El asesor sanitario de Ayuso durante la pandemia admite ante la jueza que fue "mando único" y se enfrenta a una segunda imputación

La jueza de Leganés (Madrid) María Pilar Esteban podría imputar al que fuera asesor sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia de covid, Antonio Burgueño, en una segunda causa judicial que investiga la presunta discriminación sufrida por los ancianos en las residencias en virtud de los protocolos de actuación que las plataformas de afectados denominan protocolos de la vergüenza, que impidieron su hospitalización.

El testimonio de Burgueño --que ya tiene condición de investigado en otro Juzgado de Madrid que también investiga muertes en residencias de ancianos en el mismo periodo--fue interrumpido este martes por la fiscal después de que el experto relatara haber sido citado vía telefónica por la presidenta regional el 11 de 2020, y en dicho encuentro se le planteó que debía haber un mando único que él aceptó.

Así lo ha explicado a las puertas del juzgado el abogado de Marea de Residencias, Carlos Castillo, que ha afirmado que Burgeño ha reconocido haber sido nominado "como ese posible mando único" y a partir de esa afirmación la Fiscalía ha solicitado la suspensión de su declaración en calidad de testigo ante la posibilidad de ser citado en el futuro en calidad de investigado", ha indicado.

Esta causa, instada por familiares de víctimas de una residencia en concreto, es la segunda que abre la justicia para investigar a exaltos cargos del Gobierno madrileño, y en ella están también imputados el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur y su sucesor en el cargo Javier Martínez Peromingo, al que se unen en esta ocasión el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y una geriatra del hospital Severo Ochoa. Todos ellos han sido citados por la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 6 el próximo 17 de junio.

Reyero y los hospitales

Igualmente ha comparecido este martes, igualmente como testigo, el exconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyerom que ha manifestado que los protocolos de derivación de residentes a hospitales aplicaron criterios discriminatorios en la atención sanitaria, según ha explicado a su salida de los juzgados, donde se concentraron decenas de personas convocadas por Marea de Residencias que gritaban "7.291 muertos", en alusión al número de víctimas que podrían haberse producido en los geriátricos.

Reyero ha reiterado ante los periodistas que él no elaboró los protocolos y que tendrían que "ser otros autores o las propias personas de la Consejería de Sanidad" los que tendrán que decir cuál fue el proceso de aprobación de los mismos".El exmiembro de Ciudadanos también ha explicado, según recoge Europa Press, que cuando conoció los textos el día 21 de marzo de 2020, se dirigió al consejero de Sanidad, en aquella época Enrique Ruiz Escudero, y a Carlos Mur, diciéndole "que si esos protocolos se aplicaban, las personas morirían de forma indigna". "Yo siempre insisto, los protocolos, para mí, tienen una componente discriminatoria clara", ha subrayado.

En cuanto a la comparecencia del testigo Juan Abarca, presidente de MH Hospitales, de su declaración se ha podido desprender que "no existieron derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control", según ha explicado el abogado de la acusación.

"Las derivaciones que hubo de residentes se hicieron previamente habiendo pasado por un hospital público. Es decir, que no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia", ha subrayado el abogado Castillo sobre la aportación de este testigo. A juicio del letrado, ha quedado confirmado que "no existía una posibilidad de derivar directamente desde la residencia a los hospitales privados".

A este respecto, desde la empresa que gestiona los centros se ha remitido un comunicado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que se señala que HM Hospitales atendió tanto a pacientes del sistema público sin aseguramiento privado, como a pacientes con seguro. "De todos ellos, casi un 25% de los pacientes atendidos en ese periodo por HM Hospitales carecían de seguro privado y vinieron de la sanidad pública", afirma la sociedad, que incide en que el grupo recibía a los pacientes de la sanidad pública que se le remitían desde las Urgencias de los hospitales públicos sin tener constancia o instrucción de que hubiera ningún tipo filtro o restricción para la atención.