Una acusación advierte al Supremo que se acerca el fin del plazo para investigar las filtraciones contra el novio de Ayuso y pide una prórroga

Una de las acusaciones populares en la causa abierta contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo advirtiendo de que se acerca la fecha en la que este asunto --por la filtración de un correo en el que la defensa del empresario proponía un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio-- cumple un año desde que comenzó a investigarse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En dicho momento la causa no se dirigía contra un aforado como es Álvaro García Ortiz y no era competente aún el alto tribunal.

Manos Limpias, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, advierte a la Sala de lo Penal, que fue la que admitió la exposición razonada contra el fiscal general, que las primeras diligencias por este asunto se incoaron el 27 de marzo del pasado año. Añade que la instrucción realizada por el magistrado Ángel Hurtado tiene pruebas señaladas para su práctica hasta el próximo 12 de marzo, cuando han sido citados dos ex asesores de Moncloa, además de comisiones rogatorias para la obtención de información de operadores de telefonía aún pendientes de cumplimentarse.

García Ortiz explica en el Senado por qué no dimite: "Estaría haciendo una concesión a los delincuentes"

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que, si con anterioridad a la finalización del año de plazo que se da a las instrucciones penales se constata que no será posible finalizar la investigación, "el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses". No obstante, esta acusación considera que con una prórroga de tres plazos podría ser suficiente, ya que además ésta podría ampliarse si es necesario más tiempo de investigación.

Entre las diligencias pendientes, una vez la UCO ha constatado que García Ortiz borró los mensajes de whatsApp de los días de la supuesta filtración --alegando motivo de seguridad-- está la de comprobar si los dispositivos electrónicos entregados por García Ortiz fueron formateados. También se ha requerido al departamento de informática de la Fiscalía General para que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, y que informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados; y, en caso afirmativo, identidad de la persona encargada de ello.