Tensión diplomática
Defensa mantiene los programas de cohetes para el Ejército con tecnología israelí
El lanzador SILAM de artillería de campaña y el misil antitanque Spike son dos programas clave de rearme del Ejército

Sistema lanzacohetes PULS de la firma israelí Elbit, el elegido para el programa SILAM del Ejército. / Elbit Systems

"Nostros no compramos armas a Israel. Es verdad que puede haber algunas licencias de algunos programas que pueden estarse utilizando, y que se utilizaban en programas muy anteriores", ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles en el Congreso. En el centro de ese grupo de licencias tecnológicas en marcha están dos programas clave del Ejército.
Entre los dos suman 1.001 millones de euros de inversión, y son planes para renovar capacidades demediadas o perdidas en Tierra. A pesar del alto grado de tensión diplomática entre España e Israel, en Defensa se consideran plenamente vigentes los programas de modernización del arsenal de misiles contracarro Spike y el lanzador de cohetes SILAM.
No están afectados hasta el momento -”ni tienen por qué estarlo”, arguyen preventivamente fuentes de Defensa- dos adquisiciones que el Estado no paga directamente a empresas radicadas en Israel, sino a empresas españolas, que a su vez utilizan licencias de la industria militar israelí. Ambas licitaciones son de 2023, pero con tramitaciones iniciadas antes de la actual guerra de Israel con Hamás, el 7 de octubre de aquel año, y que actualmente tiene una deriva "inaceptable desde todos los puntos de vista, una vulneración de la Carta de Naciones Unidas, de todas las normas del Derecho Internacional", ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles en el Congreso.
Se trata de un conflicto que, como recuerda un teniente coronel de Tierra que ha vivido recientemente la tensión en Oriente Próximo, “arroja el mayor porcentaje de víctimas civiles sobre bajas de combatientes que se recuerda desde la II Guerra Mundial, exceptuando la matanza de Ruanda”.
Lanzacohetes
En uno de los programas de inversión no hay compra directa de armamento, aunque sí de tecnología para las armas. Es el programa SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad), pensado para golpear objetivos a 300 kilómetros, y con el que el Ejército de Tierra trata de acabar con tres lustros de carencia de una artillería de campaña con misiles, la que perdió con la obsolescencia de las dos baterías de lanzacohetes Teruel del ahora desprovisto Regimiento de Artillería 63, de Astorga (León).
El programa SILAM implica 714 millones de euros de presupuesto, en una contrata con trámite finalizado el 15 de diciembre de 2023. La adjudicataria fue una UTE formada por Escribano M&E y Expal-Rheinmetall. Esa alianza empresarial presentó el proyecto contando con un aporte israelí para el sistema: el lanzador PULS, que fabrica en el área industrial de Haifa el emporio industrial militar Elbit Systems.
Las fuentes consultadas en Defensa no consideran que en este caso exista una importación del ministerio a Israel, sino que son las empresas adjudicatarias las que hacen esa compra. El contrato finaliza el próximo 15 de diciembre.
Defensa antitanque
El otro programa que en Defensa se considera no afectado por la tensión con Tel Aviv es la reposición de misiles Spike y sus lanzadores. El 23 de noviembre de 2023, la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa tramitó la licitación para adquirir 1.680 misiles Spike LR2 y 178 lanzadores, así como piezas para el mantenimiento.
La compra importa 287 millones de euros. Aún está en marcha. Se lleva a cabo a través de una empresa registrada en Torrejón de Ardoz (Madrid), Pap Tecnos, pero cuyos dirigentes -el presidente Eli Menachem, en el cargo desde enero pasado, según anotación del Registro Mercantil, y los consejeros Alina Maizel y Eran Ben David- actúan como subcontrata del grupo Rafael, a la que Pap Tecnos está asociada.
El motivo que se inscribió para esta adjudicación en noviembre de 2023 es “considerar que la empresa PAP TECNOS INNOVACION S.A, es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto”.

Un infante de marina lanza un misil Spike contracarro en un ejercico el pasado 23 de abril. / Armada
Contando el coste total del programa, cada misil Spike LR2 sale a 170.000 euros. Se trata de un cohete inteligente, capaz de rastrear objetivos y variar su trayectoria según se muevan. Durante su vuelo, el misil proporciona imágenes y el soldado que lo ha disparado puede decidir abortar el ataque o dejar que actúe por sí solo a hasta ocho kilómetros de distancia.
Este arma es la principal defensa contra carros de combate del Ejército. Es superior a cualquier lanzacohetes individual anticarro, incluidos los Javelin norteamericanos -cuatro kilómetros y medio de autonomía- o los Hispano que acaba de presentar la española Instalaza, con 650 metros de alcance.
Un solo proveedor
Sobre la continuidad de ambos programas se cierne la incertidumbre ahora más que nunca, pese a que ningún mensaje israelí esta semana haya hecho cambiar su previsión a Defensa. “No compramos armas a Israel -insiste, tajante, la fuente ministerial-. Los dos contratos son anteriores al conflicto”. Se considera en este caso fecha del contrato el inicio del encargo, y no la de publicación de la adjudicación.
En su momento, España compró estos misiles a la intermediaria Pap Tecnos porque, según se lee en la documentación de la licitación, “el contrato solo puede ser ejecutado por un operador económico particular debido a la ausencia de competencia por razones técnicas”.
Sobre los misiles Spike no se pronuncian las fuentes consultadas. Sobre el SILAM sí. Altos oficiales del Ejército coinciden en no poner en duda la necesidad y el valor del producto, pero sí señalan las dificultades añadidas de comprar y depender de Israel.
Difícil negociador
“Es muy complicado negociar con Israel; las transferencias de tecnología que prometen difícilmente se llevan a cabo…”, explicó este martes el coronel Carlos Calvo González-Regueral -en la reserva, que fue jefe de Estado Mayor en la Brigada Logística- en el turno de preguntas del público de una conferencia impartida en el Centro Cultural de los Ejércitos, en la Gran Vía madrileña.
Corrobora otro alto oficial del Ejército esa impresión, por ejemplo en radios tácticas encargadas a Elbit, “extraordinariamente buenas y extraordinariamente complicadas de negociar”, relata. Se refiere a negociaciones anteriores al parón que el sistema de comunicaciones por radio E-Lynx está sufriendo por el veto político a compras en Israel, y que pilla por medio a las firmas españolas Telefónica y Aicox.

Margarita Robles, ministra de Defensa, maneja un joystick de un simulador en la feria internacional de la defensa FEINDEF el pasado 12 de mayo / José Luis Roca
Hoy, en el programa del lanzacohetes español SILAM en Defensa se considera “insustituible” el lanzador israelí PULS, pero en 2022, cuando se decidió iniciar el proyecto, el Ejército manejó otras alternativas: fabricar un sistema de misiles de artillería de campaña con un consorcio europeo -se consultó con Everis, la francesa Nexter y firmas alemanas-, o comprar los lanzadores brasileños Astros.
Ambas alternativas se desecharon, y Defensa optó por crear un sistema español… pero con tecnólogo israelí.
Contrato suspendido
Antes de los programas Spike y Silam, las compras a Israel de material para la defensa en los últimos doce años no han sido demasiado significativas: 380 millones de euros, si bien “en tecnologías muy críticas para la seguridad nacional, de guerra electrónica, comunicaciones…”, apuntó el coronel en su conferencia.
Posterior al inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza tras el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023 es una compra suspendida por Defensa. En noviembre pasado se adjudicó a IMI (Israeli Military Industries) por 2,2 millones de euros el suministro de un programador M339 SETTER para espoletas de la munición de 120 mm de los carros Leopard.
Actuaba como intermediaria Guardian Homeland Security, la misma empresa que negoció la interrumpida compra de munición para la Guardia Civil, que le ha costado una desautorización al ministro del Interior. El proceso fue suspendido por Defensa en el mismo momento de la adjudicación.
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