Quién es Álvaro García Ortiz, el cuestionado fiscal general del Estado heredero de Dolores Delgado que el Supremo lleva cerca del banquillo

El procesamiento de Álvaro García Ortiz por presunto delito de revelación de secretos por parte del Tribunal Supremo es un episodio más en la empedrada trayectoria del fiscal general del Estado, que desde su desembarco en la cúspide del Ministerio Público ha sido fuertemente cuestionado. En enero se convirtió en el primer jefe de la Fiscalía imputado por la justicia por haber presuntamente filtrado documento por "instrucciones" de Moncloa. Pero ya antes había sufrido otros varapalos judiciales, con la anulación del Supremo de varios nombramientos de Dolores Delgado, su antecesora en el cargo y exministra de Justicia. Todo esto, bajo la defensa férrea del Gobierno hacia García Ortiz. Una circunstancia en los últimos meses ha llevado al fiscal general a una espiral donde las distintas batallas judiciales se entremezclan con la arena política.

El cuestionamiento del máximo jefe del Ministerio Público comenzó con su nombramiento, el 1 de agosto de 2022, que ya llegó envuelto en polémica. Su designación fue promovida por Delgado, que dos años antes le había ascendido a la categoría de fiscal de Sala y jefe de Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, situándole en la casilla de salida para aspirar a la cúspide del Ministerio Público. Esto, unido a la estrecha cercanía entre Delgado y Ortiz, considerado su número dos, le llevó a convertirse en una suerte de bestia negra para la oposición, que insiste en criticar su estrecha vinculación con el Gobierno.

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Lo cierto es que García Ortiz no era un desconocido para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que fue el fiscal encargado en la causa por el Prestige,la mayor catástrofe medioambiental en aguas europeas. Él defendió durante las sesiones judiciales que la administración no tuvo responsabilidad en el brutal vertido de crudo y el fallo le dio la razón.

En 2017, cuando García Ortiz era fiscal especialista en incendios en Galicia, desautorizó a Núñez Feijóo. El entonces presidente gallego había defendido que la oleada de incendios en el territorio respondían a una estructura "delictiva homicida". Una tesis que fue rebatida por el fiscal en un informe, donde negó la existencia de "evidencias de la existencia de ninguna trama" incendiaria.

Controvertido fiscal

Desde su desembarco en la cúspide fiscal, García Ortiz ha sido objeto de controversia dentro del mundo de la justicia. El último episodio, y el que le lleva ahora cerca de sentarse en el banquillo tras ser procesado, es el que envuelve a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso acusado de fraude tributario. El magistrado del Supremo Ángel Luis Hurtado le considera el responsable de haber difundido una conversación privada entre el abogado de Amador "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" con el objetivo de "ganar el relato" y desmentir unas informaciones que apuntaban a que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo a Amador, cuando en realidad fue al revés.

La imputación del fiscal general del Estado en enero por esta misma causa ya llevó al Gobierno, al igual que ha hecho ahora, a cerrar filas en torno a García Ortiz, exhibiendo así su afinidad entre el jefe del Ministerio Público. Su condición de investigado hay levantó gran revuelo en el mundo judicial y varias asociaciones de fiscales pidieron su dimisión, tras convertirse en el primer fiscal general del Estado imputado por un presunto delito de relevación de secretos. Pero las polémicas le persiguen desde los inicios de su andadura a los mandos de la Fiscalía.

Reveses judiciales

Desde su llegada a la Fiscalía, se han producido ya dos sonados choques con el Tribunal Supremo, todos relacionados con su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. En noviembre de 2023, el Alto Tribunal anuló el nombramiento de la exministra de Justicia, y mentora de García Ortiz, como fiscal de sala de lo militar en el propio Supremo, acusando al Fiscal General de "desvío de poder" en su elección.

Esto llevó a que máximo órgano judicial, el Consejo General del Poder Judicial, rechazase por primera vez en democracia conceder su plácet al fiscal general del Estado, antes de su nueva toma de posesión después de que el Gobierno le revalidara en el cargo. El órgano de los jueces resolvió, con la mayoría entonces conservadora, que la sentencia del Supremo en anulando el nombramiento de Delgado le impedía ejercer como fiscal general.

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Unos meses después, en mayo de 2024, y tras haber revalidado el cargo, García Ortiz sufrió un nuevo varapalo del Tribunal Supremo, que volvió a anular el nombramiento de Dolores Delgado, esta vez como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, en un nuevo cuestionamiento a la política de nombramientos del polémico jefe de la fiscalía. La sentencia anuló el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se la designó para esa responsabilidad y pidió al Consejo Fiscal pronunciarse sobre si concurría algún tipo de incompatibilidad con su desempeño y ser pareja del exjuez y ahora abogado, Baltasar Garzón.

 El nombramiento lo impugnaron tanto la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la Carrera, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, a título particular, al considerarse perjudicado por la decisión del fiscal general. La decisión se había tomado tras un polémico Consejo Fiscal que no dio su aval al nombramiento. El órgano fue adelantado a antes de las generales del 23 de julio de 2023 y Delgado sólo recibió el apoyo de la Unión Progresista de Fiscales y dos vocales natas afines a García Ortiz, mientras el resto de integrantes abandonaron la votación por no tener información suficiente sobre la posible incompatibilidad. El Supremo consideró que el hecho de no haber escuchado a la mayoría ya permitía anular la decisión.