El Gobierno se instala en una “guerra sucia judicial” y pasa a la ofensiva con denuncias y su plan de regeneración

La tormenta judicial arrecia a las puertas de La Moncloa. A las causas contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el Gobierno anticipando que será proceso en los próximos días, esta semana se asestó un nuevo varapalo al entorno familiar del jefe del Ejecutivo. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 Badajoz envió al banquillo al hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, y al presidente de la Diputación y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Todo ello, mientras se espera un “supuesto” informe de la UCO de la Guardia Civil que, según han avanzado algunas informaciones, implicaría en el caso Koldo al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Frente a la “estrategia de acoso y derribo”, los socialistas han dejado atrás los eufemismos para hablar directamente de ‘lawfare’ o “guerra sucia judicial” con fines políticos. “Cacería”, en palabras del portavoz en el Congreso, Patxi López, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, desliza acusaciones prevaricación. La fundación Avanza del PSOE, impulsada el pasado año por Pedro Sánchez y de la que es patrono, ha lanzado una nota editorial bajo el interrogante de “¿Una ofensiva democrática?”.

Los indicios de criminalidad que llevan al banquillo al hermano de Sánchez y otras 10 personas

La pregunta se responde describiendo una mecánica de “lawfare” contra el Gobierno e instando a “comenzar a llamar a las cosas por su nombre, y, quizás, pasar a la ofensiva”. Asentado este mensaje, el de la “guerra sucia judicial”, en Ferraz y en Moncloa han pasado a la ofensiva. Con la amenaza de emprender acciones legales frente a las “mentiras”, como han advertido esta semana Santos Cerdán y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y acelerando un paquete de reformas en el ámbito judicial y de regeneración democrática. Estas últimas se comenzaron a esbozar precisamente tras los cinco días de reflexión con los que Sánchez amagó con dimitir tras la apertura de diligencias contra su esposa.

Lejos de dimitir, Sánchez optó por salir al contraataque. Un ministro de su núcleo duro resume que desde entonces el presidente del Gobierno asumió que los “ataques” se intensificarían y “está preparado psicológicamente” para ello. Los socialistas hablan de persecución, y no se resignan solo a resistir, sino a combatirla. El próximo mes de junio está previsto aprobar en segunda vuelta en el Consejo de Ministros la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que busca limitar el “abuso” de la figura de la acusación popular. Una figura convertida, según el titular de Justicia, en una “feria de ultras”.

Esta tesis es la que justificó el cambio en los estatutos del PSOE, tras su congreso federal el pasado mes de diciembre, para establecer como excepción a la expulsión del partido en caso de apertura de juicio oral aquellos sostenidos con denuncias de la ultraderecha. Esto es, “conjugándolo con la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas”. El primero en beneficiarse, con el respaldo del partido, está siendo el secretario general del partido en Extremadura. Pertenece al sector crítico con Sánchez, pero la cúpula de Ferraz lo ha respaldado tanto para aforarse -tomando acta de diputado autonómico- como para mantener su cargo orgánico tras abrírsele juicio oral por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación a David Sánchez de una plaza de alta dirección en la Diputación de Badajoz.

Desde la izquierda de Podemos, que afrontó numerosas querellas e investigaciones para años después ser archivadas, y el independentismo, se empatiza con esta ofensiva de los socialistas, pero con la crítica de haber mirado antes hacia otro lado y reaccionar solo cuando este supuesto ‘lawfare’ les afecta a ellos. Así, el paquete de reformas legales que prepara el Ejecutivo no tienen el apoyo de los socios de investidura. Incluso Sumar tiene reticencias. Los jueces y fiscales, por su parte, han promovido un paro el próximo 11 de junio para protestar frente a las reformas que pretende acelerar el ministerio de Justicia.

La otra vía reformista tiene que ver con las medidas del Plan de Acción por la Democracia, principalmente las encaminadas a asfixiar legal y financieramente a los denominados “pseudomedios”. El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado mes de febrero el anteproyecto para adaptar el reglamento de medios de comunicación, que incluirá un régimen sancionador.

Indemnizaciones por “difamación”

En el plan anual normativo de 2025 también se ha incluido la reforma de la ley de publicidad institucional, para limitar la financiación de los “pseudomedios”, y la reforma de la ley del derecho al honor. Esta última complementará a la de derecho de rectificación, aprobada en primera vuelta el pasado mes de diciembre. En ambos casos se pretende endurecer la regulación y “actualizar los plazos de resolución de los procedimientos y los mecanismos de determinación de las indemnizaciones de quienes ven vulnerados sus derechos, para adecuarlos al dinamismo del ecosistema mediático actual y asegurar su carácter propiamente compensatorio”.

Según defienden en el Ejecutivo, se trata de permitir una respuesta ágil ante las difamaciones “en cualquier medio o pseudomedio”. Se trata de piezas de un mismo engranaje, como describía en su nota editorial la fundación Avanza: “El “lawfare”, por el que pequeñas organizaciones del más rancio derechismo español, especializadas en criminalizar la vida política, llevan a los tribunales causas endebles, que son admitidas con rapidez por algunos jueces, esparcidas por algunos medios o pseudomedios de comunicación e instantáneamente traducidas por los partidos políticos de derechas en acusaciones públicas en toda regla”.

“La trampa de la comunicación racimo”

En Moncloa intentan compasar esta ofensiva con el mensaje de que "el Gobierno se dedica a gobernar" frente a lo que tildan de "asedio". "No soportan que gobernemos, sentencian respecto a la oposición de "asedio" centrada en los casos de corrupción ahora judicializados. Confían, además en que el recurso a la "hipérbole" se acabe volviendo en contra de la oposición, avisando de no es sostenible en el tiempo porque "faltan dos años" para la convocatoria electoral. Mientras tanto, se redoblan los esfuerzos para intentar retomar la iniciativa en un contexto de debilidad parlamentaria y el foco más centrado en la judicialización de la política que en las políticas públicas. De ahí que se defienda la necesidad de “no caer en su trampa de comunicación racimo. De que me tiras diez mentiras a la cabeza para que intente desmentir nueve”.

En lo que se comienza a insistir también es en tratar de vincular los ataques al Gobierno por el hecho de ser progresista y a costa, presuntamente, de debilitar la democracia. Desde la base de un gobierno ilegítimo y tras un pacto de investidura para amnistiar el ‘procés’. Frente a ello, se defiende la reacción del Ejecutivo como una contienda para defender la democracia, en línea con el planteamiento de la campaña electoral del PSOE en las pasadas generales.

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