Ayuso recurre ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados

Apenas una hora después de que se conociera el acuerdo entre el Gobierno y Junts para una modificación de la Ley de Extranjería que establecía nuevos criterios para repartir por comunidades a los menores migrantes no acompañados, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya aseguraba que la llevaría a los tribunales y a la Unión Europea y hoy lo ha oficializado. El Ejecutivo regional ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por el Real Decreto ley 2/2025 con estos cambios aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo.

El Consejo de Gobierno ha dado instrucción hoy a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para interponer el recurso, según ha informado al término de la reunión el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, y ha señalado la propia presidenta regional en la red social X. "Entendemos que este real decreto ley vulnera distintos preceptos y principios constitucionales e invade competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas", ha asegurado García Martín.

En primer lugar, se argumenta desde Sol, el real decreto entra en una materia transferida a la Comunidad de Madrid como es la asistencia social, protección y tutela de menores de edad. La recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas, se incide, aunque no es el único argumento que se maneja.

En el Gobierno de Ayuso se apunta también a los propios menores, cuyos derechos fundamentales se vulneran, se afirma, "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia". Además, se entiende que el texto es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones. "Lo que se está haciendo", ha subrayado García Martín, "es arbitrario, porque, no es pactado con las comunidades autónomas. Se ha pactado con un partido político independentista que lo que quiere es que Cataluña no vayan inmigrantes y que sí que vayan a otras regiones".

El número de menores que tendrá que acoger cada autonomía aún no se conoce, pero Junts distribuyó su propio cálculo al dar cuenta del acuerdo y planteaba que de los 4.400 menores que viajarán de Canarias y Ceuta a la Península, Cataluña recibiría una veintena y Madrid alrededor de 700.

La Comunidad también aborda en su recurso el aspecto económico de la medida. El Gobierno ha previsto 100 millones de crédito para financiar la acogida, una cantidad que no se cierra a ampliar. Desde Madrid, no obstante, se afirma que no se garantiza la aportación económica para atender "con garantías" a los menores, lo que vulnera, a juicio del ejecutivo madrileño otro principio constitucional, el de la autonomía financiera de las regiones.

Finalmente, se denuncian cuestiones formales, como la utilización de la figura de real decreto ley para una cuestión que, asumen, debería ser objeto de una ley orgánica, o la justificación de la urgencia, cuando, asegura García Martín, España lleva sumida en el "caos migratorio" los más de seis años que lleva Pedro Sánchez en el Gobierno.

El portavoz regional ha insistido en que el sistema de acogida madrileño está sobresaturado, al 150% de su capacidad, aunque el Gobierno de la Comunidad no ha comunicado el número de plazas de que dispone su red. "Pero el debate no está en dónde van a venir los menores sino en qué va a hacer el Gobierno central para poner freno a la llegada de menores. No deberíamos estar hablando de reparto sino de control", ha remachado.