Entidades en defensa de los derechos humanos denuncian que se use el delito de terrorismo para "criminalizar" a Tsunami Democràtic

"Delirantes". Así ven varias entidades de derechos humanos las acusaciones de terrorismo contra los imputados en el caso del Tsunami Democràtic. En una rueda de prensa en la Cámara catalana para presentar el informe 'No me digas terrorista si no lo soy' -en el marco de la edición de la cimera The Nonviolence Factory de la región EuroMediterrània-, el director de la ONG NovACT, Luca Gervasoni, y la portavoz de Irídia, Anaïs Franquesa, han puesto el caso del Tsunami como ejemplo de "mal uso" del delito de terrorismo para "criminalizar" la oposición política. Una práctica que, aseguran, se produce en distintos países de la región Mediterranea, y que creen que está cogiendo una "tendencia creciente" en España.

En este sentido, han puesto como ejemplo otros casos anteriores como las detenciones de los 9 CDR en la Operación Judas en 2019, la acusación contra Tamara Carrasco o las condenas contra raperos como Pablo Hasél o Valtònyc, así como otros casos que nada tienen que ver con el independentismo y que afectan al movimiento ecologista.

Ahora además, con la nueva interlocutoria de la Audiencia Nacional contra los que considera impulsores del Tsunami, no solo ven un intento de acabar con la movilización y las protestas, sino también una voluntad de "interferir" en las negociaciones políticas para la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. Más aún si se tiene en cuenta, como ha apuntado Franquesa, que las imputaciones llegan "cuatro años más tarde", lo que considera que es una clara "injerencia del poder judicial frente al legislativo".

Con todo, la portavoz de Irídia ha querido dejar claro que los hechos imputados a líderes independentistas como Carles Puigdemont, Marta Rovira o Rubén Wagensberg "no encajan con el terrorismo" y que las argumentaciones son "delirantes", aunque no ha descartado nuevas detenciones o medidas cautelares como nuevos encarcelamientos. En este sentido, ha asegurado que sería del todo "desproporcionado", pero que no sería impensable teniendo en cuenta los antecedentes en causas similares.

Antes de la rueda de prensa, las dos entidades, junto con otras organizaciones de derechos humanos, se han reunido con los grupos parlamentarios de ERC, Junts, la CUP y los Comuns, a pesar de que los posconvergentes no han participado posteriormente de la convocatoria ante la prensa.