Los sindicatos policiales piden la dimisión de Marlaska por la cesión de la inmigración a Catalunya y anuncian acciones judiciales

De “escandalosa e ilegal” tilda el Sindicato Unificado de Policía (SUP) la transferencia a Catalunya de las competencias en inmigración tras el acuerdo entre el PSOE y Junts, y ambos adjetivos representan a los pronunciamientos que este martes se han producido en el sector de la seguridad del Estado en medio de un generalizado estupor. El contenido del acuerdo, avanzado estos días por EL PERIÓDICO, ha incendiado de nuevo el ambiente entre sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles dentro y fuera de Catalunya, y en todos los casos con la misma posición: ni una sola entidad está de acuerdo.

Incluso piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; lo hace, por ejemplo, Jupol, sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, para el que lo que ha trascendido de la cesión de inmigración es “bochornoso”. Que los Mossos d’Esquadra asuman labores de seguridad en zonas críticas de puertos y aeropuertos, que pudieran estar presentes en labores policiales de fronteras, y que la Generalitat vaya a gestionar centros de internamiento de extranjeros y emitir propuestas de expulsión de migrantes es para esta fuerza sindical una “vulneración flagrante de la Constitución”, fruto del “mercadeo político”.

La indignación no solo se extiende en las entidades sindicales de la Policía Nacional. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), decana en el instituto armado, ha emitido un comunicado pidiendo la dimisión no solo del ministro del Interior, también de la titular de Defensa, Margarita Robles, por “un pacto que supone un nuevo mercadeo político a costa de la seguridad pública y de la integridad de España”, además de “una gravísima irresponsabilidad” que “pone en peligro la integridad territorial”.

La reacción de los Mossos

Sin embargo, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) y el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) han celebrado que la policía catalana pueda ampliar sus competencias para garantizar mejor el servicio a la ciudadania, aunque consideran que se debe hacer una "previsión y una planificación estricta y adecuada" de las nuevas funciones.

Además, señalan que el número de efectivos que están a las puertas de la jubilación o son próximos a la segunda actividad es alta, ya que unos 7.500 agentes tienen entre 46 y 53 años por lo que los nuevos agentes que planifica incorporar interior, unos 25.000 hasta 2030, también deben servir para paliar estas bajas.

Los sindicatos rechazan que asumir nuevas competencias en control de fronteras sea "una sobrecargan de trabajo" para las actuales competencias de los agentes y señalan que "la ciudadanía no puede sufrir las consecuencias de una mala previsión o una mala planificación". En este sentido, destacan que un tercio de la plantilla actual sufre depresión, estrés o ansiedad en varias intensidades.

Los representantes de los trabajadores también han pedido un aumento de los salarios acorde con tener más competencias y celebran que puedan colaborar con Policía Nacional o Guardia Civil para garantizar la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas.

Habrá pleitos

Dice la AUGC que estudiará “todas las acciones” que tenga a su alcance para detener algo “que solo beneficia a quienes llevan años tratando de debilitar la presencia del Estado en Cataluña”. Esto, y el argumento de Jupol considerando el acuerdo entre el PSOE y Junts un “ataque frontal al Estado de Derecho”, señala un horizonte de recursos judiciales.

Lo anunció también el SUP, cuyo Comité Federal Territorial de Catalunya difundió el pasado 10 de febrero un informe jurídico que venía a asegurar que la transferencia no tiene precedentes en el mundo: “En el derecho comparado, no existe ningún Estado miembro de la Unión Europea ni fuera de ella que haya transferido de manera integral la competencia de inmigración a una entidad subnacional”.

En el mismo informe jurídico se considera que “ceder la gestión migratoria a una comunidad autónoma equivaldría, en términos prácticos, a una renuncia parcial de la soberanía española sobre el territorio de Cataluña”.

Ese mismo estudio jurídico entiende que el acuerdo PSOE-Junts vulnera la Constitución. Pero es a la Constitución, concretamente a la facultad de delegación de competencias contemplada en el artículo 150.2, a la que se agarran fuentes gubernamentales aventurando la viabilidad legal del pacto.

“Ya veremos”

Fuera de los sindicatos hay expertos policiales que observan la situación con más flema, sin por ello estar tampoco de acuerdo. “Yo primero tengo que ver la ley, ver cómo llevan esto a un texto de ley, y ver en qué queda todo esto”, matiza un policía nacional del área de Información con importantes servicios en la Catalunya del procés.

Para esta fuente, en estrecho contacto con labores de seguridad estratégica del Estado, hay tres claves que le darán o no sustancia a la transferencia acordada por socialistas y posconvergentes y que de momento considera no aclaradas: una, quién controla la seguridad en pista del aeropuerto; dos, quién controla qué buques amarran y quiénes son sus propietarios; y tres, quién controla los filtros de pasaporte.

En los tres casos se refiere a puertas de entrada efectiva en territorio español, pero también en territorio europeo en virtud del acuerdo de Schengen. “La clave es Schengen”, señala.

“Si Junts quiere controlar los CETIS (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes), que se los queden: dan muchos problemas”, ironiza esta voz de la Policía Nacional, recordando cómo Laura Borrás y otros dirigentes de Junts se manifestaron en febrero de 2021 ante el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) en la zona franca de Barcelona, con una pancarta en la que se leía “Tanqueu el CIE”.

El partido de Carles Puigdemont calificaba entonces al CETI de “centro que vulnera los derechos humanos y denigra la dignidad de las personas”.

Opacidad

Los sindicatos policiales coinciden en denunciar la "opacidad" del gobierno central y la Generalitat en torno a este asunto, que en opinión de la Confederación Española de Policía (CEP), es “un golpe mortal” al despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Catalunya.

La Unión Federal de Policía (UFP), por su parte, califica de “atropello legal, funcional y operativo sin precedentes” lo que hasta ahora ha conocido del acuerdo.

Este sindicato, como los demás, también ha pedido la dimisión de Marlaska. Se diría que este martes no hay en el país una hostilidad contra el Gobierno mayor que la de los sindicatos policiales estatales. A lo largo de la jornada no ha sido posible obtener la impresión del titular de Interior: el ministro ha suspendido su agenda, afectado por una infección bacteriana. Su estado no es grave, según ha informado su equipo.