El Supremo, emplazado a seguir rastreando en Moncloa el rescate de Air Europa: acusaciones piden que SEPI aclare el papel de De la Rocha

"¿Qué pintaba allí?" Durante la sesión del control en el Congreso del pasado 7 de mayo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, inquirió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la presencia de Manuel de la Rocha, principal asesor económico del presidente Pedro Sánchez, en una de las reuniones clave del Consejo Gestor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el rescate de Air Europa. Los de Núñez Feijóo, que lideran la acusación popular en la causa que investiga al exministro Jose Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, pretenden que la justicia les termine aclarando esta incógnita, y por ello han emplazado al instructor Leopoldo Puente a requerir determinada documentación al respecto.

Según el escrito presentado el pasado jueves ante la Sala de lo Penal del Supremo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, requieren la aportación a la causa de las actas del Consejo Gestor relativas al expediente de solicitud de ayudas de la compañía aérea de los Hidalgo, que terminó alcanzando los 475 millones de euros. Argumentan que son relevantes "para poder dar contexto a los mensajes incautados y que han sido analizados por la UCO" en relación con otros investigados, como son el comisionista Víctor de Aldama, que estuvo a sueldo de Globalia para realizar gestiones en el Ministerio de Transportes, y el asesor de Ábalos Koldo García.

Concretamente, quieren conocer las invitaciones cursadas por el Presidente del Consejo Gestor para Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, y para Manuel de la Rocha, director general de asuntos económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Igualmente, consideran de interés que el magistrado pudiera analizar el expediente completo sobre la adjudicación, de forma concreta la solicitud realizada por Air Europa, los requerimientos de subsanación a dicha solicitud "si los hubiere" y los informes tanto jurídicos como financieros y de viabilidad.

El juez ve posibles vejaciones en algunos mensajes de Koldo a su exmujer y abre una investigación

Recuerdan que según el acuerdo del Consejo de Ministros que reguló el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, en julio de 2020, este fondo fue gestionado a través de SEPI por un Consejo Gestor, a quien correspondía el análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución de las solicitudes. Según dicha norma, el Consejo Gestor está formado por un Presidente, por vocales y un secretario, si bien los vocales del Consejo Gestor pueden delegar su intervención en un representante de su Ministerio con rango mínimo de Director General. "En la norma se prevé la asistencia de un representante del Ministerio concernido por la ayuda a la solicitud del Presidente del Consejo Gestor, fuera de esos casos, no está prevista la asistencia de ninguna otra persona", advierten las acusaciones en su escrito

Tribunal de Cuentas

Igualmente, las acusaciones advierten al juez que hay que tener en cuenta que el informe del Tribunal de Cuentas apunta que, en mitad de la pandemia, las solicitudes de apoyo recibidas por la SEPI ascendieron a setenta y cuatro, correspondiendo seis a líneas aéreas, siete a ingenierías, once al sector de servicios, dieciocho a empresas industriales y treinta y dos al sector turístico, por un importe total de 5.392,7 millones de euros, siendo su cuantía media de 72,8 millones.

Con respecto a Air Europa, el Tribunal de Cuentas apuntó que presentó su solicitud 8 días antes de la segunda, Duro Felguera, y 12 días antes que la tercera, Plus Ultra, y que su importe fue con diferencia el más elevado. Sin embargo, su plazo de tramitación fue el más corto, 75 días frente a una media de 355 días. Por esta razón, quieren que el juez del Supremo indague también si a otras reuniones del Consejo Gestor también acudió el asesor De la Rocha o solo lo hizo en el caso de Air Europa, y que informe qué empresa y en qué cuenta bancaria se recibieron los importes liberados por la SEPI en el expediente de Air Europa.

Además, las acusaciones consideran "fundamental" la declaración de Pedro Saura García, secretario de Estado de Transportes en el periodo en el que Ábalos fue ministro, "dado que su cargo y funciones le convierten una persona que puede arrojar luz en la investigación que se está llevando a cabo".

Batería de diligencias

Pero el escrito presentado por el letrado del PP alude a otra importante batería de diligencias que también se refieren a la contratación de Claudia Montes, una joven que mantuvo una relación con el exministro Ábalos y a quien se facilitó trabajar en la empresa pública Logirail. Las acusaciones piden expresamente que se llame a declarar al expresidente de Renfe Isaías Taboas, al director gerente de esta empresa, Óscar Gómez, y a los superiores de Claudia en su día a día laboral.

Otro bloque de peticiones va dirigido a impulsar la investigación relativa al uso por parte de Ábalos del chalet en La Alcaidesa, en Cádiz, que le habría sido facilitado por la empresa Have Got Time, cuyas responsables son socias de Aldama y están imputadas junto a él en otra causa en la Audiencia Nacional por fraude millonario de IVA en compra-venta de hidrocarburos. 

En este capítulo, las acusaciones solicitan que se llame a declarar a la ex mujer de Koldo, Patricia Úriz, por su presunta participación en este asunto, así como del ex director de gabinete de la que fuera ministra de Industria Reyes Maroto (Juan Ignacio Díaz Bidart) en relación con las reuniones que se mantuvieron para que los socios de Aldama obtuvieran el permiso para operar en el campo de los hidrocarburos, un asunto en el que ven indicios para implicar también a Ábalos.

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