Por petición de las asociaciones
El Congreso fijará unas normas básicas de comportamiento ante el señalamiento a periodistas
El texto fija como infracciones el colarse en despachos de diputados, insultar o atacar la "dignidad" de las personas

Una imagen de la fachada del Congreso. / EP

Todos los partidos políticos, a excepción del PP y de Vox, han registrado una iniciativa para reformar el reglamento del Congreso y establecer un código de conducta con el objetivo de "garantizar" la labor periodística ante la "persecución" que ha denunciado la Asociación de Periodistas Parlamentarios por parte de personas acreditadas en la Cámara Baja. El texto establece una normativa y una serie de "reglas de cortesía parlamentaria" cuyo incumplimiento podrá suponer la suspensión o retirada de la acreditación periodística.
En los últimos años, distintas personas acreditadas como profesionales de la información se han dedicado a boicotear las ruedas de prensa de los portavoces, saltándose los turnos de preguntas e interrumpiendo respuestas, y han insultado a periodistas que estaban realizando su labor profesional en el Congreso. Además, estos activistas han llegado a amenazar a través de las redes sociales con difundir información confidencial de los representantes de los medios de comunicación.
La reforma del reglamento, largamente exigida por las distintas asociaciones de periodistas, establece la prohibición de hacer grabaciones sin estar acreditado para ello y la obligación de respetar "las reglas de cortesía parlamentaria y las directrices e instrucciones que acuerde la Mesa". Así, se establece como infracciones el acceder a zonas ajenas a los espacios acotados para periodistas, como despachos o zonas de reunión de diputados, sin autorización; interrumpir las ruedas de prensa; la publicación de imágenes obtenidas en contra de la norma; el "proferiri insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de las personas" o la grabación de imágenes o audios con dispositivos ocultos.
Dependiendo de la gravedad de la infracción, esta supondrá una amonestación, la suspensión de la acreditación de entre 10 diez días y tres meses o, si es muy grave, entre tres meses y cinco años o su revocación definitiva. En todo caso, la sanción se aplicará a la persona que cometa la infracción y el resto de personas de ese medio de comunicación mantendrán su acreditación.
Fuentes de los distintos partidos que han registrado la iniciativa explican que estas medidas han sido acordadas con las asociaciones de periodistas y que durante el trámite parlamentario el texto permanecerá abierto para que se introduzcan las enmiendas que se consideren necesaria.
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