Alvise se encoge ante al Supremo: asegura que no había mala intención al difundir una PCR falsa de Illa

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, ha decidido acudir a su primera cita con la justicia en el Tribunal Supremo, pero lejos del tono retador que acostumbra a utilizar con los medios, ante el magistrado Javier Hernández optó por negar "cualquier elemento de mala fe o de injuria" hacia el ahora presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por difundir una PCR falsa suya, cuando era el candidato del PSC tras abandonar el Ministerio de Sanidad.

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Tras negar los elementos imprescindibles para que la difusión de la prueba falsa de covid sea delito, aprovechó también para asegurar que se trataba de "un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales" y dejar constancia de que la causa por la que ha sido citado ante el Supremo es "de hace casi media década". Alvise ha acudido al alto tribunal de forma voluntaria sin necesidad de que el juez Hernández cursase el correspondiente suplicatorio a la Cámara europea para tomarle declaración por la difusión de la prueba del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa. En esta causa se investiga al eurodiputado por los delitos de falsedad e injurias.

Ante los medios que le aguardaban Alvise ha criticado que el juez permitiera al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ejercer la acusación popular en la causa, circunstancia que le ha dado pie para presentarse como una "víctima de la mafia criminal del PSOE" y responsabilizar a la prensa de las causas causas que ya acumula en su contra en el alto tribunal, dada su condición de aforado, al ser eurodiputado.

Además de la relativa a la prueba falsa de covid, también tiene otra abierta por los mensajes que publicó en redes sociales sobre la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, en la que está citado el próximo día 19, y una tercera por la presunta financiación ilegal de su formación, Se Acabó la Fiesta, a través del empresario Álvaro Romillo, conocido como CriptoSpain, que le proporcionó 100.000 euros. Esta última comenzó en la Audiencia Nacional, donde Alvise rehusó declarar de forma voluntaria el pasado mes de noviembre.