"La jueza de la dana enseña las cartas pero da seguridad jurídica a los imputados"

"La jueza enseñas las cartas pero da seguridad jurídica a los imputados", asegura sobre la investigación de la dana en Valencia un magistrado en ejercicio, una toga de dilatada trayectoria, sobre los autos de su homóloga de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de la localidad de Catarroja. La decana de los juzgados de este partido judicial investiga desde el 29-O (estaba de guardia) los fallecimientos provocados en su jurisdicción. Y el 31 de enero comunicó su predisposición (otros 20 juzgados de diez partidos judiciales habían abierto diligencias) de asumir la investigación por las 228 muertes y un número por ahora indeterminado de heridos para determinar si hubo algún responsable penal.

En estos dos meses ha dictado autos contundentes, próximos y empáticos con las víctimas de la dana y sus familias (en las antípodas de la instrucción de otras causas como las del accidente del metro). Y que desmontan las tesis del "apagón informativo" en el que la Generalitat de Carlos Mazón intenta sacudirse la responsabilidad sobre la gestión de la emergencia del 29-O. Y que para la jueza, según sus autos, recaía en la Generalitat, que contaba con la suficiente información y fue la que envió a las 20.11 horas el mensaje del Es Alert "tardío y erróneo". Las críticas han arreciado contra ella por la contundencia del auto en el que citaba a declarar como investigados (aún sin fecha) a la exconsellera y al exsecretario autonómico responsables de las emergencias el 29-O. Por ello Levante-EMV ha recabado su opinión a cinco juristas en activo (dos miembros de la judicatura, uno de la fiscalía y y dos de la abogacía) para que valoren los autos de la jueza de la dana.

Alaban la empatía de la jueza

"La magistrada enseña muchos las cartas, pero está bien que por seguridad jurídica lo haga en un auto de imputación. Es lo que prescribe la Lecrim (ley de enjuiciamiento criminal) desde 1882. Desde que haya indicios, dictar auto de procesamiento para que la persona acusad se pueda defender", señala una de las personas de la magistratura en ejercicio consultadas por Levante-EMV. Y que también aplaude la empatía de la magistrada hacia las víctimas, que algunos ven, incluso, como motivo de recusación. "La protección a la víctima es una de las funciones del proceso. No veo que haya hecho nada que sea tachado de nulo, ni muchísimo menos. Las defensas se agarrarán a eso, claro ¿qué van a decir? Ser empático con las víctimas no está penado en el derecho español", zanja.

Por el contrario, una abogada, experta en absoluciones complicadas y en los recovecos del derecho procesal, sí señala que echa en falta "más fundamentación jurídica en la investigación a [Salomé] Pradas y [Emilio] Argüeso. ¿Por qué ellos sí y no el resto de querellados de la conselleria?", se pregunta. "¿Si la competencia es autonómica, por qué unos sí y otros no?", se pregunta la abogada respecto a la decisión de no citar a subordinados de Pradas y Argüeso en las competencias de Emergencias. "Yo pediría que lo aclarara en un nuevo auto y juntaría a todas las acusaciones populares bajo una misma dirección letrada", sugiere.

Otro magistrado tampoco considera que la jueza de Catarroja haya dictado un auto más de procesamiento que de investigación o de citación en fase inicial. "No creo que se pueda considerar un auto de procesamiento [propio de finales de la instrucción, como critican desde PP o Vox a la jueza]. Otra cosa es que pueda molestar en el ámbito político. El auto es correcto jurídicamente desde las premisas que actúa la magistrada, no creo que haya extralimitación", señala otro representante de la magistratura. "La ley de protección civil dice que la competencia en una actuación de emergencia para proteger a la población y adoptar medidas preventivas le corresponde a la consellera de emergencias, que es la que tiene el mando único. No lo tiene el Gobierno central, ni una comisión de coordinación como el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado)".

Desde la Fiscalía, con un papel hasta ahora discreto en esta instrucción pero que ha mostrado su apoyo a la magistrada, sí aportarían la necesidad de acotar cómo y en qué circunstancias se produjo cada uno de los 228 fallecimientos. Porque la "causalidad" entre los responsables de las decisiones en la emergencia y cada una de las muertes será la clave de la investigación", apunta uno de los representantes de la magistratura.

"El quid jurídico del auto es cuando la jueza apunta a la ‘inactividad patente de la administración autonómica’", apunta otro experimentado representante de la abogacía. "Para mí es clave la frase de la jueza ‘no era necesario contar con el asentimiento o conformidad de hasta 29 personas que integraban el Cecopi. Simplemente tomar la decisión de avisar a los ciudadanos que podían verse afectados’".

Sobre la posible responsabilidad del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este último letrado destaca que "el aviso no era competencia de Mazón". Pero uno de los magistrados sí apunta a que uno de las decisiones del presidente valenciano podría ser penalmente relevante según la "doctrina del incremento del riesgo: declaraciones públicas que en lugar de alertar para que se pongan a salvo o salvaguardar el riesgo, dices que el riesgo disminuye cuando estaba aumentando". Como sucedió con el vídeo en el que Mazón aseguraba, en rueda de prensa a las 11.47 horas, que "según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad". Un vídeo que después borró de sus redes sociales.