Consejo Fiscal
El fiscal Grinda denuncia que la trama de Leire Díez trata de influir en el caso 3 % y en los que están imputados Pérez Dolset y exdirigentes chavistas
El Consejo Fiscal estudia este viernes su petición de amparo ante los ataques sufridos por la trama que también buscaba información comprometida sobre la UCO

El fiscal anticorrupción José Grinda / Marina López
El fiscal Anticorrupción José Grinda se considera "perturbado e inquietado", en los términos que prevé la ley para poder solicitar amparo al Consejo Fiscal, en relación con las investigaciones que ha desarrollado en tres causas concretas que aún se mantienen abiertas en la Audiencia Nacional. Una de ellas es la que analiza un millonario desvío de fondos por parte Javier Pérez Dolset, el dueño de la tecnológica Zed que dice ser víctima de las cloacas del Estado y que participa junto a la exconcejal socialista Leire Díez en la búsqueda de información comprometida de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una actividad que al desvelarse ha provocado un escándalo nacional y puede acabar siendo investigada en los tribunales.
Pero Grinda no solo ve un intento de desprestigiarle y desestabilizarle en sus pesquisas en torno a Pérez Dolset, también considera que las maniobras de la hasta hace tres días militante del PSOE tratan de atacar su imparcialidad en otros dos asuntos: el caso 3 %, por la supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y también por el que ha concluido con el procesamiento, aún pendiente de juicio, de la sociedad asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño.
Se da la circunstancia de que este último asunto ha salido a colación en una de las sesiones de la Comisión de Investigación que se celebra en el Congreso de los Diputados sobre la Operación Cataluña, la del pasado 28 de noviembre, en la que el diputado socialista Manuel Arribas centró sus preguntas en Grinda con ocasión, precisamente, de la comparecencia del exviceministro venezolano Nevis Villalobos.
Un exdirigente chavista en el Congreso
Según informó este periódico, y tras asegurar Villalobos que una de sus imputaciones, cuyos responsables eran Grinda y su compañero en Anticorrupción Juan José Rosa, había sido archivada, el diputado socialista afirmó: "Parece ser que el señor Grinda y el señor Rosa aparecen en más actuaciones de las que a usted le competen, y, dentro de ese Juzgado número 29 de Madrid, que de nuevo vuelve a estar usted en manos de ellos". Dichas declaraciones dieron lugar a una respuesta, que es poco habitual, por parte de la propia Fiscalía Anticorrupción defendiendo "el fiel respeto a los principios de legalidad e imparcialidad" en la actuación de los dos fiscales señalados.
En cuanto al denominado caso Zed, arrancó de una querella firmada por el fiscal Grinda en octubre de 2017, tras la quiebra de la compañía, al atribuirse al empresario el vaciamiento de la compañía y también fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos. Ingresó incluso en prisión preventiva durante al menos un mes, cuando logró la libertad tras el pago de una fianza de 60.000 euros.
La tercera causa en la que Grinda denuncia que se busca afectar al desempeño de su trabajo es el caso 3 %, en el que compartió su labor investigadora con Rosa. En esta causa, pendiente de fecha para que se empiece a juzgar desde que el juez Santiago Pedraz diera por conclusa definitivamente su instrucción el noviembre de 2022, se pide prisión por una supuesta financiación irregular a través de obra pública cometidos por CDC y el extinto PDeCat a través de licitaciones de obra pública de la que se acusa a una treintena de personas entre políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña.
Consejo Fiscal
El fiscal ha optado por presentar sus quejas formalmente a través de una petición de amparo que se verá este viernes, tras ampliarse el orden del día inicialmente previsto para poder abordar este asunto. La figura se regula en el artículo 118 q) del Reglamento del Ministerio Fiscal, por lo que requiere que el propio afectado solicite dicho amparo, no pueden hacerlo por él ni siquiera las asociaciones profesionales.
Por el momento, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han anunciado que respaldarán su solicitud, pero únicamente cuenta con un vocal en el Consejo, por lo que además de un posible apoyo de los tres miembros natos (el propio fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y la fiscal jefe de la Inspección) sería necesario que Grinda obtuviera el apoyo de otros vocales pertenecientes a la mayoritaria Asociación de Fiscales o a la Unión Progresista.

Lucía Feijoo Viera
La queja de Grinda se remite a las publicaciones periodísticas que se han sucedido desde la semana pasada, después de que El Confidencial difundiera el audio de una reunión en la que Díez parece junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la citada unidad del instituto armado, Antonio Balas, y a Grinda.
Además, el propio Grinda denunció ante el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, un intento de soborno en el que le ofrecían una importante suma de dinero a cambio de cerrar diferentes causas, una de ellas el caso Zed. A todo ello hay que sumar que, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, una jueza mantiene abierta una investigación para aclarar supuestas coacciones con material que habría tratado de difundir Leire Díez sobre este fiscal. Está la causa abierta en un juzgado de Madrid, que analiza también el origen de numerosos correos que una fuente desconocida, procedente de un servidor informático ubicado en Suiza, envió en mayo de 2023 a diferentes autoridades políticas y judiciales españolas.
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