El Gobierno pausa el reparto de menores a la espera del 'sí' de Junts que exige antes las competencias en inmigración

El Gobierno no quiere dar pasos en falso que ralenticen todavía más la activación de los mecanismos legales para la distribución territorial de los menores migrantes llegados a las costas canarias. El Congreso ya tumbó el primer intento de desbloquear la situación de congestión con una reforma de la ley de extranjería, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Ante la persistente negativa del PP, se ha puesto sobre la mesa un reparto extraordinario y puntual con el objetivo de atraer a los posconvergentes y sortear el veto de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, los negociadores del Gobierno aseguran que, por el momento, siguen sin el apoyo de los de Carles Puigdemont.

Sin garantizar antes sus siete votos y la constatación previa de “contar con una mayoría”, argumentan, no se va a registrar ninguna iniciativa. Algo que depende, según reconocen estas mismas fuentes, de otra negociación paralela: la de la transferencia de las competencias en inmigración a la Generalitat. Las conversaciones sobre esta carpeta, según fuentes de Ferraz y de Moncloa, “avanzan razonablemente”, aunque reconocen que siguen encalladas en el mismo punto. El relativo al control de fronteras. Junts lo exige, mientras que el Ejecutivo lo considera una línea roja porque sobrepasaría el marco constitucional.

El PSOE asume que el reparto de menores migrantes nace cojo sin el apoyo del PP al gobernar en las CCAA

El reparto a las comunidades autónomas de los menores migrantes que acoge Canarias se ha puesto así otra vez en pausa. A la espera de Junts. Las negociaciones se han convertido en un “puzle”, como las definen en Moncloa, y para que comiencen a encajar las piezas se hace imprescindible cerrar antes la carpeta sobre el traspaso de las competencias en inmigración.

Un reto para el que PSOE y Junts se han dado “unas semanas”, sin concretar plazos, tras la petición del mediador internacional retirar la iniciativa sobre la cuestión de confianza para dar una oportunidad diálogo y evitar dinamitar los puentes. De ahí que en el ministerio de Política Territorial, que negocia tanto con Junts como con el Gobierno de Canarias, esperará a mover ficha.

Todo ello pese a las presiones, puesto que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que un decreto para activar la distribución contaría con los votos necesarios. Quienes están en la mesa de negociación no lo ven así. Mientras tanto, Clavijo se reunirá el próximo 10 de marzo con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la agenda canaria y cerrar la financiación para las comunidades de acogida.

Junts se mantiene en su máxima de negociar carpeta a carpeta, por lo que todavía no se ha sentado con el Gobierno para abordar los Presupuestos. Sin embargo, en el Ejecutivo lo encuadran más como un paquete, al condicionarse el reparto de menores migrantes a las competencias en inmigración. Por otra parte, Junts llegó a manifestar su rechazo a entrar en el cupo. Los criterios elaborados por el ministerio de Juventud e Infancia benefician a Euskadi y Cataluña, al tenerse en cuenta en el número de plazas de acogida el esfuerzo realizado previamente de forma voluntaria.

Ambas comunidades están a la cabeza, junto a Navarra, por lo que serían las que menos plazas crearían de cara a la acogida de los 4.500 menores que han desbordado la capacidad de Canarias. Cataluña tiene en acogida a 1.065 menores migrantes, lo que supone el 24% del total, Euskadi 498 y Navarra 85. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que no se quedarán fuera del reparto, como critican los populares.

Conflicto de competencias

El Gobierno está todavía pendiente de recibir el informe de los servicios jurídicos sobre cuál es la vía más idónea para activarse este procedimiento. Si a través de un decreto, como exige Canarias, o una proposición de ley, como prefiere el Gobierno al considerar que ofrecería más garantías jurídicas. La competencia sobre los menores es de las comunidades autónomas, por lo que podría surgir un conflicto competencial si el reparto se realiza de forma obligatoria. De hecho, aunque a nivel parlamentario obtenga luz verde, su correcto desarrollo dependerá de los populares, pues gobiernan en una mayoría de comunidades autónomas.

Más allá de la imprescindible colaboración administrativa, el riesgo de un decreto se extiende a que las comunidades presenten recursos de inconstitucionalidad que puedan paralizar el reparto. Las conclusiones de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado todavía no se han hecho públicas, a pesar de que se anunciaron para mediados de febrero.

Ante esta amenaza, los socialistas no renuncian a sus llamamientos al PP para que se sienten a negociar. Unas peticiones que combinan con sus críticas a que asuman el discurso de Vox en materia de inmigración. Los populares, además, cogobiernan en Canarias y lo hacen en solitario en Ceuta, desde donde se prevén repartir otros 400 menores.