Un viaje de Portnov a Kiev antes de su muerte, clave en la investigación del asesinato

Cuarenta y ocho horas de viaje a Kiev tres días antes de que le quitaran la vida. El último movimiento del abogado y político ucraniano Andriy Portnov se ha convertido en una pieza importante en la averiguación de las circunstancias que rodearon a su muerte, según fuentes próximas al caso, incluso antes de que ese viaje trascendiera públicamente a raíz de informaciones de la prensa ucraniana.

La Policía Nacional centra sus investigaciones en dos vías. Por un lado, el análisis de todo tipo de pistas, principalmente proporcionadas por videocámaras, que permitan reconstruir la huida de los autores del asesinato e identificar vehículos, si los utilizaron tras cruzar un área arbolada que flanquea al aparcamiento de la American School de Pozuelo, escenario del crimen, entre ese punto y la carretera M-503.

La otra vía, que incluye preguntas a la familia de Portnov en Madrid, es la recopilación de identidades de todos los que pudieran tener animosidad contra la víctima, así como pudieran estar en actividades económicas con él desarrolladas desde España. La causa, que de momento instruye una jueza de Pozuelo, está bajo secreto. Es en este segundo flanco de la investigación donde cobra relevancia lo que se va sabiendo del último viaje de Andriy Portnov.

Una sociedad en Moscú

Al margen del cruce de versiones y de los bulos interesados que sobrevuelan el crimen, fuentes empresariales ucranianas confirman a este diario que Andriy Portnov viajó a Ucrania, donde tenía permiso para entrar una vez extintas diversas causas judiciales que se abrieron contra él tras la revolución del Euromaidán y la caída del gobierno prorruso de Viktor Yanukóvich.

El diario Ukrainska Pravda , primero en informar sobre este viaje tras el asesinato, ha afirmado haber contrastado con tres fuentes el paso de Portnov por Kiev.

De su viaje ha de dejar el rastro ahora para la investigación en España el pasaporte PU262444 y el documento nacional de identidad ucraniano número CO168696, según las fuentes mencionadas. Ambos documentos están a nombre de Anrdriy Portnov.

El ucraniano asesinado disponía además de documentación rusa, la que adquirió desde julio de 2014, tras la revolución, y con la que pudo tramitar alta fiscal en negocios inmobiliarios y de asesoría, a través de una sociedad a la que, pese a su carácter unipersonal, se le dio nombre de grupo: AP Group. La firma está domiciliada en la calle Malenkovskaia de Moscú y pudo ser el instrumento registral con el que Portnov, como administrador único, pudo operar en promociones de un complejo de oficinas en el área de negocios de la capital rusa.

La sociedad dejó de tener actividad y pasó a proceso de liquidación sin fecha oficial que hoy sea posible contrastar. Para la legislación ucraniana, antes de la fase actual de la invasión rusa a gran escala, no era incompatible que ciudadanos nacidos en territorio ucraniano conservaran o tuvieran a la vez documentos de identidad rusos. Es frecuente en el caso de los nacidos, como Portnov, en Lugansk.

Entorno degradado

El frente de Ucrania es la máxima expresión de lo que los militares llaman "entorno degradado". Las áreas donde se combate sufren un intenso cruce de señales de guerra electrónica para mando de máquinas, señalización de objetivos, despiste de drones, engaño de armas... Algo parecido pasa con informaciones clave relacionadas con Ucrania y con Rusia. De ambos países tenía documento de identidad y pasaporte Portnov, y desde ambos países mana un grueso caudal de agitación en redes sociales y prensa para intentar colocar a Kiev o a Moscú tras el asesinato.

Una parte de esas narrativas, difundidas en canales prorrusos, señalan que Portnov habría sido recibido por autoridades del actual gobierno ucraniano, pero no han trascendido pruebas de tal afirmación, ni Kiev entra al capote para ponerse a desmentir.

En la acera contraria se ha difundido qué el ex dirigente ucraniano posteriormente asesinado viajó a Kiev para tratar de mediar para algún cliente suyo ante altos funcionarios de la administración de Justicia, la misma labor por la que fue acusado en su momento en Ucrania de manipular a jueces. Tampoco hay pruebas conocidas para este relato.

De momento, con todas las hipótesis de la investigación policial abiertas en España, la principal es la de una actuación del crimen organizado, apuntan fuentes próximas al caso. Pero, como recuerda a este diario un experto de la seguridad del Estado, en estos tiempos también los servicios secretos recurren a las mafias para encargos con los que no se les pueda conectar en el futuro.

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