Los funcionarios denuncian a Pilar Llop ante el Supremo y estudian hacerlo también en los juzgados por no negociar

Los funcionarios de Justicia siguen tratando de forzar un acuerdo que justifique los dos meses que llevan movilizándose, primero con paros y luego con una huelga de carácter indefinido. Este viernes han presentado una denuncia contra la ministra de Justicia Pilar Llop, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y están estudiando hacerlo también en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para intentar que el ministerio vuelva a sentarse en la mesa de negociación después de que el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, se levantara y les emplazara a continuar las conversaciones ya después de las elecciones generales.

Tras la ruptura de las negociaciones, Vicente Navarro, de STAJ; Luis Calero, de CCOO; Antonio Lozano, de UGT, y Manuel Moreno, de CSIF, decidieron permanecer encerrados en la sede del Ministerio de Justicia en la que se había celebrado la reunión. Han estado ahí desde la noche del martes y hasta este viernes no han abandonado el edificio. Esta mañana uno de ellos necesitó asistencia médica y tuvo que ir al ministerio una ambulancia a atenderle y recogerle.

Justicia había prohibido que les fuera introducida comida y había limitado sus movimientos dentro del edificio, motivo por el que barajan presentar un denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra la ministra por coacciones y trato degradante al comité de huelga. Los funcionarios consideran que han sido "hostigados" por el Gobierno, que "ha mostrado su cara más antisindical, degradante y antidemocrática" por el trato que les ha dispensado.

En un comunicado el comité de huelga anuncia que pese al cese del encierro, lejos de paralizar las movilizaciones, los funcionarios de Justicia continuarán con la huelga indefinida sin perjuicio de que celebrarán asambleas la próxima semana en los principales centros de trabajo para consultar a las bases los siguientes pasos a dar en el conflicto.

Falta de negociación

La denuncia que han interpuesto ante la Fiscalía del Tribunal Supremo se basa en el bloqueo de la negociación. Es la segunda vez que anuncian una iniciativa de este tipo. La vez anterior consiguieron arrancar una reunión con los representantes ministeriales, aunque no salió como estaba previsto, porque del encuentro por parte de Justicia solo salió una petición de "sosiego" durante la compaña electoral y el compromiso de seguir hablando tras el 23-J, al haber decaído la ley de eficiencia procesal, a la que, según Justicia, se vinculaba el acuerdo.

En una nota los sindicatos explican que desde el 24 de Abril hasta el pasado día 6 el Ministerio de Justicia no había sido convocado el comité de huelga a reunión alguna, lo que supone incumplir con su obligación de negociar para llegar a un acuerdo a diferencia de lo que había ocurrido con los letrados de la Administración de Justicia y los jueces y fiscales con los que sí negoció y acordó una subida de más de 400 euros de media.

El martes día 6, "el secretario de Estado de Justicia, que encabezaba la delegación del Ministerio de Justicia, interrumpió unilateralmente la reunión y las negociaciones habiéndonos comunicado ayer el Ministerio de Justicia que no va a haber más reuniones con el comité de huelga, a pesar de que dicha huelga indefinida sigue convocada", señalan los funcionarios en un comunicado.

La denuncia se basa en que el artículo 8 del real decreto ley sobre relaciones de trabajo prevé que “desde el momento del preaviso y durante la huelga, el Comité de huelga y el empresario (…) deberán negociar para llegar a un acuerdo“. "El incumplimiento de su obligación de negociar por el Ministerio de Justicia y sus máximos responsables es un acto contrario a derecho y realizado a sabiendas de su ilegalidad" y resulta imposible desconvocar la huelga sin llegar a algún tipo de acuerdo. Luis Calero, de CCOO, anunció, al poner fin al encierro, que "el conflicto continúa".