Revelación de secretos
El juez que investiga al fiscal general insiste en pedir a WhatsApp y Google sus mensajes ante su "falta de colaboración"
El magistrado que investiga a Álvaro García Ortiz rechaza los recursos contra el envío comisiones rogatorias a las operadoras

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, durante su comparecencia en el Senado. / José Luis Roca

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado por un posible delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado los recursos presentados contra el envío comisiones rogatorias a WhatsApp y Google para tratar de recuperar los mensajes que Álvaro García Ortiz eliminó de sus dispositivos móviles y que podrían aclarar los hechos investigados, relativos a la presunta filtración de un correo en el que la defensa del empresario admitía la comisión de delitos fiscales de cara a buscar un pacto con Fiscalía que le evitara el juicio.
La diligencia, que aún no ha recibido respuesta, fue instada por el magistrado instructor el pasado 20 de enero, y fue recurrida tanto por la Abogacía del Estado que representa al fiscal general como por una de las acusaciones populares, la que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). En el auto que ha dado a conocer este jueves, Hurtado responde que si "ha sido necesario librar las respectivas comisiones rogatorias, solo se debe a la falta de colaboración del investigado", y añade que por esta razón se pretenda evitar la práctica de" unas diligencias que vienen a suplirlas". "De lo que se trata es de recuperar una información que existiera en dispositivos móviles utilizados por el investigado, que ha podido hacer desaparecer", insiste en su resolución.
Además desestima el argumento del fiscal general de que el auto por el que acordó la mencionada comisión rogatoria carece de "la motivación mínima e imprescindible que permita comprender las razones de la decisión". Defiende que la medida es "razonable y coherente" y rechaza a su vez el reproche de García Ortiz de que no determinara el marco temporal de la investigación.
"Basta con que recordemos que ha sido la propia actuación del investigado, al haber hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos, la que ha dado lugar a que la medida que se cuestiona haya tenido que ser adoptada", insiste el magistrado.
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