Sánchez fisura el bloque de los países frugales y atrae a Finlandia a su propuesta para financiar con deuda el gasto en defensa

Pedro Sánchez apuesta por las transferencias y la emisión de eurobonos, como durante la pandemia, para afrontar el aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB con la menor afectación posible a las arcas públicas y salvar el Estado de bienestar. Una propuesta que también apoya Francia, pero que se encuentra con el rechazo de partida de los países frugales, entre los que habitualmente se sitúa Finlandia. Hasta ahora. El jefe del Ejecutivo ha logrado fisurar el bloque del no, atrayendo a sus posiciones al primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, con quien se reunió esta mañana en Helsinki. "Estamos abiertos a distintos tipos de instrumentos, por eso hemos cambiado nuestra posición tradicional", explicó Orpo en rueda de prensa conjunta con Sánchez.

El encuentro de este miércoles ha dado frutos, pues según el propio Orpo, si "el pasado de Europa ha sido frugal", en estos momentos deberá "abrirse a la financiación" para la seguridad. El plan de rearme, añadió, "necesita un refuerzo económico también", aun sin concretar pero asumiendo que hay un debate en la UE y que se deberán tomar decisiones "a lo largo de la primavera". Sánchez ha dado por hecho su apoyo, y se ha referido a un nuevo instrumento financiero. "Debemos pensar no solo en préstamos, sino también en subsidios". Su baza para conseguir más apoyos es que no se vea como una inyección solo a los países del sur, más endeudados, sino a los del flanco oriental. "Igual que durante la crisis del covid, para los que se vieron más perjudicados".

El Gobierno solo llevará al Congreso un envío de tropas a Ucrania y lo sorteará para subir el gasto en defensa

“Mi propuesta compartida por Orpo, es que debemos plantearnos que la defensa y la seguridad son bienes públicos europeos y para ello hacen falta recursos comunes”, subrayó el jefe del Ejecutivo. El primer ministro finlandés ratificó en esta línea que debe acudirse a los “fondos comunes de la UE en todo aquello que afecte a la UE”, como es el caso de la seguridad ante la amenaza expansionista de la Rusia de Vladímir Putin y la situación en Ucrania.  

Además de la financiación, con instrumentos que sorteen en la medida de los posible la afectación presupuestaria nacional, el jefe del Ejecutivo apuesta por computar como gasto en defensa otras partidas con un enfoque securitario. Más allá de la mera inversión armamentística. La pregunta más importante no solo es el porcentaje del PIB a invertir, dijo tras reiterar que "estamos preparados para cumplir con nuestro objetivo de llegar al 2%", sino definir "dónde están los retos y que capacidades necesitamos para enfrentarnos a los mismos". En este sentido señaló que "una amenaza común de Finlandia y España es la ciberseguridad".

El cómputo de estas partidas, como la ciberseguridad y la IA como inversión en defensa, es otra de las propuestas por las que Sánchez batallará en el seno de la UE y buscan adecuar los compromisos de España a su realidad, además de a las dificultades parlamentarias del Gobierno. Un enfoque en el que Sánchez ha atraído también a Finlandia. "Le agradezco que entienda el planteamiento de la seguridad 360", dijo Sánchez tras asegurar que junto a otros países como Portugal se ha trabajado en un texto oficioso para poner el foco en la amenaza del flanco sur, además del este. Esto permite a España empujar en la lista de prioridades los instrumentos para combatir las amenazas por la situación del Sahel, como cooperación o lucha antiterrorista.

Créditos del BEI

El jefe del Ejecutivo viajará este mediodía a Luxemburgo, para mantener sendos encuentros con el primer ministro, Luc Frieden, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la exvicepresidenta primera del Gobierno español Nadia Calviño. Sánchez pretende explotar todos los mecanismos a su alcance para evitar que el aumento del gasto en Defensa afecte a los presupuestos y blindar así el Estado de bienestar, como es el caso de la línea de financiación de créditos del BEI.

Sánchez y Orpo ya comenzaron a dibujar su frente común, junto con otros 18 países de la UE, para solicitar el pasado 31 de enero al Banco de Inversión Europeo (BEI), que se puedan financiar más proyectos de seguridad y defensa y explore la posibilidad de emitir deuda, ante la “crucial” necesidad de reforzar la base industrial militar comunitaria. A través de una misiva conjunta, se señalaba que “el BEI debe seguir explorando nuevas vías para desempeñar un papel aún más destacado en la financiación de inversiones y el apalancamiento de financiación privada para el sector de la seguridad y la defensa”. Unos pasos que la institución liderada por Calviño ha confirmado en los últimos días.

Frente doméstico

En la política doméstica, a la división dentro del espacio de Sumar, con oposición de Izquierda Unida y Compromís, se suma el cuestionamiento de otros grupos como ERC, EH Bildu o BNG, aunque con diferentes matices. Frente a este escenario, Pedro Sánchez trata de acercar posiciones con el compromiso de que no habrá recortes en servicios sociales, como le garantizó a Yolanda Díaz durante una larga reunión de dos horas este martes, y de que se peleará en el marco europeo por rebajar la afectación presupuestaria, a través de transferencias o mutualización de la deuda. El Gobierno aboga además por computar partidas que no sean estrictamente armamento, como la cooperación, la ciberseguridad o la IA.

Otra de las bazas del Gobierno para aplacar los costes del pacto en Defensa pasa por apelar a que se mire el gasto en defensa en "términos absolutos". Esto es, el cómputo general, en lugar del porcentaje de PIB. Como vienen insistiendo desde Moncloa, España es el décimo contribuyente en presupuesto de la OTAN y desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha incrementado en un 10%. Todo ello, teniendo en cuenta que por el crecimiento económico del país en los últimos años, cada décima de incremento ha pasado de suponer algo más de 1.000 millones, cuando se ratificó este compromiso en la cumbre de la OTAN de 2014 en Gales, a unos 1.500 millones.