El PP prepara una cruzada contra el acuerdo migratorio: “Le dan rango de Estado a Cataluña”

El PP esperaba el acuerdo migratorio entre PSOE y Junts, la última condición que había puesto Carles Puigdemont encima de la mesa para retirar la iniciativa de la cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez. “Veremos qué es lo que pactan” decían dirigentes conservadores en las últimas semanas. Los servicios jurídicos del partido estuvieron toda la jornada del martes analizando pormenorizadamente la proposición de ley firmada por socialistas e independentistas y en el partido avanzan que si el texto se aprueba darán la batalla en los tribunales. Fuentes de Génova sostienen que esta cesión de competencias, que figura como “delegación” a lo largo de las 32 páginas, concede “rango de Estado a Cataluña”.

Sobre ese eje y lo que en el PP ven como “un blindaje por ley del trato asimétrico de los territorios y la desigualdad entre comunidades” articularán los conservadores una nueva cruzada contra el Gobierno de Sánchez. “Vamos a ir con todo. Ya ni disimulan”, insisten en el núcleo duro de Feijóo, poniendo el foco en que el PSOE haya asumido incluso algunos postulados “xenófobos” de Junts, en clara competencia con Aliança Catalana en Cataluña.

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En la exposición de motivos de la proposición de ley se establece que el “fenómeno migratorio es muy desigual y presenta realidades diferentes en cada comunidad autónoma”, defendiendo que “en uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y las necesidades a atender se han multiplicado es el de Cataluña”. El texto también recalca que el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Cataluña. 

Entre otras cuestiones, si el acuerdo se aprueba en el Congreso está por ver que haya suficientes apoyos- la Generalitat gestionará expulsiones de inmigrantes, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los Mossos actuarán también en las fronteras. 

La ministra de Inclusión, Elma Sáiz, se esforzó ayer por insistir en que el Gobierno “no cede el control de fronteras” a pesar de admitir que el ejecutivo autonómico “podrá expulsar a las personas que tengan prohibida la entrada a nuestro país, y que no necesitan expediente”. Siempre que se requiera expediente la Generalitat podrá “proponer” y el Gobierno dará luz verde definitiva. Sin embargo, desde Junts hablaron de que “todas las expulsiones de ciudadanos extranjeros en Cataluña serán a petición de la Generalitat” y Puigdemont, directamente, considera que se ha producido esa cesión “integral” que reclamaban.

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Los populares centrarán su batalla política en este punto, dando por hecho que esa cesión competencial que tiene que ver con las fronteras -aunque permanezcan la Policía y Guardia Civil- es tratar a Cataluña como si fuera un Estado más. Alberto Núñez Feijóo auguró, de hecho, que los independentistas -y el PSOE con su acuerdo- avanzan hacia el “desmantelamiento” del Estado en esa comunidad autónoma, y consideró “una doble humillación” que la negociación de un asunto tan nuclear se lleve a cabo en Bruselas y con un dirigente -Puigdemont- que sigue teniendo cuentas pendientes con la Justicia.

Los conservadores llamaron a Sánchez “pelele del separatismo” y “florero” para evidenciar lo que en Génova ven “la enésima cesión” y una “extrema debilidad” por permanecer en la Moncloa.

Y también hay mucho malestar en algunas comunidades autónomas especialmente las que están más afectadas por el fenómeno migratorio y que ven, según explican fuentes territoriales, “un abuso” la proposición de ley pactada con Junts y que dibuja “el panorama de Cataluña como si fuera único y el principal problema”.

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En el último año las CCAA gobernadas por el PP han tenido muchos desencuentros con el Gobierno central por la reforma de la ley de extranjería. El Ejecutivo urgía a reformarla para poder distribuir a los menores migrantes no acompañados que siguen esperando en Canarias, mientras el archipiélago sufre una situación de colapso. Pero los populares exigían una reforma en profundidad, más allá del artículo 35, para abordar el fenómeno migratorio de forma global.

Sobre todo, las comunidades que ya han sobrepasado su capacidad de acogida y que insistían en que hacía falta poner recursos estatales encima de la mesa. Junto a Canarias, Andalucía, la Región de Murcia, Baleares y, por supuesto, Ceuta, son las más afectadas.

Por eso algunos dirigentes aseguraron ayer sentir “indignación” cuando vieron cómo aborda el Gobierno “las circunstancias particulares” en Cataluña cuando la situación requiere atención, recursos “y una política migratoria de verdad” en todo el país, recalcan dirigentes conservadores.

Está por ver la tramitación en el Congreso después de que Podemos haya cerrado la puerta a aprobar el texto. El Gobierno necesita todos los votos habituales de sus socios porque la oposición de la derecha no lo apoyará en ningún caso.