Fútbol

La Audiencia Nacional propone juzgar a Villar por favorecer a su hijo para cobrar por partidos amistosos de la Selección española

El juez apunta a presuntos delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida

Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol

Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol / XOAN ALVAREZ

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Ángel María Villar está a un solo paso de sentarse en el banquillo por el denominado caso Soule. La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), junto a otras siete personas físicas y otra jurídica, por un presunto perjuicio de 4,5 millones de euros a la Federación entre los años 2007 y 2017, beneficiando a su hijo Gorka, quien también ha sido propuesto para ser juzgado por la Audiencia Nacional.

El juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, propone juzgar a Villar por los delitos continuados de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, así como a su histórico vicepresidente, Juan Padrón. El magistrado estima que ambos habrían aprovechado de sus cargos en la Federación para beneficiar a personas físicas y jurídicas de su entorno.

Su actuación se habría llevado cabo, sostiene el juez, mediante la obtención de contratos a su favor con condiciones económicas perjudiciales para la RFEF y también mediante el pago con cargo a la entidad de retribuciones que, o bien no se correspondían con ninguna prestación de servicios, o no se prestaron en las condiciones en las que se había acordado. Todo ello, precisa, habría supuesto un perjuicio a la Federación de 4.514.441,72 euros.

Los amistosos de la selección

En concreto, y al menos desde 2009, Villar, en connivencia con su hijo Gorka, habría impuesto algunas de las selecciones rivales de la selección española para jugar partidos amistosos. Lo habrían hecho con perjuicio de la RFEF y con el fin de beneficiar a su propio hijo a través de la empresa Sport Advisers SL, mediante la obtención de contratos de las federaciones que resultaban beneficiadas en esos encuentros.

Con esta actuación, según el juez De Jorge, la RFEF habría sufrido un perjuicio de, al menos, 3.830.000 euros por dos amistosos de España contra Corea del Sur y otros dos contra Chile. Gorka Villar habría obtenido unos ingresos, como mínimo, de 366.583,08 euros, informa Europa Press.

El escrito detalla otra serie de supuestas irregularidades cometidas por los investigados, como el pago a personas de la confianza de Villar por servicios no prestados o la simulación de la jubilación de la secretaria de este con el fin de evitar que perdiera unos derechos económicos establecidos en una normativa interna de la entidad

De Jorge ha dictado otros tres autos de pase a procedimiento abreviado en los que finaliza la instrucción de las piezas separadas relativas a las Federaciones Tinerfeña, Cántabra e Interinsular de Las Palmas y propone juzgar a un total de once personas físicas y una jurídica. Entre ellas se encuentra José Ángel Peláez, actual presidente de la Federación Cántabra y miembro de la nueva junta directiva de la RFEF que preside Rafael Louzán.

Villar, Rubiales, Rocha y Louzán

Continúa así el desfile por los tribunales de los últimos presidentes de la RFEF. El sucesor de Villar, Luis Rubiales, será juzgado a partir del próximo mes por su beso no consentido a Jenni Hermoso, y está imputado en el caso Supercopa, que continúa en fase de instrucción. En esa causa también figura como investigado Pedro Rocha, quien tomó el relevo de Rubiales y cesó en septiembre tras ser inhabilitado por el TAD.

El actual presidente, Louzán, está pendiente de que el Supremo revise el 5 de febrero una condena para inhabilitación para cargo público. En este caso, la causa no está vinculada con sus actividades federativas, aunque sí relacionada con el fútbol. La Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso esa pena de siete años porque la Diputación de Pontevedra que presidía adjudicó dos veces el mismo contrato para reformar un campo de fútbol.

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