El PP logra el apoyo de Junts para llevar al Gobierno y al Congreso ante el TC por suprimir enmiendas de la ley de desperdicios

Lo que hace un año era una anomalía democrática se ha terminado convirtiendo en algo habitual. El PP ha activado este miércoles en el Senado dos conflictos de atribuciones contra el Congreso y el Gobierno para llevarlo ante el Tribunal Constitucional por unas enmiendas ya introducida en la ley de desperdicios y que la Mesa de la Cámara Baja eliminó sin permitir su debate. Además, en este caso, la cuarta y quinta iniciativa de este tipo que impulsan los populares en lo que va de legislatura, los conservadores han contado con el respaldo de Junts y la abstención de la mayoría de socios habituales del Ejecutivo.

"No es ya que este Gobierno malviva sin el Parlamento, es algo mucho más antidemocrático, [Pedro] Sánchez gobierna contra el Parlamento", ha denunciado el coportavoz del PP en la Cámara Alta, Antonio Silván. La polémica que denuncian los populares se originó cuando el Gobierno hizo uso de su prerrogativa constitucional y vetó una serie de enmiendas presentadas por PP, ERC y Junts a la ley de desperdicio alimentario alegando que modificaban los ingresos presupuestarios en 1.000 millones de euros. Sin embargo, la Mesa del Senado, con mayoría popular, aseguró que el veto no estaba justificado y permitió el debate y votación de las enmiendas.

El choque en la Ley de Desperdicio Alimentario lleva a PP y Junts a tumbar la Agencia de Salud Pública

Así, el Senado terminó aprobando ambas modificaciones -una del PP para rebajar el IVA de los alimentos básicos al 2% y otra de ERC y Junts para ampliar la vida útil de las plantas de purines- y envió la ley al Congreso para su visto bueno definitivo. En este punto, el Gobierno volvió a mostrar su rechazo a las enmiendas y la Mesa de la Cámara Baja, aquí con mayoría de PSOE y Sumar, tomó la decisión de retirarlas del texto al entender que el origen del conflicto estaba en la decisión del Senado de levantar el veto del Ejecutivo.

Críticas coincidentes

Los conservadores protestaron en el pleno del Congreso e intentaron aplazar el debate. Sin embargo, los socialistas se negaron. A modo de represalia, PP y Junts tumbaron la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Ahora, los populares quieren elevar la cuestión al Tribunal Constitucional. Por un lado, acusan a la Mesa del Congreso de haber "mutilado" el texto aprobado por el pleno del Senado careciendo "de toda competencia" y recalcan que fue una "excéntrica decisión" y un "disparate jurídico". Y al Gobierno le hacen responsable por haber presentado veto a las enmiendas una vez que ya formaban parte del texto legislativo.

Al contrario de las anteriores ocasiones, el PP ha contado con el respaldo de Junts. El parlamentario posconvergente Joan Bague ha denunciado que aceptar estas prácticas por parte de la Mesa del Congreso sería validar un "desequilibrio" muy a favor del Gobierno. Además, ERC, PNV, EH Bildu y los senadores del gupo de Izquierda Confederal, donde están entre otros Más Madrid, se han abstenido. El senador republicano Jordi Gaseni ha sostenido que el veto por parte del Gobierno fue "un error político mayúsculo", aunque fuentes de la formación explican que no podían votar a favor porque los conservadores usaran el conflicto de intereses para intentar echar por tierra la ley de amnistía.

Los socialistas apenas han conseguido encontrar argumentos para defender la decisión de sus compañeros en el Congreso. El senador del PSOE Antonio Magdaleno se ha limitado a señalar que el PP fue quien incumplió la Constitución al rechazar el veto del Gobierno que está recogido en el artículo 136 de la Carta Magna y que, por tanto, la Mesa del Congreso tuvo que enmendar esa decisión.

Los pasos siguientes

Con el conflicto ya aprobado, el Congreso y el Gobierno tendrán un mes para responder al Senado y después el Senado ya podrá elevar la cuestión al Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías tendrá también sobre la mesa una iniciativa del mismo tipo, pero en este caso iniciada por el Ejecutivo contra la Cámara Alta por haber rechazo el veto que quisieron aplicar a las polémicas enmiendas.

Además, estos tres choques se suman a los dos aprobados en los últimos meses. Uno por la ley que benefició a presos de ETA y que los conservadores aseguraron haber vetado en el Senado pese a que incumplieron todos los procedimientos marcados en el reglamento de la Cámara Alta y otra por una modificación realizada por la Cámara Baja en una ley tras ser aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado.