Demanda
El rey emérito demanda a Revilla por injuriarle desde "mayo del año 2022" y le reclama 50.000 euros
Le emplaza a un acto de conciliación en los juzgados de Santander y le pide que rectifique públicamente
Se trata de una iniciativa personal a través de sus abogados privados, sobre la que la Casa Real no ha sido consultada

Europa Press

El rey emérito Juan Carlos I ha emprendido acciones civiles contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla por lo que considera son expresiones injuriosas que viene vertiendo contra él desde mayo de 2022 a través de sus intervenciones en diferentes medios de comunicación. Se trata una iniciativa personal a través de sus abogados privados, sobre la que la Casa del Rey no ha sido consultada, según las fuentes consultadas por este diario.
Le reclama una indemnización de 50.000 euros que, de obtenerse , "serán donados íntegramente a Cáritas España y le emplaza a un acto de conciliación con carácter previo a la correspondiente demanda, ante los Juzgados de Primera instancia de Santander, instando que rectifique públicamente de sus expresiones, según las actuaciones emprendidas por la abogada Guadalupe Sánchez, experta en este tipo de acciones civiles, a la que ha designado su defensa en este asunto.
En la nota de prensa en la que se informa de estas acciones no se citan medios ni las expresiones concretas que se consideran difamantes, pero el hoy diputado en el parlamento de Cantabria es habitual en programas de la Sexta y también de espacios como El Hormiguero de Antena 3, en los que se ha referido al rey emérito como "apátrida fiscal" o ha afirmado que "los españoles le pagábamos las amantes".
En la nota hecha pública por su abogada se citan "declaraciones realizadas públicamente por Don Miguel Ángel Revilla Roiz antes distintos medios de comunicación entre los meses de 2022 y enero del año 2025 en las que calumnió gravemente" al rey emérito y se refirió a él empleando "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor" que establece el artículo 18.1 de la Constitución Española.
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