Investigación
El caso de la militante del PSOE Leire Díez: un complot contra la UCO y un fiscal Anticorrupción que partió de un fraude de hidrocarburos
La divulgación de unos vídeos ha desvelado que la excargo del PSOE propuso ayuda judicial a un empresario a cambio de información sensible contra el jefe policial en las principales causas abiertas contra el Gobierno

La que fuera directora de Relaciones Institucionales y Filatelia, Leire Díez Castro / A. Pérez Meca - Europa Press

Leire Díez, una militante del PSOE que fue concejal en su pequeño pueblo cántabro (Vega de Pas) y logró la confianza suficiente del partido para ocupar un cargo directivo en Correos, protagoniza lo que parece ser un complot cuyo origen aún no está muy claro contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las principales investigaciones judiciales abiertas contra el Gobierno.
Su nombre copa los titulares desde que a principios de esta semana El Confidencial difundiera el vídeo de una reunión en el que esta mujer aparece junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la citada unidad del instituto Armado, Antonio Balas, y a un fiscal Anticorrupción. Díez se defiende señalando que es una simple periodista buscando información para hacer un libro un caso concreto de fraude de hidrocarburos.
La citada reunión tuvo lugar el pasado febrero en el despacho del abogado madrileño Jacobo Teijelo, y en ella participan varios abogados junto a Leire, además de Teijelo y su cliente Javier Pérez Dolset, fundador de la tecnológica Zed Worldwide e imputado en la Audiencia Nacional por el desvío de fondos de su empresa . Todos ellos hablan por videoconferencia con Alejandro Hamlyn, un industrial de hidrocarburos igualmente investigado por un fraude millonario que comenzaba a juzgarse precisamente esta semana --el caso Hafesa-- y que se encuentra en Dubái, de donde dice que las autoridades no le dejan salir por una pequeña deuda.
"Necesito a Balas, así de claro. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado", señala Díez en un momento de esta conversación, en la que llega a calificar a la Guardia Civil de "camorra" y a ofrecer a Hamlyn poder sentarse con la Fiscalía -incluso llevar a un fiscal a Dubái-- para solucionar sus problemas judiciales, siembre a cambio de documentos que demuestren actuaciones irregulares del instituto armado. En la reunión también reclaman al empresario otro tipo de información sensible -- "A ver, nivel político, ¿Qué tienes de nivel político?", le llega a preguntar Teijelo, según el audio del encuentro al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO-- y se llega a inquirir si Hamlyn dispone de información sobre el propio PSOE.

Lucía Feijoo Viera
De esta conversación --que al parecer no llegó a concretarse en nada-- pueden deducirse los principales objetivos de Díez, que además de Balas son Juan Vicente Bonilla --ex miembro de la UCO y actual gerente de Seguridad de la Comunidad de Madrid-- y el fiscal Anticorrupción José Grinda. Es precisamente el dueño de la tecnológica Zed el que los señala durante la reunión: "Aquí hay varios sujetos que interesan: Balas, Bonilla y Grinda. Aquí hay que ser muy concretos, hay que tener una actuación de cirujano, y con muy pocos cortes poder ser capaces de desmontar todo el entramado que tienen ahí", llega a afirmar.
Sobre el primero, parece ser el principal objetivo de la militante. El mando encabeza las investigaciones sobre los casos de corrupción en los que están implicados excargos socialistas como el exministro José Luis Ábalos, pero también la mujer (Begoña Gómez) y el hermano (David Sánchez) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Además de las expresiones vertidas por Díez contra el mando policial, este periódico también ha informado de los intentos de desprestigiar a Balas por parte de otro personaje vinculado a la trama de hidrocarburos. Se trata del empresario Antonio Rodríguez Estepa, uno de los principales investigados en el caso Gaslow que acusó al teniente coronel de "coacciones" ante la propia Fiscalía Anticorrupción, al atribuirle un mensaje en el que el empresario resultaría beneficiado si señalaba a otro agente.
En cuanto a Bonilla, su nombre aparece en el sumario de otro caso hidrocarburos --caso Gaslow-- vinculado al del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. Se señalaba que podría haber investigado al asistente del titular de Transportes antes de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara sus pesquisas sobre esta trama, si bien este extremo es negado por la propia UCO.
En cuanto a Grinda, que es el fiscal asignado al caso Zed, esta redacción informa este mismo jueves que un juez abrió una investigación para aclarar supuestas coacciones con material que habría tratado de difundir Leire Díez sobre este fiscal. Esta la causa abierta desde hace meses por run juzgado de Madrid analiza también el origen de numerosos correos que una fuente desconocida, procedente de un servidor informático ubicado en Suiza, envió en mayo de 2023 a diferentes autoridades políticas y judiciales españolas, entre ellas una diputada en el Congreso.
El propio Grinda denunció ante el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, un intento de soborno en el que le ofrecían una importante suma de dinero a cambio de cerrar diferentes causas, una de ellas el caso Zed, al que el fiscal atribuye un presunto fraude de subvenciones, insolvencia punible y el desvío de forma irregular fondos de su empresa, el grupo tecnológico Zed Worldwide.
La revelación de todos estos detalles ha movilizado a Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, tres de las organizaciones que vienen ejerciendo la acusación popular en las causas contra el Gobierno de Sánchez o personas de su entorno, que han presentado actuaciones que aún están pendientes de ser admitidas o no por la justicia
Vox ya ha presentado una querella en la que solicita que se tome declaración a los querellados y se ofrezca personación a Antonio Balas como perjudicado. Considera que los hechos pueden ser constitutivos cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. El partido liderado por Luis María Pardo también ha denunciado los hechos ante los juzgados de Instrucción de Madrid, mientras que la organización provida ha anunciado acciones penales que aún no han sido concretadas.
La publicación de los audios de la reunión de Díez con los abogados y el empresario Hamlyn ha provocado también todo un tsunami político, en el que la oposición apunta al principal responsable del PSOE, el secretario de organización Santos Cerdán, y se refiere a Díez como su "fontanera". Incluso Sumar ha pedido explicaciones al partido con el que comparte el Gobierno de coalición.
Tras unos primeros días sin hacer ningún movimiento, el principal partido que sustenta al Gobierno ha reaccionado y ha abierto un expediente a la afiliada, si bien no se ha adoptado contra ella ninguna medida cautelar. A partir de ahora, la Comisión de Ética y Garantías del PSOE intentará recabar toda la información y el testimonio de la propia militante, que por el momento ha explicado que su actuación responde a una mera investigación periodística.
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