La UE aplaza la decisión sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera ante la falta de unanimidad

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea ha vuelto a aplazar este martes la decisión sobre el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales del bloque, después de que la presidencia polaca haya constatado que no hay unanimidad para sacar adelante la propuesta de España y tras la petición de varios países de retirar la iniciativa del orden del día.

A pesar de los esfuerzos y las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los socios comunitarios, España no ha sido capaz de lograr el respaldo unánime que necesitaba para sacar adelante su propuesta, fruto del pacto alcanzado con Junts. Casi dos años después de que se solicitara modificar la legislación europea para reconocer las tres lenguas cooficiales en el Estado como idiomas de trabajo de la UE, la decisión ha vuelto a posponerse a petición de diez países, según fuentes diplomáticas.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado en TV3 que “ha habido un debate en el que veinte países ya estaban dispuestos a avanzar hacia esta unanimidad” y otros “siete Estados miembros que piden trabajar más aspectos jurídicos y financieros”. “Nadie se ha expresado hoy abiertamente en contra, si fuera así, habría decaído la propuesta”, ha añadido en Catalunya Ràdio.

Albares ha dicho que llamará a estos siete ministros contrarios para tratar de convencerlos y ha insistido en que España se ha comprometido a asumir el coste, que la Comisión cifró en 132 millones de euros anuales, y también ha aportado un informe para solventar posibles dudas jurídicas. “El tema sigue encima de la mesa”, ha recalcado.

Varias fuentes diplomáticas consultadas por EL PERIÓDICO, sin embargo, apuntan a que habrían sido al menos diez países los que habrían expresado dudas sobre la legalidad de la propuesta -entre los que destacan Alemania, Italia y Francia-, así como sus implicaciones prácticas y presupuestarias. Ninguna delegación se ha opuesto frontalmente, pero solo cuatro habrían mostrado su respaldo abiertamente a España -Bélgica, Rumanía, Portugal y Eslovenia-, con al menos una uniéndose a las peticiones de sus colegas de la necesidad de resolver las cuestiones pendientes.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, en declaraciones a la prensa, ha asegurado que España se pondrá en contacto con los Estados miembros que todavía tienen dudas. "Atenderemos todas y cada una de ellas", ha asegurado, insistiendo en que el Gobierno lo hará con la mayor celeridad posible para mantener el tema en la agenda. Sampedro ha defendido que la posición legal y presupuestaria de España es sólida, pero no ha sido suficiente para convencer a sus colegas.

El debate volverá así previsiblemente a la mesa de los ministros en el futuro, ya sea en la cita del 24 de junio o ya en septiembre. "Nuestra ambición es que esto se pueda resolver en cuanto sea posible", ha dicho el Secretario de Estado. Durante ese tiempo, España y las instituciones podrán trabajar para tratar de abordar las cuestiones que una decena de países han planteado, y por las que la presidencia polaca del Consejo ha considerado que era preferible posponer el voto.

Dudas legales

Según varias fuentes diplomáticas consultadas por EL PERIÓDICO, al menos media docena de países habían expresado sus reticencias por las posibles implicaciones legales y presupuestarias de la decisión. La propuesta del Gobierno español no ha sido suficiente para resolverlas, haciendo imposible su aprobación, y levantando varias peticiones de los Estados para que no se llegara a votar el plan español.

“Queremos saber más sobre las implicaciones legales y también las financieras”, ha dicho la secretaria de Estado para Europa de Croacia, Andreja Metelko-Zgombić, a su llegada a la reunión en Bruselas. Pero Croacia no ha estado sola. También Alemania, Finlandia, Suecia, Francia y Austria han planteado dudas al respecto. Son esas mismas dudas las que han llevado a diez países a pedir que el voto fuera postpuesto.

La ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, ha destacado la importancia de la diversidad lingüística en Europa y ha dicho estar en contacto con el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que no se ha dirigido a la prensa este martes. Plakolm, como sus colegas, ha matizado, sin embargo, que siguen existiendo dudas legales sobre la propuesta. La ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, ha preferido no especificar qué iba a votar su país, insistiendo en que es la primera discusión a nivel de ministros en mucho tiempo. “Escucharé lo que los demás tienen que decir”, ha dicho Rosencrantz, “espero una fructífera discusión”. 

Las dudas legales y la financiación, los principales obstáculos para el reconocimiento del catalán en la UE

Para Finlandia, sin embargo, no era el momento de votar. “Espero que no haya voto”, ha dicho el ministro de Asuntos Europeos Joakim Strand al llegar porque “el asunto no está suficientemente maduro”. Strand ha recordado que los servicios legales del Consejo de la UE han planteado dudas legales al respecto. 

“Sé que es un tema muy importante para nuestros amigos españoles,” ha dicho Benjamin Haddad, el ministro francés de Asuntos Europeos, y ha admitido que ha tenido varios intercambios con su homólogo al respecto: “Nosotros queremos encontrar una solución”, ha asegurado Haddad, pero debe ser una solución “de consenso” y “en el resto al derecho europeo”. El ministro ha insistido en que Francia está dispuesta a trabajar con España para encontrarla.

Varias fuentes diplomáticas explicaron a EL PERIÓDICO, antes de la reunión, que un informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE apuntaba a que "tendrían que modificarse los tratados para añadir estas tres lenguas". Reabrir los tratados, con el objetivo que sea, es una cuestión extremadamente sensible entre los veintisiete. 

De reconocerse el catalán, el euskera y el gallego, sería la primera vez lenguas cuyo uso no es de ámbito nacional son aceptadas como idiomas oficiales de la UE. Esto generaba también resistencias políticas, ya que podría sentar precedente para el reconocimiento de otras lenguas minoritarias como el bretón, el corso, o incluso el ruso, dada la importancia de la comunidad rusohablante en los países bálticos. 

Financiación

También pesa la preocupación por la financiación. El Gobierno español se ha comprometido desde un inicio a correr con los gastos extra que suponga la traducción e interpretación a estas lenguas. Un coste que la Comisión Europea estimó en un primer informe en torno a los 132 millones de euros anuales. 

A ojos de los servicios jurídicos, “el compromiso del Gobierno español de cubrir los costes financieros no es legalmente vinculante”, explican fuentes diplomáticas. A algunos países les preocupa cómo podía afectar en este sentido un cambio de ejecutivo en la Moncloa.

Buena parte de los países han destacado la importancia de preservar la diversidad lingüística del bloque, y pocos se oponían de manera frontal. Sin embargo, varias fuentes diplomáticas, han advertido de que el reconocimiento requiere “una cuidadosa preparación” y que llevar la cuestión a voto es “prematuro”. Algo que ha confirmado el resultado de la reunión.