El juez ordenó el registro de la casa de Ábalos por grabaciones que evidencian "un determinado beneficio económico"

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó el registro de la casa de José Luis Ábalos tras hallar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil grabaciones en los dispositivos aprehendidos al que era su asesor principal, Koldo García, de las que se desprende "un determinado beneficio económico" para el exministro.

"José Luis Ábalos pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica", dice el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que se acuerda el registro practicado por agentes del instituto armado en la vivienda en Valencia del exministro. La diligencias se prolongaron entre las 7:00 horas y prácticamente las 17:00 horas.

El magistrado destaca en su resolución que en el último informe de la UCO, entregado en el Tribunal Supremo el pasado día 5, se incluye "una concreta identificación indiciaria de las mencionadas obras que pudieran haber resultado indebidamente adjudicadas con la participación del investigado, que se describen en relación con ciertas grabaciones -halladas, conforme también se explica en el mencionado oficio, en dispositivos intervenidos al también investigado en esta causa Koldo García Izaguirre-".

"Ilícita intervención"

Para Puente, esas pruebas le permiten considerar que dichas "indebidas adjudicaciones se habrían producido como consecuencia de la eventualmente ilícita intervención del afectado por las medidas que aquí se adoptan y obteniendo por ellas un determinado beneficio económico, tal y como él mismo podría haber venido a admitir en determinados pasajes de las mencionadas conversaciones".

Fuentes consultadas atribuyen a Koldo García la autoría de grabaciones de conversaciones que este habría mantenido con determinadas personas tras su salida del ministerio, en julio de 2021. Consideran, además, que estos audios podrían tener vinculación con las pesquisas abiertas, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo.

El magistrado no duda en resaltar el "documentado informe" de Anticorrupción que llega incluso a calificar de certero. El auto señala que "a partir de la solidez de los mencionados indicios" se justifica "la entrada y registro" acordada en el domicilio y el bajo del que el exministro dispone en el mismo inmueble y que "permiten considerar, al menos, la posible comisión de sendos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal".

El juez considera que se trata de una medida necesaria y proporcionada para tratar de hallar "elementos, efectos o instrumentos procedentes del delito o reveladores" de los delitos investigados, que dada su gravedad justifican una diligencia de esta envergadura.

Añade que la investigación policial llevada a cabo hasta ahora también justifica "el registro de los dispositivos electrónicos de almacenamiento masivo que pudieran encontrarse" durante la diligencia. De hecho, el exministro José Luis Ábalos ha lamentado que le hubieran intervenido el teléfono y dos memorias extraíbles con documentación. Del proceso de volcado de datos se encargarán los técnicos del laboratorio forense de la Unidad Central Operativa.

"Susceptibles de falsificación"

En el auto sobre Ábalos, el juez acuerda, asimismo, "localizar e intervenir todo tipo de documentación y efectos, cualquiera que sea su soporte, relativos a los hechos investigados, tales como: teléfonos móviles, tarjetas de telefonía y de memoria, ordenadores, tablets, discos duros, USB o cualquier otro dispositivo informático o elemento susceptible de almacenar datos, imágenes, videos y audios, así como documentos escaneados almacenados en soportes informáticos". La resolución añade también aquellos que sean "susceptibles de haber sido falsificados o manipulados".

También reclama las "agendas, cuadernos, facturación telefónica, fotografías y documentación bancaria, cuentas corrientes, de ahorro, de depósito, libretas, fondos de inversión, seguros de vida, inversiones mobiliarias, alquiler de cajas de seguridad, documentos contables, resguardos de envío de dinero a terceros países etc., que en entidades bancarias y financieras pudiera tener el investigado, así como aquella documentación en soporte papel o informático, relativa a la actividad financiera, mercantil, inmobiliaria o conectada a las actividades criminales objeto de investigación".

Prevé que se intervenga el "dinero en efectivo, divisas, bonos, certificados de acciones, de valores o de depósito, instrumentos negociables; joyas o cualquier otro efecto o material que ponga en evidencia la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y delito de tráfico de influencias, así como de otros ilícitos conexos que pudieran estar vinculados a los mismos".

Registro en Navarra

El magistrado también ha ordenado el registro de varias empresas en diferentes partes de España en busca de documentación sobre obras públicas. Entre ellas se encuentra la mercantil navarra Servinabar 2000 Obras y Servicios S.L. Según informa Diario de Navarra uno de los agentes de la UCO que acudieron a la sede de esta mercantil en Pamplona es el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas.

El rotativo navarro destaca que las posibles irregularidades en la adjudicación en las obras para duplicar los túneles de Belate fueron denunciadas por Unión del Pueblo Navarro (UPN) y un particular ante la Policía Judicial de la Guardia Civil en Pamplona. Este aseguró que entregó entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones al exministro Ábalos, su asesor, Koldo García, y al Partido Socialista.

En un auto del pasado 23 de abril el juez ordenó a la UCO que investigara "la adjudicación de las obras y/o rectificados que aparecen destacados con línea fluorescente" en los documentos que había aportado el comisionista Víctor de Aldama, considerado el "nexo corruptor" de la trama investigada en el caso Koldo y las distintas causas abiertas por fraude del IVA a través de hidrocarburos. El empresario imputado cifró en 128 los contratos públicos que se habrían adjudicado a constructoras próximas a Koldo García por un importe total de 54 millones de euros entre 2018 y 2021.