Las acusaciones piden 3 años de cárcel para el hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño por prevaricación y tráfico de influencias

Un paso procesal decisivo en el caso. Las acusaciones populares personadas en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno han presentado este miércoles su escrito de acusación provisional, en el que solicitan para David Sánchez la pena de tres años de cárcel y multa de 32.400 euros a lo que habría que sumar el doble de lo obtenido en sus puestos en la Delegación, además de la inhabilitación durante al menos 6 años para ocupar cargo público, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La misma pena de prisión y multa, y por los mismos delitos, se solicita para el líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, para quien la inhabilitación ascendería hasta los 15 años.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las acusaciones populares personadas bajo la dirección de Manos Limpias (junto con Hazte Oír, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox) señalan que la instrucción de la jueza Beatriz Biedma ha podido acreditar que el músico, "teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé, pues el puesto era para él".

Agrega que "pese al ilegal nombramiento", David Sánchez "no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente, sin embargo, ello no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado". Además, habría utilizado sus influencias en la Diputación de Badajoz para obtener, beneficios propios, en primer lugar que se le nombrase coordinador de los conservatorios y más tarde, siendo ya empleado público, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales hasta tal punto que al amparo de un cambio de nomenclatura se le creó ilegalmente un nuevo puesto de trabajo, el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "sin pasar por los trámites y controles reglados para ello, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera".

El exasesor en Moncloa

La petición de penas afecta también a otros ocho cargos de la Diputación y al que fuera asesor en Moncloa Luis Carrero, para el que solicitan un año y medio de prisión por un delito de continuado de tráfico de Influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa. Reclaman también las acusaciones que Carrero y Sánchez devuelvan a al Diputación los salarios que obtuvieron de la Diputación más los intereses correspondientes.

En su escrito argumentan que el hermano del presidente del Gobierno consiguió que esta persona, "que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven" para la administración provincial extremeña, "fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho". Con ello Carrero también "consiguió acceder a un Puesto creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la forma de provisión de comisión de servicios".

Sobre Carrero el escrito también dice que "habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el señor Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al Puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas".

Papel de Gallardo

En cuanto al presidente de la Diputación, las acusaciones le reprochan que ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección --que en toda la Diputación oscila entre 10 y 19 personas según las declaraciones de los testigos-- conocía las circunstancias del puesto que iba a ser destinado a David Sánchez y "participó directamente en los hechos".

Así, detallan que "era informado de todas las necesidades de personal y puestos que iban a crearse, como así lo demuestra el correo que le envió la directora del área de cultura y también procesada Elisa Moriano el 5 de octubre de 2016, y al que contestó “me parece que pedís mucho personal”, cuando en dicha relación aún no estaba incluido el puesto del hermano de Sánchez. Además, de los correos de David Sánchez se deriva, según las acusaciones "que tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana", a lo que se suma que "al menos consintió" el aparente cambio de nomenclatura del puesto del músico "sin pasar por los trámites legales para ello".

Finalmente, las acusaciones reclaman que se declare nula la convocatoria de oferta de empleo público para la plaza de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios que a su juicio se creó para el hermano del presidente del Gobierno, así como la modificación que se realizó creando el puesto de Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas y la convocatoria para el puesto que acabó ocupando Luis Carrero.

El resto de procesados son Elisa Moriano y Cristina Núñez, directora y diputada de Cultura en 2016 y 2017, respectivamente --ambas ya fuera de la institución-- y el miembro de la inspección Félix González, para las que se piden penas de inhabilitación durante 15 años y multa. Para otros cargos, como son la directora del área de Recursos Humanos Juana Cinta, y los también trabajadores de la Diputación Emilio Parejo y Francisco Martos, que firmaron la propuesta de modificación del puesto para el hermano de Sánchez, se piden un año seis meses de prisión, además de multa del duplo del beneficio obtenido por Sánchez al otorgársele el puesto. La misma pena para los responsables de Cultura Ricardo Cabezas y Manuel Cantalija.