Conflicto institucional

El Congreso rechaza retirar la ley que beneficia a presos de ETA como le reclama el Senado

El PP, con mayoría en la Cámara Alta, deberá decidir ahora si eleva el choque al Tribunal Constitucional

Reunión de la Mesa del Congreso

Reunión de la Mesa del Congreso / JUAN CARLOS HIDALGO

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

El Congreso de los Diputados no retirará la ley que beneficia a presos de ETA como exige el PP que, hace una semana, uso su mayoría absoluta en el Senado para activar un conflicto institucional entre ambas Cámaras bajo la amenaza de elevar el choque al Tribunal Constitucional (TC). Con un informe de los letrados bajo el brazo, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha decidido rechazar la petición bajo una serie de argumentos sobre las "vulneraciones" cometidas por el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), y otras cuestiones técnicas. La definitoria es que la ley "fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 19 de octubre y se encuentra ya en vigor", por lo que resulta imposible retirarla.

Por segunda vez en la legislatura, la Mesa del Congreso ha tenido que responder una petición del Senado en forma de conflicto institucional, una herramienta que hasta ahora no se había usado en 45 años de democracia. La Cámara Alta sostiene que la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales, conocida como ECRIS y que se ha ganado el sobrenombre de 'ley que beneficia a presos de ETA', fue vetada por el pleno, pese a que no se cumplieron los requisitos exigidos por la Constitución y el reglamento de la Cámara.

Sin que hubiera enmiendas ni propuestas de veto registradas, como establece la ley, Rollán dio por vetada la norma a mediados de octubre al haber una mayoría en contra de la norma. Sin embargo, la Mesa del Congreso rechazó la interpretación inédita del reglamento y señaló que la votación se produjo, además, fuera de plazo. Por ello, mandaron la ley al BOE. Aun así, el PP recuperó la polémica la pasada semana y activó el conflicto institucional con la intención de elevar la cuestión al TC.

Las razones

El informe de los letrados en el que se ha sustanciado la decisión de la Mesa de este martes señala que la votación "habría tenido lugar fuera del plazo constitucional de veinte días naturales con que contaba el Senado para culminar su tramitación" y que Rollán no dice que se haya vetado la norma, sino que con el rechazo por mayoría absoluta "ha de entenderse que el pleno del Senado ha vetado el texto", sin atreverse a decir que ha habido un veto.

Además, sostiene que hubo una "completa omisión del procedimiento establecido" en el reglamento de la Cámara Alta al no haberse registrado propuestas de veto ni haber informado a los senadores de las implicaciones de esa votación: "Eran vulneraciones tan manifiestas que implicaban una patente vulneración del derecho fundamental de los propios senadores".

Por todo ello, los letrados consideran que la Mesa del Congreso solo podía tomar una decisión, "la remisión del texto al Gobierno para la sanción y posterior publicación en el BOE". En este punto, el texto abunda en que la decisión de la Mesa estaba dentro de sus competencias, ya que al recibir un "presunto veto" la única opción era "entrar a valorar los elementos formales y materiales" de la comunicación de Rollán. Así, defienden que no se ha producido un conflicto institucional, como denuncia el PP.

Futuros pasos

Con la respuesta de la Mesa del Congreso, el Senado tendrá un mes para elevar la cuestión al Tribunal Constitucional. Este momento será clave, ya que en este punto fue cuando el PP dio marcha atrás en el conflicto abierto por la ley de amnistía. En mayo, pese a que la Mesa del Congreso se negara a retirar la medida de gracia como reclamaba el Senado, los populares decidieron dar marcha atrás y no acudieron al TC.

En ese momento alegaron que la Mesa del Congreso no tenía competencias para responder y que debería haber sido el pleno de la Cámara Baja, por lo que entendieron que este "incumplimiento del presupuesto procesal" entorpecía "su derecho a plantear el conflicto". Ahora, en unos días, se volverán a encontrar con el mismo escenario y habrá que ver si toman la misma decisión o si en este caso deciden recurrir al Constitucional.

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