CASO KOLDO
El juez del Supremo retrasa al 20 de febrero la citación de Ábalos por un compromiso previo de su abogado
El magistrado Leopoldo puente acuerda entregar a las partes sólo las transcripciones de las declaraciones de la causa Koldo en el alto tribunal para evitar la filtración de las grabaciones

El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras denunciar a la Guardia Civil ante la Fiscalía, en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2024, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

La comparecencia del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo como investigado en el caso Koldo, ya en calidad formal de imputado tras el permiso dado por el Congreso, se retrasa al 20 de febrero. Así lo ha acordado el instructor de la causa, Leopoldo Puente, tras advertir la defensa del diputado que la fecha inicial, fijada dos días antes, le coincidía con un señalamiento anterior en un Juzgado de Lo Penal. Concurre, por lo tanto, "causa legal" para el aplazamiento, según concreta el magistrado.
El pasado martes, Puente citó a Ábalos y acordó una importante batería de diligencias para dar impulso a su instrucción. Entre otras actuaciones, requirió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "a la mayor brevedad posible", un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro José Luis Ábalos y de su hijo Víctor.
Koldo deberá acudir
Para el 18 de febrero se mantiene, no obstante, la citación de Koldo García, al que Puente ha llamado para someterle a una prueba caligráfica que permita esclarecer la autoría de los documentos aportados por De Aldama que reflejarían un listado de obras públicas "preadjudicadas", a cambio de las cuales Ábalos habría recibido como "garantía" un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.
De acuerdo con De Aldama, dicho piso se le habría ofrecido por 750.000 euros a pesar de que su valor de mercado rozaría los 2 millones de euros, un desfase que Puente puso de relieve durante la ronda de declaraciones del pasado diciembre y que ahora se dispone a investigar al pedir que se designe a un agente inmobiliario en calidad de perito para que determine cuánto valía la vivienda el 24 de abril de 2019.
El instructor también ha citado como testigos a 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los ex altos cargos de Transportes Jesús Gómez, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; al jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno; al hermano de Koldo, Joseba García; al hijo de Ábalos; a la ex pareja sentimental del ahora diputado; y a la empresaria Carmen Pano, quien afirmó en un periódico haber llevado efectivo a la sede socialista en Ferraz por orden del comisionista.
No se le verá declarar
En otra resolución conocida este jueves, el juez acuerda entregar a las partes solo las transcripciones de las declaraciones de la causa Koldo en el alto tribunal para evitar la filtración de las grabaciones. Las grabaciones audiovisuales de las declaraciones se integrarán en una pieza de “información sensible” que será accesible únicamente para el órgano jurisdiccional y para la fiscalía, aunque los letrados de la acusación defensa podrán consultar las grabaciones audiovisuales en la secretaría de la Sala Segunda si precisan consultar algún extremo concreto para el que no les bastara con la trascripción.
Leopoldo Puente adopta esta decisión tras ponderar los derechos de las partes concernidas e incluso el derecho a la intimidad de alguno de los testigos que pudieran ser llamados a la causa. El magistrado explica que se han filtrado los vídeos de las tres declaraciones efectuadas hasta el momento, las de José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García. Tras su difusión pública, la defensa de Ábalos solicitó el pasado 16 de enero la adopción de medidas para impedir que en el futuro se filtraran las grabaciones audiovisuales de otras declaraciones.
En su auto, Puente distingue entre la publicidad de la fase de juicio oral y el carácter reservado propio de las actuaciones instructoras. Para el instructor, se trata de ponderar el valor de cada uno de los bienes jurídicos en conflicto con el propósito de procurar “ una decisión de equilibrio ( y en esa medida siempre delicada)” que respete la intervención de las partes pero que evite la filtración de las grabaciones audiovisuales que se practiquen durante la instrucción de los hechos.
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