El Gobierno de Ayuso considera la imputación de ex altos cargos por las residencias "otro ataque a un adversario político"

Un "ataque a un adversario político". Así se ha referido el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la imputación de dos ex altos cargos y un asesor en relación con los denominados "protocolos de la vergüenza" para restringir la derivación a hospitales de pacientes internos en residencias durante las primeras semanas del estallido de la pandemia de covid, en 2020. Un juzgado de instrucción de Madrid ha llamado a declarar como investigados a Carlos Mur, que era director de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020, Francisco Javier Martínez Peromingo, que sustituyo a Mur en el cargo en mayo de ese año, y Antonio Burgueño, asesor sanitario de la Comunidad de Madrid en aquellos días. La declaración, prevista este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla ha sido suspendida después de que los abogados de los investigados lo solicitaran al alegar que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones.

La imputación es ,a juicio del Gobierno regional, "otro nuevo ataque a un adversario político, que es nuestra presidenta [Isabel Díaz Ayuso]". Ha sido la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha hecho esta valoración, poco antes de que comenzaran las comparecencias de los imputados en los tribunales. "Es bastante triste ver cómo utilizan y retuercen ese dolor", ha añadido Matute.

La consejera ha señalado que ya hay 60 causas archivadas por este asunto. "Esta es otra para hacer un ruido político muy necesario porque están cubiertos de corrupción y no saben cómo desviar la atención", ha señalado Matute, quien ha apuntado a intereses espurios. "Nosotros creemos en la separación de poderes", ha dicho, "pero habrá que ver qué hay detrás de quien lo ha reabierto" sin concretar nada más.

Matute ha negado la existencia de esos protocolos. "Siempre se siguió un criterio absolutamente médico y científico. La sanidad pública y privada se juntaron para poder atender a todos los pacientes, y toda vida en la Comunidad de Madrid era valiosa", ha afirmado. "Yo lo puedo asegurar como médico en ese momento y ahora como consejera de sanidad, que tengo todos los datos". También ha asegurado que la cifra de 7.291 fallecidos que se esgrime desde la oposición y asociaciones de familiares es "falsa". Ya hace unos meses el Gobierno de la Comunidad de Madrid rebajaba ese número a 4.100 apelando a datos de Sanidad Mortuoria.

El recuento de 7.291 víctimas, que da título a un documental sobre la gestión en las residencias en aquellos días, surgió en julio de 2020, cuando infoLibre publicó un artículo en el que establecía ese número de 7.291 a partir de datos solicitados a la Comunidad de Madrid acogiéndose a la Ley de Transparencia. De acuerdo con esos datos, entre marzo y abril de 2020 fallecieron en las residencias madrileñas 9.470 personas. De ellas, 5.795 tenían covid confirmado o síntomas compatibles con la enfermedad y 3.675 murieron por causa sin aparente relación. De esos 9.470 fallecidos totales, 7.291 lo hicieron en residencias y 2.179 recibieron atención hospitalaria.

Además de criticar que se utilice "la sanidad y la vida de las personas para intentar acabar con un adversario político", la consejera madrileña ha apuntado hacia la actuación del Ejecutivo nacional durante el estallido de la pandemia. "El Gobierno central no permitió que las comunidades autónomas compraran material para que nos protegiésemos los médicos", ha señalado. "A lo mejor hubo médicos y otros profesionales sanitarios que se contagiaron porque el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad, [Salvador] Illa, en esa época no estaban pensando en proteger a los profesionales. Hasta que no pudo la presidenta [Ayuso] conseguir que la dejaran traer material, no nos llegó".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado que su partido ha solicitado personarse en el procedimiento judicial ahora abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.

"Hoy por fin comienza en los tribunales la investigación de los protocolos de la vergüenza que costaron la vida a 7.291 personas en las residencias de Madrid, los protocolos de la vergüenza del Gobierno de Ayuso. Dije que estaríamos al lado de los familiares y es lo que estamos haciendo", ha señalado en un vídeo remitido a los medios de comunicación. "Por eso estamos personados en los tribunales, y por eso les vamos a acompañar hasta el final en los tribunales, en la Asamblea de Madrid, en las calles, donde haga falta".

En un comunicado el PSOE de Madrid recuerda que también está personado y tiene recurrido ante la Audiencia Provincial el archivo de otros dos procedimientos de residencias en juzgados de Collado Villalba y de Madrid. En la causa en que se investiga a Mur, Peromingo y Burgueño y en el resto de juzgados en que se reabran actuaciones el PSOE madrileño pedirá que, junto a la investigación de la posible denegación de la prestación sanitaria por razón de discriminación a las personas mayores que no se derivaron a los hospitales en la pandemia como reclaman las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia en la demanda colectiva que ha reabierto el caso, sino que se investigue también la elaboración en sí de los protocolos como un caso de prevaricación, "al aprobarse sabiendo que podían ser ilegales y podían dar lugar al fallecimiento de esos mayores sin atención sanitaria".