apología del franquismo, servía con que hubiera "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". Sin embargo, en las próximas semanas, el Congreso deberá de validar los cambios introducidos del PP y, de no hacerlo, el texto volverá a su redacción original. Todo apunta a que el bloque de la investidura abogará por ello.